La reconstrucción posterior al covid en las comunidades autónomas deja al descubierto pactos a 17 velocidades

El Congreso de los Diputados lleva semanas trabajando para encontrar puntos de unión entre las formaciones políticas en el marco de los pactos para la reconstrucción política y social en un contexto de crisis post-covid-19. La comisión encargada de poner las bases a estos acuerdos aprobó su escrito de conclusiones este viernes y será elevado al Pleno una vez transcurran las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio. Con mayor o menor ambición y también con mayor o menor implicación de los Gobiernos autonómicos, el grueso de las comunidades autónomas está trabajando o ha cerrado ya acuerdos con la vista puesta en la recuperación de la pandemia.

El catálogo de opciones es de lo más variado. Desde las comunidades que todavía no han arrancado las comisiones parlamentarias para poner en marcha los acuerdos, como Madrid, a las que, como Castilla y León, ya tienen el plan aprobado y la vista puesta en los presupuestos. O Andalucía, donde el hecho de que Vox presida la comisión parlamentaria encargada de debatir sobre la reconstrucción, complica cualquier posibilidad de acuerdo.

InfoLibre repasa el momento en el que se encuentran las diferentes regiones, los principales protagonistas y las posibilidades de que las negociaciones lleguen, o no, a buen puerto.

Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho del Gobierno regional su fortaleza desde la que criticar al Gobierno central de Pedro Sánchez. Y, al contrario de lo que ha defendido el jefe de los socialistas, se ha mostrado muy reticente a cualquier tipo de pacto por la desconfianza en el bloque de la izquierda. Pero como el Gobierno de coalición PP-Cs no pasa por su mejor momento, sobre a todo a cuenta de la gestión del drama de las residencias, Ayuso se ha visto arrastrada a sentarse a hablar con los partidos de la oposición.

Primero fue el vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), el que convocó una ronda con todos los partidos, de la que se apearon Partido Popular y Vox y que cayó como un jarro de agua fría en el entorno de Ayuso al considerar que el líder del partido naranja en la Comunidad de Madrid iba por libre. Después, fue la presidenta la que dio el paso de llamar a todas las fuerzas parlamentarias.

Tras estos contactos, se decidió crear una comisión parlamentaria. Fue aprobada en el Pleno del jueves de la semana pasada en la Asamblea de Madrid y la idea es que se comiencen los trabajos el 8 de julio. La presidirá el Partido Socialista.

Sus trabajos versarán sobre el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de Madrid ante la Unión Europea. Un esquema bastante parecido al de los grupos que se crearon en la comisión de la Cámara Baja.

Castilla y León

Más dispuesto al pacto desde el principio que su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado el presidente de la Junta de Castilla y Léon. Alfonso Fernández Mañueco, que también gobierna en coalición con Ciudadanos, suscribió el pasado 17 de junio un acuerdo, el bautizado como "Pacto para la Recuperación  Económica, el Empleo y la Cohesión Social". 

En el Gobierno regional califican de "histórico" el acuerdo porque lleva la firma de todos los partidos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y Léon.

Está compuesto por 86 medidas en cinco grandes ejes: sanidad de calidad y equidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación de la comunidad tanto a nivel nacional como en UE.

Entre las actuaciones acordadas destaca un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad, destinado a paliar los efectos de la pandemia.

El pasado martes, 30 de junio, Mañueco protagonizó su primer debate sobre el estado de la región y una de las propuestas estrella fue la de ofrecer a todos los grupos un pacto para los Presupuestos de la Recuperación.

La oferta pone el foco sobre otros dirigentes regionales del PP, como la propia Ayuso, o sobre el líder máximo de los conservadores, Pablo Casado. El PP ha hecho un acercamiento en las últimas semanas al Gobierno dando luz verde al decreto sobre la nueva normalidad y sentándose a hablar con el PSOE en el marco de la comisión parlamentaria para la reconstrucción. Pero para Génova los Presupuestos son palabras mayores. A día de hoy, y mientras Unidas Podemos siga en el Gobierno, dicen, son una línea roja.

Castilla-La Mancha

En la comunidad que preside el socialista Emiliano García-Page, el PP se ha borrado de los pactos. La reconstrucción queda en manos del Gobierno regional y del PSOE y Ciudadanos, que sí se sumó a la iniciativa. 

"Este acuerdo político se extiende a los diversos ámbitos de gestión del Gobierno regional afectados por la pandemia ocasionada por el covid-19 y recoge las medidas imprescindibles a adoptar para impulsar la actividad económica y reconstruir plenamente el modelo de convivencia y protección social, permitiendo así su necesario relanzamiento y ofreciendo una mayor certidumbre a la ciudadanía", explican desde el Gobierno regional.

Durante la primera reunión de la comisión de seguimiento de este acuerdo político, que tuvo lugar el pasado 22 de junio, se decidió la constitución de nueve grupos de trabajo, que serán los encargados de diseñar la estrategia de recuperación económica y social tras la pandemia.

Región de Murcia

El sábado 20 de junio, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP) –gobierna en coalición con Ciudadanos– presentó la estrategia de reanimación de esta comunidad, la ReActivÄ2020. El plan cuenta con un presupuesto de 737 millones de euros. Y pretende, además, inyectar 1.697 millones para ayudar a familias, empresas y autónomos a salir de la crisis.

En la elaboración de esta estrategia, cuentan desde el Gobierno regional, han participado 164 organizaciones y asociaciones "de todos los ámbitos de la sociedad".

De momento, el Partido Socialista no se ha sumado a esta estrategia.

Andalucía

Andalucía está gobernada por el conservador Juanma Moreno en coalición con Ciudadanos. Y la idea de los partidos del Ejecutivo de permitir que la extrema derecha de Vox presida la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del covid-19 ha hecho que esta nazca seriamente tocada.

Ni PSOE ni Adelante Andalucía acuden a esta comisión en señal de protesta porque PP y Cs han entregado la presidencia de este órgano parlamentario a la extrema derecha. Los votos de Vox fueron claves para que Juanma Moreno llegara a la Presidencia de esta comunidad autónoma.

La idea inicial es que esta comisión culmine sus trabajos el 7 de julio.

La Rioja

No hace ni 15 días desde que en La Rioja se firmó un acuerdo para la reconstrucción económica y social. Para llegar a este documento se convocó a los partidos políticos, a los sindicatos, a los empresarios, a los grupos parlamentarios y a los alcaldes de las distintas áreas municipales de la región. 

Este primer acuerdo salió adelante sin el respaldo de PP y de Ciudadanos, en la oposición parlamentaria.

Entre las medidas que contempla, figura el compromiso de la promoción de ayudas a empresas, líneas de ayuda para facilitar el teletrabajo o el impulso al plan de promoción turística de La Rioja.

De forma paralela, ya con la participación de todos los partidos con representación parlamentaria, se ha creado una comisión en la Cámara regional que ya ha iniciado los trabajos y que tiene previsto presentar sus conclusiones la semana que viene.

El compromiso de la presidenta Concha Andreu (PSOE) es que los 53 puntos del acuerdo sean trasladados a la comisión parlamentaria para que sean tenidos en cuenta.

Extremadura

El acuerdo en la comunidad que preside el socialista Guillermo Fernández Vara ha sido firmado esta semana. Se trata de un plan de medidas extraordinarias para la recuperación social y económica por la crisis del covid-19. Y, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, mantiene al margen a los partidos políticos. Lleva la firma del Gobierno regional y de los representantes de UGT, CCOO y la Confederación Regional Empresarial de Extremadura.

"En las medidas a medio y largo plazo se incluye la elaboración de una agenda para la reactivación económica y social de Extremadura, contemplada en este plan y en la que el Gobierno regional y los agentes sociales ya están trabajando tras recibir las propuestas de la sociedad civil y que el presidente de la Junta ha anunciado que presentará en el debate sobre el estado de la región que se celebrará en la Asamblea de Extremadura a mediados del próximo mes con la intención de que en otoño esté aprobada y pueda iniciarse su desarrollo", explican desde el Gobierno regional.

La idea es que esta agenda se actualice con las medidas que se adopten en la comisión de reconstrucción y reestructuración que ya ha concluido sus trabajos en el Congreso de los Diputados, así como con la reformulación de los fondos europeos y de los presupuestos regionales.

Aragón

La comunidad autónoma de Aragón defiende que fue pionera en presentar una estrategia para la Recuperación Social y Económica. Y que lo hizo, el pasado 1 de junio, "con casi unanimidad política e institucional". De los partidos políticos, sólo Vox se descolgó del acuerdo.

A falta de la extrema derecha, se sumaron al acuerdo el resto de partidos, agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMVP). Ha tomado forma de "libro blanco" y contiene 273 propuestas para hacer frente a la crisis del covid-19. 

Las medidas planteadas se dividen en cuatro bloques –recuperación del territorio, de las políticas públicas, de la economía productiva y en materia de empleo– y se incluye además un anexo con propuestas que se trasladarán al Gobierno de España.

Entre las medidas destacan la de "reducir la burocracia para el cobro de las ayudas", poner en marcha un "plan estratégico sobre prevención, protección y medios suficientes para afrontar un posible rebrote de la pandemia" que incluya la realización de test a todo el personal sanitario. O "abrir un debate sobre el tema de los cuidados de mayores y la financiación de la Dependencia". Uno de los compromisos es el de mejorar de las retribuciones de los trabajadores de las residencias de mayores.

Comunitat Valenciana

Como ocurre en otras comunidades, como Cataluña, en la Comunitat Valenciana hay dos instrumentos para la reconstrucción. En este caso se ha creado una Mesa de Diálogo Social de Economía y una comisión para la reconstrucción en Les Corts.

La primera reunión de la mesa tuvo lugar el 17 de junio y fue presidida por el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent. La integran diversas áreas y organismos de la Generalitat y representantes de la sindicatos más representativos, UGT y CCOO, de la patronal CEV, y de Concoval en representación de las empresas cooperativas. Tiene seis objetivos: desarrollo y consolidación de una industria productiva, impulso de una transición energética justa, desarrollo y consolidación de un modelo de economía de proximidad, social y solidaria, apuesta por el comercio sostenible y de proximidad, impulso de la transformación digital de la economía y apuesta por nuevos modelos de empleo y conciliación laboral.

Mientras, la comisión para la reconstrucción arrancó el 16 de mayo. La fecha límite para el debate y la aprobación de las propuestas es el 20 de julio.

Asturias

La propuesta del presidente asturiano, Adrián Barbón (PSOE), son los llamados Pactos de Fruela para la reconstrucción de Asturias. El nombre alude a la calle en la que se ubica la sede de la Junta General del Principado, en Oviedo.

De forma paralela trabajará una comisión delegada en el seno del gobierno regional.

Cantabria

Fue el pasado 8 de junio cuando el Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó el dictamen de la comisión covid-19 con 138 medidas para hacer frente en distintos ámbitos a las consecuencias de la pandemia y reivindicaciones al Gobierno de España. El Ejecutivo deberá informar a los 6 meses ante la Cámara sobre el desarrollo de las iniciativas plasmadas en el dictamen.

En materia fiscal se aboga por no aplicar una subida "masiva" de impuestos. Y, entre las sanitarias, se pide mantener la financiación de la salud pública con cuantía suficiente para prestar los servicios actuales y afrontar "futuros retos".

También hay un bloque de medidas para las residencias de mayores, en el que se pide "mejorar" la colaboración entre estos centros y el Servicio Cántabro de Salud y "solucionar" la asistencia médica en las residencias.

Navarra

El 5 de mayo de 2020, el Gobierno navarro presentó las bases del plan Reactivar Navarra 2020-2023. Nace con la idea de que sus medidas sirvan para "superar la crisis provocada por el virus, crear un nuevo modelo económico y social, y fomentar la calidad democrática y la participación ciudadana". 

El plan tiene tres pilares: progreso, cohesión e innovación. Y la idea era que estuviese en marcha en junio de 2020. Sólo PSN y Geroa Bai apoyaron el dictamen del ‘Plan Reactivar Navarra’ que se votó el pasado día 25 en el parlamento. Navarra Suma y Podemos se abstuvieron.

islas baleares

En Baleares, el acuerdo no es unánime. El 1 de julio el Govern, partidos políticos y agentes económicos y sociales firmaron el Pacto de Reactivación de Baleares. Un acuerdo que movilizará 619 millones de euros a corto plazo y 2.500 a largo plazo. Lo integran una decena de ejes de actuación que incluyen, entre otros, empleo, diversificación del modelo económico y refuerzo del bienestar social.

Lleva la firma de las principales fuerzas políticas excepto Vox, MÉS per Menorca y el PP. También lo han suscrito las patronales CAEB y Pimeb, los sindicatos CCOO y UGT, los cuatro Consells Insulars, la Federación de Entidades Locales y el Ayuntamiento de Palma.

Desde el Partido Popular, su presidente regional, Biel Company, aseguró que acudía a la presentación del pacto por "respeto institucional". Pero justificó su negativa a sumarse en que, a su juicio, es "insuficiente y propagandista" y en que "no recoge medidas excepcionales para afrontar la crisis económica y social provocada por el covid-19.

Canarias

El 30 de mayo, el Parlamento de Canarias acogió la firma de la declaración institucional del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una estrategia de la que finalmente se borraron los grupos parlamentarios de PP y Cs.

El texto, apoyado por los grupos Socialista, Nacionalista, Sí Podemos, Nueva Canarias, la Fecam y la Fecai, los sindicatos mayoritarios, las patronales empresariales y los agentes sociales, se estructura en torno a siete ejes y compromete a los firmantes a su defensa en los distintos ámbitos en que participen, informa Europa Press.

Cataluña                                

En Cataluña van a coexistir dos foros para la reconstrucción. Y, de momento, no está claro que vaya a haber coordinación entre ambos. Uno de ellos es la Coreco, la Comisión para la Elaboración del Plan para la Reactivación Económica y Protección Social. Este es el órgano creado por el Govern para "articular la respuesta del sector público a los retos económicos y sociales derivados "de la pandemia. Su misión principal, explican desde la Generalitat, es elaborar "el plan para la reconstrucción del país, pero también hacer el estudio y seguimiento de las propuestas planteadas por los departamentos para minimizar el impacto de la pandemia, así como analizar las medidas que se vayan adoptando". La Coreco se reúne todos los viernes y está integrada por siete miembros del Govern, incluido Quim Torra, que la preside. Se creó el 2 de mayo. Y la previsión es que el primer borrador del plan esté listo a finales de julio.

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De forma paralela, la semana que viene podría constituirse una comisión para la reconstrucción en el Parlament en la que sí habrá representantes de los partidos políticos. Se trata de una propuesta del socialista Miquel Iceta que el Pleno aprobó a principios de mes. La comisión no celebrará reuniones en el mes de agosto y la previsión es que se prolongue a lo largo de toda la legislatura. La idea del PSC es que por este órgano parlamentario pasen representantes de sindicatos, patronales, mundo local y entidades municipalistas, miembros del Govern y expertos.

Galicia y Euskadi

Ambas comunidades están en una situación especial y con sus parlamentos disueltos por la convocatoria de elecciones autonómicas. En principio, estaban previstas para el 5 de abril. Pero esta cita tuvo que ser aplazada por pillar en medio del estado de alarma, en el peor momento de la pandemia. Ahora, vascos y gallegos irán a las urnas el 12 de julio. Una vez transcurrida esta fecha y constituidos los parlamentos, podrá medirse si el clima político postelectoral es favorable a los pactos.