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El juicio del 'procés'

El juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament, visto para sentencia

  • Simó, Barrufet, Corominas, Guinó y Boya se enfrentan a 20 meses de inhabilitación
  • Se les acusa de un presunto delito de desobediencia al tramitar resoluciones del proceso soberanista

infoLibre
Publicada el 24/07/2020 a las 17:30 Actualizada el 24/07/2020 a las 17:42
Los miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura: Lluis Corominas (c), Anna Simó (2i), Ramona Barrufet (2d), y Lluís Guinó (i), junto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya (d), acompañados por simpatizangtes y compañeros de partido, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

Los miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura: Lluis Corominas (c), Anna Simó (2i), Ramona Barrufet (2d), y Lluís Guinó (i), junto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya (d), acompañados por simpatizangtes y compañeros de partido, a s

EFE

El juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por un presunto delito de desobediencia al tramitar resoluciones del proceso soberanista ha quedado visto para sentencia este viernes, tras tres jornadas de juicio, según informa Europa Press. 

La Sala, presidida por Jesús María Barrientos, deberá dictar sentencia ante la petición de las acusaciones, que solicitan condenar a 20 meses de inhabilitación a todos al considerar que desoyeron los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC), y la postura de las defensas, que han solicitado la absolución para todos los enjuiciados.

El teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, ha replicado a los acusados que no se trata de "un juicio político, no se están juzgando ni ideas ni ideologías", y se ha opuesto a la petición de las defensas de invocar la inviolabilidad parlamentaria, al considerar que sus actos no están incluidos en esa condición de los diputados.

La representante de la Abogacía del Estado Beatriz Vizcaíno considera que Simó, Barrufet, Corominas, Guinó y Boya "se negaron reiteradamente a cumplir los mandatos del TC", y al argumento de los acusados de que no recibieron ninguna notificación del tribunal, ha contestado que, como representantes públicos, igualmente estaban obligados a cumplir la leyes.

La acusación popular, que ejerce Vox, retiró al inicio del juicio la petición de condenarles por un delito de organización criminal –por el que pedía una condena de 12 años de cárcel–, y ha asegurado que al tramitar las leyes de desconexión "eran plenamente conscientes" de que contravenían la Constitución.

En cambio, la abogada de los exdiputados de JxSí, Judit Gené, ha defendido al exponer el informe final que no tramitaron las iniciativas parlamentarias para desobedecer al TC sino a favor del derecho a la participación política, "en defensa del Parlament y de la legitimidad de los diputados, los grupos parlamentarios y de las personas que votaron la composición de este órgano legislativo".

El abogado de Simó, Raimon Tomàs, ha defendido que la exdiputada actuó siempre de acuerdo al reglamento del Parlament, y ha criticado "el derecho de participación política estaría vacío de contenido si los representantes de la ciudadanía no pueden determinar el contenido de las iniciativas que presentan".

Por su parte, el abogado de Mireia Boya, Carles López, ha asegurado que el proceso ha sido un juicio al independentismo, y que Boya ha sido acusada "por ser diputada, ejercer como tal e intentar llevar a cabo su programa electoral".

Leyes de desconexión

En la causa se enjuician las resoluciones relacionadas con el proceso soberanista que la Mesa del Parlament tramitó en la legislatura anterior y que fueron reiteradamente impugnadas por el TC.

También se ha debatido en la Sala la ratificación en el pleno de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente y los Presupuestos de 2017, que incluían una partida supuestamente dedicada a financiar posibles referéndums y que fue declarada inconstitucional.

Asimismo, se acusa a los exmiembros de la Mesa de tramitar la propuesta de ley del referéndum y de transitoriedad jurídica, que la Cámara votó en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la resolución de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

En las tres jornadas de juicio han comparecido como testigos: el exletrado mayor del Parlament Antonio Bayona, el secretario general de la Cámara, Xavier Muro; el exsecretario general Pere Sol y el expresidente del Parlament Ernest Benach.

También los miembros de la CUP Albert Botran y Gabriela Serra, el exdiputado de SíQueEsPot Albano Dante-Fachín, el diputado de ERC en el Parlament Ferran Civit y el diputado de Demòcrates Antoni Castellà.

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