La ONU saca los colores a España en materia de vivienda: falta de alquiler a bajo coste, fondos buitre y pobreza energética

“España es un país con una amplia historia, líder mundial en algunas esferas y referente cultural. Pero la realidad actual del país no agradaría a la mayoría de las españolas y españoles si la miraran de cerca”. El relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, el australiano Philip Alston, ha puesto este lunes sobre la mesa el informe [consultar aquí en PDF] de la visita realizada a finales de enero a nuestro país. Y la radiografía que describe a lo largo de una veintena de páginas no es nada favorable. Habla de “alarmantes niveles de abandono escolar temprano”, de “importantes lagunas” en materia sanitaria “que afectan a las personas más necesitadas de atención” o de “trámites burocráticos” eternos en la esfera de la protección social. Pero a lo que más espacio dedica, de lejos, es a la “crisis de vivienda de enormes proporciones”. “Es evidente que, a efectos prácticos, el derecho a la vivienda en España en mayormente irrelevante”, recoge el documento.

Para el relator australiano, en España se ha hecho “muy poco” por garantizar el acceso de toda la población a un hogar. A Naciones Unidas le preocupa que las casas de alquiler de bajo coste en nuestro país sean “prácticamente inexistentes” –en 2018 sólo el 2,7% de población estaba alquilando por debajo del precio de mercado–. En este sentido, critica que no se dé impulso a la construcción de viviendas sociales, que se han desplomado desde el inicio de la Gran Recesión. Según datos de Housing Europe, apenas constituyen en la actualidad el 2,5% del parque nacional de viviendas habitadas, en comparación con el 30% de Países Bajos o el 24% de Austria. El Plan Estatal 2018-2021 incluye una partida para levantar 20.000 casas de protección. Sin embargo, para el relator esa cifra “no llega ni de lejos a atender la demanda”. Por eso, considera fundamental que se incremente la inversión.

El informe también plantea la posibilidad de limitar los precios de los alquileres, aunque señala de que esta posibilidad fue descartada “sin miramientos” desde el Gobierno central en las reuniones mantenidas. Y muestra la preocupación del relator por el “número escalofriante” de desahucios –casi 60.000 en 2018–, por la entrada de los fondos buitre en el mercado de la vivienda y por la pobreza energética, que en 2018 afectaba a casi el 10% de la población. “España debería ampliar el acceso a los bonos sociales de descuento de la factura eléctrica para que puedan beneficiarse quienes los necesitan, y procurar que no se corte la electricidad a los hogares vulnerables”, apunta Alston. Además, alerta de los problemas vinculados al sinhogarismo: “Las personas afectadas destacaron cuán difícil les resultaba acceder a los servicios sociales sin un domicilio fijo”.

Asistencia que “no combate eficazmente la pobreza”

El informe alerta de que la asistencia social en suelo español “no combate eficazmente la pobreza”. “Cuando las ayudas llegan a quienes las necesitan, su cuantía puede ser extremadamente baja”, apunta. En este sentido, pone el sistema de la Comunidad de Madrid como ejemplo de “la insuficiencia” de las redes de seguridad. Una región donde aunque la pobreza se ha duplicado en apenas una década –pasando del 3% en 2008 al 7,8% en 2017–, el programa de renta mínima de inserción apenas proporciona “unos míseros 400 euros al mes”. Y eso cuando las personas que lo necesitan son capaces de acceder a la ayuda superando el muro de la “excesiva burocratización”, una de las principales “causas de exclusión” a ojos del relator. “Los trámites burocráticos, que incluyen procesos de verificación aparentemente interminables, han causado estragos en muchas esferas de la protección social. Muchos de los requisitos y premisas subyacentes parecen más propios del siglo XIX que del XXI”, reitera.

El representante de la ONU también se muestra preocupado a nivel educativo y sanitario. España fue en 2018 el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar temprano –el 17,9%– y el segundo con el índice más elevado de repeticiones de curso. Algo que afecta, sobre todo, al alumnado más desfavorecido económicamente, que se ve golpeado en un porcentaje seis veces mayor que el resto de grupos. Por eso, pide una “exhaustiva revisión del sistema educativo”. En cuanto al ámbito sanitario, localiza “importantes lagunas que afectan a las personas más necesitadas de atención”: exclusión de las personas migrantes durante sus primeros noventa días en España, asistencia médica o dental que no acaba de llegar a la población que menos recursos tiene... Y considera “preocupante” la privatización de algunos elementos de la sanidad pública. “Existe el riesgo de que la búsqueda de beneficios pase por delante de la prestación de servicios”, asevera el relator.

Para tapar estos agujeros negros de pobreza, el relator de la ONU es consciente de que hay que poner dinero sobre la mesa. Por eso, considera completamente necesario repensar el actual sistema tributario, que cree que “no es suficientemente progresivo y apenas permite aprovechar la capacidad de los impuestos para combatir la desigualdad”. Los ingresos, dice, “no son suficientes para hacer efectivos los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado”. Es más, la parte correspondiente a la recaudación como porcentaje del PIB es inferior en comparación con el promedio de la Unión Europea o la Eurozona o de otros países como Italia o Francia. En este sentido, carga contra las “generosas desgravaciones y subvenciones” de las que se aprovechan las grandes compañías para tributar a un tipo nominal más bajo en el Impuesto de Sociedades. “El Gobierno se niega a revelar cuánto paga cada empresa en impuestos, citando el derecho a la confidencialidad”, critica.

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Los poderes públicos han “fallado mayoritariamente”

Alston estuvo dos semanas recorriendo todo el territorio español y visitando lugares que muchos ciudadanos ni siquiera reconocerían como parte del país en el que viven. Desde poblados de chabolas “en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados”, sin agua corriente, electricidad o saneamiento, hasta barrios incomunicados de pobreza concentrada en los que las familias tratan de salir adelante sin apenas acceso a centros de salud, agencias de empleo, carreteras pavimentadas o electricidad legal. Lugares en los que la palabra abandono estaba presente en cada una de las conversaciones mantenidas con el visitante australiano. “El hilo conductor de los testimonios fue la falta de ayudas públicas para impedir que la población sufra innecesariamente los peores efectos de la pobreza, situación a la que muchas personas se enfrentan a causa de fenómenos que, en gran medida, escapan de su control”, recoge el documento.

El relator de Naciones Unidas, quien considera que la gente se siente abandonada “con razón”, se muestra muy duro con los poderes públicos, a los que acusa de haber “fallado mayoritariamente” a las personas que viven en una situación de pobreza. “Resulta más que evidente que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, aunque se nombren frecuentemente en los discursos”, dice el experto. A lo largo del informe, califica la inacción de las administraciones como una “tónica general”. Y pone en evidencia posiciones mantenidas por determinados representantes públicos durante la visita. Si bien es cierto que “un gran número” de ellos reconocieron la existencia de “profundos problemas estructurales”, no faltaron otros que “quitaron importancia” a los “altos índices de pobreza” o que directamente preferían ponerse la venda en los ojos. Es el caso de Extremadura, que no tuvo reparos en negar al relator la existencia de “sinhogarismo” en la comunidad autónoma.