Las crecientes sospechas de blanqueo cercan a Juan Carlos I y ponen de nuevo el foco en lo que sabía Felipe VI

Cuatro meses después de que la Casa Real desvelase que Juan Carlos I admitía su vínculo con una fundación en el paraíso fiscal de Panamá, las crecientes sospechas de blanqueo cercan al rey emérito. Y ponen de nuevo el foco en lo que Felipe VI sabía y sabe de las finanzas opacas de su padre. Las grandes incógnitas no solo no han disminuido sino que han ido creciendo a la par que la tensión alimentada por las sucesivas revelaciones del caso.

El comunicado con que Zarzuela conmocionó el pasado 15 de marzo a un país ya noqueado por el estado de alarma no explicaba por qué el rey ejerciente había guardado silencio sobre la fundación panameña Lucum si Corinna Larsen le había informado de ella por carta nada menos que un año antes. La nota oficial omitía además lo que se ha conocido este viernes tras publicarlo el diario El Mundo: que en la misiva dirigida a Zarzuela el 5 de marzo de 2019 la antigua amante del monarca narraba que este le había reclamado la devolución de 65 millones. ¿Cuándo? En 2014, es decir, a los dos años de habérselos traspasado desde Suiza a una cuenta de la empresaria en otro paraíso fiscal, Bahamas. Y 2014 es el año de la abdicación. Según Larsen, por consejo de un abogado suizo se negó a devolver nada para "evitar potenciales acusaciones de mala conducta financiera". Y entonces –es su versión– el hombre de quien había sido amiga entrañable la acusó "falsamente" de "robarle sus bienes".

Apenas dos meses y medio antes, el 18 de diciembre de 2018, Corinna Larsen había mantenido ante el fiscal suizo Yves Bertossa una versión situada en las antípodas: que Juan Carlos de Borbón le transfirió en junio de 2012 el dinero desde Suiza a una cuenta suya abierta en Nassau como un regalo "por gratitud y amor". Tanto si mintió ante el fiscal de Ginebra como si lo hizo luego en su carta a la Corona, la divulgación de lo que pudo haber ocurrido en 2014 se convierte en una de las noticias "inquietantes" y "perturbadoras" de la serie, por usar la definición del presidente del Gobierno. Por el momento no es posible afirmar si existió aquella exigencia de devolución. Ni si, en caso de ser cierta, se produjo antes o después de la abdicación de junio.

Pero a falta de que nuevos documentos, si los hay, corroboren la autenticidad del párrafo final de la carta de Corinna, las grandes preguntas siguen en pie. Y pese a la negativa de la Zarzuela a dar respuestas y a su resistencia a adoptar medidas más severas que alejen de la institución a Juan Carlos I, todo se vislumbra más difícil a medida que surgen nuevos datos. Datos como, por ejemplo, la pauta seguida por el emérito para enviar a alguien a sacar cantidades de bolsillo –entre 100.000 y 200.000 euros cada vez– que su gestor suizo le traía en maletines volando en aviones que aterrizaban en Barajas sin que nadie detectase los fajos de billetes. O por ejemplo también, que el emérito comunicase tranquilamente al Mirabaud que su profesión era la de rey. Y su dirección, la Zarzuela.

De mayor o menor envergadura, todas esas piezas van completando un puzle con la cara de un Juan Carlos I que durante décadas había permanecido a resguardo de la información periodística. Ahora, su condición de primer beneficiario de una fundación panameña es ya un hecho sabido para todo el país: porque lo atestigua un acta destapada hace 10 días por elconfidencial.com y cuya autenticidad nadie ha negado. Por ahora congelado en un segundo plano, asoma el hecho de que como segundo beneficiario de la Fundación Lucum aparece su hijo Felipe VI. Según recalcó la Casa Real, el actual jefe del Estado ni lo sabía ni lo consintió. ¿Pero qué explicación le dio su padre cuando puso en sus manos la carta de Corinna a Zarzuela? ¿Ha emprendido Felipe VI alguna acción para eliminar su nombre y el de su hija si es que ello es posible dado que Fundación Lucum fue disuelta en 2012 según el Registro panameño? Ni siquiera eso se sabe.

Sin que el silencio de la Jefatura del Estado provoque el enfado que de manera previsible ya habría desatado un Gobierno que se negase a explicar actuaciones de tal magnitud  protagonizadas por un presidente o un ministro, las preguntas siguen intactas. ¿De dónde y en concepto de qué salió el dinero que regaló o prestó Juan Carlos de Borbón a Corinna Larsen en 2012 tras el escándalo de la cacería de Botsuna? ¿Se lo había transferido realmente el rey de Arabia Saudí en 2008 como simple "regalo" o estamos ante el pago de una mordida, conectada o no a la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio español? ¿Por qué la Corona no acudió a la Fiscalía a la vista de que con aquella carta de la empresaria y antigua aristócrata alemana se le estaba poniendo al tanto de hipotéticos delitos contra Hacienda y de blanqueo de capitales? ¿Quiénes son las "autoridades competentes" a las que la Corona asegura que aportó el texto firmado por los abogados de Corinna y fechado el 5 de marzo de 2019? ¿Por qué quien durante 38 años había sido jefe del Estado eligió un paraíso fiscal, Panamá, y un banco suizo, el Mirabaud, para acumular parte de su patrimonio a espaldas de su país? ¿Tributó en algún momento por esos bienes o llevan razón sus gestores suizos cuando opinan ante el fiscal Bertossa que no creen que jamás pagara a Hacienda? ¿Se acogió el emérito a la amnistía fiscal de 2012?

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Nada de ello lo ha aclarado en estos cuatro meses Felipe VI. Y con independencia de que la inviolabilidad de que gozaba el rey emérito pudiese operar como un manto de invisibilidad absoluta sin fecha de caducidad, el asunto ha empezado ya a romper las costuras del ámbito penal. Mientras la Fiscalía del Supremo investiga si hay elementos para presentar una querella contra Juan Carlos de Borbón o si, por el contrario, le corresponde archivar la investigación, la pelota espera en equilibrio inestable sobre el tejado de la Zarzuela. Todo indica que el Gobierno no dará ningún paso sin que Felipe VI tome la iniciativa. De hecho, una frase de la vicepresidenta Carmen Calvo así lo demuestra: la Casa Real "tomará sus decisiones". Lo dijo el jueves. 

Fuentes del entorno del Ejecutivo insisten en que no entra en sus competencias modificar el Real Decreto que atribuye a Juan Carlos de Borbón el rango de monarca vitalicio porque el tratamiento de los títulos de la Casa Real depende en exclusiva del jefe del Estado. Y aunque juristas relevantes a los que infoLibre consultó el jueves entienden lo contrario, todos los observadores sondeados coinciden en que el Gobierno busca rehuir el choque con la Corona. La difusión de que, al incluir en su comunicado que entregó la carta de Corinna a "autoridades competentes", la Zarzuela se refería a la vicepresidenta Carmen Calvo ha provocado enfado. Moncloa no va a confirmar ni a desmentir.

¿Adoptará antes de septiembre la Casa Real alguna medida severa que tache a Juan Carlos I de la institución? En marzo le retiró la asignación que le facilitaba desde 2014 con cargo a los Presupuestos del Estado. Y como subrayó también el comunicado oficial, Felipe VI ya ha renunciado a heredar nada cuyo "origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o los criterios de transparencia". Pero desde marzo la bola de nieve no ha cesado de crecer. Ni de avanzar pendiente abajo. ¿Bastaría con que Felipe VI expulsara del recinto de Zarzuela a su padre o solo un gesto como privarle de su título vitalicio le fortalecería? También esa pregunta permanece sin respuesta. Ni el Gobierno ni los portavoces de Zarzuela han accedido en estas semanas a despejar las incógnitas de una ecuación cuyo resultado nadie se aventura a pronosticar.