Más financiación, menos privatizaciones: organizaciones sanitarias lamentan la "oportunidad perdida" del Congreso para apuntalar el sistema público

El Congreso dio el pasado miércoles su visto bueno a las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción relativas a la Sanidad y a la Salud Pública. El texto, de más de 100 páginas y consultable aquí, defiende, entre otras medidas, acabar con la temporalidad del personal sanitario, reforzar con urgencia la Atención Primaria (el primer dique de contención ante una pandemia), eliminar los copagos, incrementar gradualmente la inversión en I+D+i o mejorar la financiación general del sistema. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y varias organizaciones de defensa de la Sanidad Pública lamentan la "oportunidad perdida" de no apuntalar el sistema público, máxime durante una crisis que ha puesto de relevancia su importancia. Reclaman más esfuerzos a la hora de concretar la financiación, cerrar la puerta definitivamente a las privatizaciones y una intervención más ambiciosa en el mercado farmacéutico, por poner algunos ejemplos. 

Las asociaciones, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) o la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), reconocen que el texto aprobado en la Cámara Baja cuenta con algunos puntos muy positivos, avances y victorias rotundas. Pero, consideran, era el momento de dar un paso más y fortalecer de una vez por todas un sistema sanitario absolutamente público, donde las injerencias privadas no jueguen con la salud, que corrija desigualdades y garantice una asistencia universal y de calidad. "La mayor parte de la opinión pública estaba convencida de que si había algo necesario durante una pandemia, era reforzar la Sanidad Pública", valora el portavoz de la Fadsp, Marciano Sánchez. "Lo más llamativo", opina, "es que no se establece ningún sistema para paralizar privatizaciones y recuperar centros que se hayan privatizado. La privatización es el cáncer del sistema sanitario". 

Con respecto a la financiación, el texto final aprobado por el Congreso se compromete a aumentar "el total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura". Para Más Sanidad, marca que aglutina a muchas de estas asociaciones, el aumento de gasto debería ser ajeno al PIB, ya que este indicador fluctúa y exige menos en tiempos de crisis: apuestan por una mejora equivalente a 1.000 euros más por persona y año. "Se debería asignar un porcentaje del presupuesto en salud a áreas infradotadas. En concreto, un 25% del presupuesto público a Atención Primaria; un 2,5%, a Salud Pública; y un 2%, a investigación en salud. Tres áreas que han resultado esenciales en la actual pandemia", consideran. 

Marciano Sánchez explica para infoLibre otras victorias, otros puntos positivos del acuerdo alcanzado en el Congreso. Por ejemplo, "el apartado dedicado a la Atención Primaria está bastante desarrollado", aunque carece de un compromiso económico: una debilidad que, por otro lado, entiende, ya que no es un texto con rango de ley sino un acuerdo político sin más trascendencia en el ordenamiento jurídico. El dictamen de la Comisión de Reconstrucción llama a "reforzar con carácter urgente a la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente a la covid-19". Con respecto al rastreo de contactos, el documento consensuado por los partidos defiende que "ubicar una parte operativa del llamado rastreo de contactos en la primaria es lo más eficiente, porque por su capilaridad llega a todos los rincones de España, y porque su componente comunitario les permite activar la intervención en domicilios, empresas, colegios y residencias".

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Vanessa López, directora de Salud por Derecho, se congratula de que "se vaya a incrementar el presupuesto de I+D", pero lamenta otras carencias relacionadas con la investigación y la farmacología, los puntos en los que su organización se ha centrado a la hora de analizar el dictamen del Congreso. No hay ninguna medida, lamenta, para evitar que el precio de los fármacos suba sin control, al arbitrio del mercado, siendo una necesidad básica del paciente con o sin covid-19. "Lo que venimos diciendo es que el precio de los fármacos tiene que fijarse dejando un beneficio razonable para las farmacéuticas. Es una pena que esto no se aborde", afirma. El gasto farmacéutico de los hospitales, explica, no ha dejado de aumentar, y no hay "ninguna medida de reducción" de lo que supone esto: la quimioterapia, cifra a modo de ejemplo, le sale a un centro por 300.000 euros por paciente y año. 

La asociación reclama, además, que la propiedad intelectual no sea un impedimento para "compartir el conocimiento" y distribuir productos sanitarios, como la ansiada vacuna contra el coronavirus, entre toda la población a un precio asequible. "También echamos en falta medidas para hacer más trasparentes los procesos de aprobación y financiación de los fármacos en el sistema público de salud; políticas que regulen los conflictos de interés en este ámbito y garanticen la plena independencia en la toma de decisiones; más apoyo a las investigaciones con datos compartidos y licencias abiertas, no exclusivas", explican, en un comunicado difundido este jueves.

López manifiesta su sorpresa y su decepción ante la falta de inclusión de las propuestas de las organizaciones en el texto final. En la interlocución con los partidos que se ha desarrollado estos meses, detalla, "había muchas cuestiones en las que estaban de acuerdo". "Esperábamos que en la última parte del proceso, donde estaban negociando las enmiendas pudiera caber alguna de esas reivindicaciones. Esperábamos que el texto mejorara, y no ha sido así".