El patrimonio del jefe del Estado sigue secreto al no afectarle una ley que obliga a más de 70.000 cargos públicos a desvelar el suyo

Las informaciones sobre el enorme patrimonio oculto manejado por Juan Carlos de Borbón –como mínimo, 65 millones acumulados en Panamá mediante una cuenta suiza– ha traído de nuevo a escena un debate que ya surgió hace siete años. Exactamente, durante la elaboración y aprobación de la Ley de Transparencia, que exime al jefe del Estado de publicar sus bienes. La ley impone en cambio ese trámite para todos los electos y quienes ocupan altos cargos de libre designación. Presidentes, ministros, consejeros autonómicos, concejales, diplomáticos, máximos directivos de instituciones dependientes de cualquier administración hacen públicas desde hace ya años sus declaraciones de bienes. Pero ni la citada Ley de Transparencia –aprobada en diembre de 2013 y que otorgó a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales dos años para el periodo de adaptación– ni la del Alto Cargo de la Administración General del Estado, vigente desde 2015, afectan a Felipe VI. A su padre, que tras su abdicación mantiene intacto el título vitalicio de rey, tampoco.

El universo de políticos salidos de las urnas y de altos cargos afectados por la obligación de presentar declaraciones públicas de bienes y actividades supera la cifra de 70.000 personas. Porque, aunque no existe una base de datos que permita afinar con precisión cuántos ciudadanos deben cumplimentar en España ese tipo de formularios, solo la cifra de alcaldes y concejales resulta por sí misma demoledora. Según la web del Ministerio del Interior, en las elecciones municipales de 2019 salieron elegidos 66.982 ediles. Y todos han de hacer una declaración anual de bienes.

Si a eso se unen los números sobre los diputados al Congreso (350), los senadores (265), los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Central (259) y los 1.208 diputados de las 17 Comunidades Autónomas, la suma se eleva a 69.064. Faltan por añadir los integrantes de los 17 Ejecutivos autonómicos y sus respectivos altos cargos. Ninguna base de datos permite obtener una cifra exacta. Pero teniendo en cuenta que solo las cinco comunidades de mayor peso (Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y Comunitat Valenciana) alcanzan según distintas informaciones periodísticas los 800 cargos en números redondos, la frontera de los 70.000 queda definitivamente traspasada. En el cálculo no se han incluido cifras de Diputaciones ni de cabildos insulares.

Sin duda, el grueso lo conforman alcaldes y ediles. Y todos ellos, con independencia del tamaño, peso demográfico o importancia económica de su municipio, han de permitir que los gobernados conozcan su situación patrimonial. En línea con lo que ocurre en el caso de los demás cargos públicos, la única salvaguarda a su privacidad que señala la Ley de Transparencia se limita a esto: a que "se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares". Lo puedes leer pinchando aquí el enlace de la ley y yendo al artículo 8.1.h.

La mayoría de los representantes políticos han guardado durante lustros silencio sobre la situación del rey y de su predecesor en lo que al absoluto secreto patrimonial se refiere. Para cuando el monarca entregó la Corona a su hijo en junio de 2014, ya hacía un año que había trascendido la versión oficial sobre una cuenta suiza vinculada, según Zarzuela, a la herencia de su padre, Juan de Borbón, y de la que oficialmente le correspondieron al ahora rey emérito 2,2 millones de euros. Aquella cuenta, cuyo reconocimiento pulverizó por primera vez el mito de la pobreza de la familia Borbón por el exilio de Alfonso XIII, se había cancelado en 1995. Y el dinero, sostuvo la Casa del Rey, se había destinado a pagar deudas. Aunque la institución recalcó su convicción de que se habían pagado los impuestos correspondientes, alegó que carecía de datos que lo acreditasen. "El rey no tiene cuentas en el extranjero", fue el mensaje central en aquel verano de 2013. 

Ahora, el silencio comienza a resquebrajarse aunque, salvo reforma legal, quien ahora es la máxima autoridad del país seguirá quedando exenta de hacer pública una declaración sobre sus bienes. De momento, y aunque ya en marzo la Casa Real difundió un comunicado que plasmaba el alejamiento de Felipe VI respecto de su padre, la Corona no ha dado señales de que planee diferenciarse también en este terreno.

¿Es factible un gesto voluntario?

Antes de la aprobación de la Ley de Transparencia, expertos en limpieza democrática así como en la lucha contra la corrupción llevaban años lanzando un aviso: saber qué bienes declara un cargo público cuando llega y cuáles en el momento de irse ofrece elementos para un análisis de su trayectoria. Aunque ni la legislación ni las distintas instituciones han perfilado todavía un sistema que, por ejemplo, asegure la verificación de los datos aportados, cualquier firmante de una declaración sabe que mentir u omitir bienes le colocará en una posición cuando menos comprometida si la realidad acaba saliendo a la luz. 

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¿Necesitaría el jefe del Estado que se lleve a cabo una reforma legal de la Ley de Transparencia y/o de la del Alto Cargo de la Administración para desvelar sus bienes de toda naturaleza? Todos los juristas que desde el inicio del escándalo del rey emérito ha ido sondeando este periódico creen que no: la ley impondría la declaración pero nadie impide a Felipe VI presentarla por voluntad propia y como una muestra más del "esfuerzo que ha hecho en transparencia", por citar las palabras de la última dirigente socialista que se ha pronunciado sobre el asunto, Susana Díaz, en una entrevista publicada este domingo por infoLibre. Otro dirigente socialista, el secretario de Transparencia de la Ejecutiva nacional, Odón Elorza, ha expresado abiertamente lo que opina al respecto: que es "un error" que la ley de Transparencia "no sea de aplicación a quien ostenta la Jefatura del Estado".

De hecho, ya en diciembre de 2014, es decir, a los seis meses de la abdicación de su padre, Felipe VI reguló por vez primera los regalos que pueden o no recibir los miembros de la familia real. Los regalos caros quedaron excluidos. El nuevo jefe del Estado decidió asimismo publicitar los sueldos y parte de los gastos a cargo del presupuesto de Zarzuela. Pero el patrimonio, el recuento y posterior desglose de los bienes que le pertenecen por herencia o cualquier vía de adquisición continúan siendo un misterio.

Este lunes, infoLibre preguntó al equipo de comunicación de Zarzuela si el rey tiene pensado hacer pública su declaración de patrimonio, así como la del rey emérito. No hubo respuesta.