Ni blinda la reforma laboral de Rajoy ni obliga a rebajar las pensiones: qué dice la 'letra pequeña' del acuerdo europeo

La condicionalidad ligada al fondo de recuperación europeo ha sido desde el primer minuto uno de los principales caballos de batalla de los países del Sur. España, Italia o Portugal dejaron claro en todo momento que no aceptarían ni exigencias leoninas ni hombres de negro que evocasen a los momentos más complicados de la Gran Recesión. Ahora, después de tres duros meses de negociaciones, los Veintisiete han dado finalmente luz verde al ansiado acuerdo. Sin embargo, el texto aprobado no ha terminado de cerrar la discusión sobre la condicionalidad en suelo español. Desde la derecha, asumen que el plan postpandemia suscrito por los Estados miembros deja al Gobierno de Pedro Sánchez atado de pies y manos en el mantenimiento de la reforma laboral o en materia de pensiones. Sin embargo, los dos partidos que forman parte del Ejecutivo de coalición mantienen su compromiso de eliminar, por lo menos, los aspectos más lesivos. En este sentido, los expertos consultados por infoLibre entienden que esta cuestión “no se encuentra” en la famosa condicionalidad y que, por tanto, Moncloa tiene margen de maniobra para hacerlo. 

El debate sobre las exigencias ligadas al desembolso de los fondos ha estado muy presente durante la cumbre. Sobre todo por la presión ejercida por Holanda como portavoz del denominado grupo de los frugales –junto con Austria, Dinamarca o Suecia–. “Si el Sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, y lo entiendo porque tienen poco margen financiero para hacerlo, lo razonable es que pidamos el compromiso claro de reformas. Si los préstamos se convierten en transferencias, las reformas son incluso más cruciales y (es necesaria) la absoluta garantía de que van a tener lugar”, señalaba en los primeros compases del cónclave el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Es decir, entre los planes del Ejecutivo holandés no estaba presentar ante el Parlamento nacional un texto que no obligase a “acelerar de nuevo” a aquellos países “que se han quedado atrás en cuanto a reformas laborales o de pensiones”.

La condicionalidad, finalmente, ha quedado fijada en las primeras páginas del acuerdo. ¿En qué términos? El texto [consultar aquí en PDF] establece que los planes nacionales de recuperación y resiliencia con la agenda de reformas e inversiones, que deben remitir a Bruselas, serán evaluados por la Comisión Europea “durante los dos meses posteriores a la presentación”. “Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas para cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva”, recoge el acuerdo, que establece que el plan del país tendrá que ser aprobado por el Ecofin por “mayoría cualificada”. Esto impide que Estados como Holanda tengan capacidad para vetar los proyectos de entrada, tal y como exigía La Haya en todo momento durante las negociaciones.

Los planes que pongan sobre la mesa los Veintisiete, en resumen, deberán estar en todo momento dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo. A esta condicionalidad se ha agarrado este martes la derecha para intentar rebajar la celebración del Gobierno. En la segunda jornada de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló que el pacto conllevará cambios y “responsabilidad” en el uso de los fondos, además del “mantenimiento de reformas que ya están funcionando, como la reforma laboral o la sostenibilidad de las pensiones”. Desde el Ejecutivo de Sánchez, en cuyo pacto de gobierno con Unidas Podemos figura la revalorización de estas últimas conforme al IPC y la modificación de la norma laboral, no parecen verlo de la misma forma. “El acuerdo de coalición cabe perfectamente en el acuerdo alcanzado en la Unión Europea”, sostuvo en una entrevista televisiva el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

No se establece que se "tenga que mantener la reforma laboral"

Los expertos consultados por este diario entienden que el texto consensuado no ata de pies y manos al Ejecutivo para cumplir con sus compromisos. “Tiene margen para hacerlo. Esta condicionalidad está centrada en proyectos concretos, no en políticas internas. Es decir, el Estado plantea una serie de propuestas y Bruselas analiza si va en la línea de las directrices marcadas. Si es modernizador, si está centrado en energías verdes, si está orientado hacia la digitalización”, sostiene al otro lado del teléfono Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea y vicepresidente de la Fundación Alternativas, que añade que en el Semestre Europeo no se establece “que España tenga que mantener la reforma laboral”. Una posición similar mantiene Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid: “No está en esa condicionalidad. Las pensiones no aparecen en el Semestre Europeo. Y del mercado laboral se hace mención sólo a su dualidad. Punto”, sostiene el experto, que centra su principal preocupación en cómo va a ser capaz el país de gestionar tanto dinero. En concreto, unos 140.000 millones de euros.

En el último documento de recomendaciones centrado en España, el Consejo Europeo mostraba su preocupación por los “muy altos niveles de desempleo y segmentación del mercado laboral” registrados incluso antes de la pandemia. Y recomendaba al país que durante 2020 y 2021 diese pasos para “respaldar el empleo” mediante “medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos fiscales a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones”, además de “reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos”. No era la única recomendación que se ponía sobre la mesa. También se pedía aplicar “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, pero no fijaba ninguna manera concreta de conseguirlo. En cuanto a las inversiones, insistía en la necesidad de que se centrasen en la transición ecológica y digital, en el transporte sostenible o en fuentes de energía limpias y eficientes. En definitiva, nada de reforma laboral. Nada de pensiones.

La Comisión Europea, en su último informe sobre la economía española enmarcado en el Semestre Europeo, tampoco puso claramente un cerrojo alrededor de la reforma laboral de 2012. Simplemente recordó que la norma había desempeñado “un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva” y que era clave que “cualquier nueva medida” sólo fuera adoptada “tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Pocas semanas después de la publicación del documento, y a raíz del sonado acuerdo con EH Bildu, se preguntó al portavoz principal del Ejecutivo comunitario por la posición de Bruselas sobre la derogación de la norma. “Depende de los Estados miembros juzgar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr los objetivos que puedan ser descritos en nuestras recomendaciones del Semestre Europeo”, explicó en rueda de prensa el alemán Enric Mamer.

El freno de emergencia

Holanda quería que para la aprobación de los desembolsos fuera necesaria unanimidad. No consiguió esta capacidad de veto. En el acuerdo se fijó que con una mayoría cualificada era suficiente. Eso sí, La Haya consiguió incluir en el texto un freno de emergencia para paralizar el desembolso de los fondos. En este sentido, el texto establece que una vez abierto el grifo de dinero la Comisión Europea pedirá al Comité Económico y Financiero que evalúe si los Estados están cumpliendo. “[Este] Se esforzará en alcanzar un consenso. Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones respecto del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al próximo Consejo Europeo”, recoge el acuerdo aprobado. Esto puede mantener bloqueado el flujo de fondos, al menos, durante tres meses.

Molina no cree que La Haya vaya a tirar de este mecanismo para tratar de paralizar cualquier intento de reforma laboral o para imponer a España ningún retoque en materia de pensiones. “No se atreverá, sería una declaración de guerra inaudita a otro Estado miembro”, sostiene el politólogo, que considera que este mecanismo está más pensado “para evitar casos de erosiones del Estado de derecho” con países como Polonia o Hungría. “En definitiva, nadie va a criticar retoques justificados de la reforma laboral y ni la condicionalidad o el freno de emergencia impiden esos cambios. Eso sí, también es cierto que a nivel político al Gobierno no le va a resultar sencillo hacer cambios importantes que no gusten a Bruselas cuando está recibiendo importantes sumas de dinero. Por eso, yo creo que lo más conveniente sería que si quiere hacer la reforma, la hiciese con cuidado. O si no, que espere hasta casi el final de la legislatura para llevar a cabo estos cambios”, sentencia el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma.