El rey Juan Carlos planea regularizar su cuenta con Hacienda para evitar una acusación del fiscal

Juan Carlos I podría evitar la acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por un presunto delito fiscal. Sus asesores estudian, según informa El Confidencial, el artículo 305 del Código Penal, que contempla la regularización fiscal voluntaria para evitar la apertura de un procedimiento penal antes de que le sea notificada investigación alguna.

Según el apartado cuarto de este punto, “se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización". Por tanto, el rey emérito podría eludir una posible situación procesal si salda sus deudas con celeridad.

Podemos teme que Juan Carlos I "huya" y el PP destaca que su decisión muestra "su lealtad a España"

Ver más

Desde los medios jurídicos se considera que estas previsiones ampararían al monarca, ya que no consta que haya recibido notificación de apertura de expediente de inspección tributaria, ni tampoco de instancia judicial o fiscal, dándose así las condiciones que establece el artículo 305 del Código Penal. No obstante, con ello evitaría solo un eventual delito fiscal, no otros que pudieran concurrir. Pero este delito es la principal amenaza sobre Juan Carlos I, ya que el de blanqueo, también en investigación, requiere un origen ilícito de los fondos y, como gozaba de inviolabilidad cuando recibió la donación de Arabia, es un camino que fuentes jurídicas consideran vedado a la investigación.

Las fuentes consultadas reconocen, no obstante, que la regularización fiscal de Juan Carlos I implicaría una confesión en toda regla de la recepción de fondos y otros bienes, una forma de renuncia a la protección de la inviolabilidad y el cierre de las averiguaciones del fiscal del Supremo solo por las presuntas infracciones fiscales, pero no de otras que pudieran concurrir y que estarían siendo también investigadas.

La regularización fiscal voluntaria y previa a la notificación como procedimiento para evitar un proceso penal tiene precedentes: en 2012, los Botín regularizaron la herencia del padre y abuelo de la familia, en parte depositada en cuentas en Suiza, abonando 200 millones de euros. Aunque se produjo una investigación judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, consideró que “la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un expediente de inspección y verificación”. Ahora el emérito podría correr la misma suerte.