Crisis del coronavirus

Una juventud mermada por la Gran Recesión encara en desventaja la nueva crisis con el lastre de la falta de ayudas

Manifestación en Valencia de 'riders', uno de los trabajos emblemáticos de la precariedad.

La situación de entrada era mala. El golpe de la pandemia ha sido peor. Las ayudas para superarlo escasean. Las perspectivas de futuro son pésimas. El coronavirus se ceba con la juventud española, se entienda hasta los 25, los 30 o los 35, lastrada en todo caso por la anterior crisis y que, pese a ser el sector de la población más frágil laboralmente, no cuenta entre los grandes programas de ayuda aprobados durante la pandemia con uno específico para sus necesidades. Y eso que las necesidades son evidentes.

“Con el Ingreso Mínimo Vital hay una discriminación objetiva y explícita, al dejar fuera a los menores de 23 años”, expone el sociólogo del Trabajo Jaime Aja, que destaca la falta de medidas capaces de incidir realmente en el problema estructural de la fragilidad del empleo juvenil. El economista Antón Costas lamenta la escasez de ayudas específicas y pronostica: “En el mejor de los casos, volverán a casa de sus padres sin poder construir un proyecto de vida autónomo y tener hijos. En el peor, empeorarán todas las patologías sociales vinculadas al paro y a la falta de vivienda”. Por su parte, el Gobierno destaca los beneficios, también para los jóvenes, de medidas de gran impacto social como los ERTE. No obstante, el Instituto de la Juventud (Injuve) advierte: el 41% de trabajadores menores de 30 años protegidos por este “paraguas temporal” corren “grave riesgo” de ir al paro.

El reciente acuerdo del Consejo Europeo, que entre sus objetivos tiene combatir el desempleo juvenil, entreabre una puerta a la esperanza para unas generaciones que han recibido poca atención durante la crisis... hasta que se las ha señalado por un supuesto comportamiento irresponsable durante la desescalada. Los datos describen una realidad mucho más dura y compleja que la que dibujan los caricaturistas. 

Déficit de partida

Ya antes de la pandemia, en enero, Eurostat alertaba de que España se había convertido en el país de la UE con mayor tasa de paro de menores 25 años, con un 33%. La crisis anterior ya había dejado tiritando a los jóvenes. Según el último decil de salarios del INE, el sueldo medio de los jóvenes de entre 16 y 24 años se situó en 2018 en 1.091,7 euros mensuales, menos de la mitad de lo que cobraron, de media, los asalariados de 55 y más años (2.205,6 euros). En los jóvenes menores de 25 años, el porcentaje que cobra menos de 1.260,9 euros al mes alcanza el 65% (en los asalariados de 55 y más años el porcentaje baja al 24,1%). Salarios bajos dificultan la emancipación y obligan a dedicar, en caso de abandonar el nido, buena parte de los ingresos a pagar la vivienda.

Y llegó el coronavirus. Con el país casi cerrado por el estado de alarma y la economía bajo mínimos, empezó a haber voces que señalaban cómo la juventud era la que que más lo sufría. En mayo, la Secretaría de Estado de Seguridad Social informó de que más de la mitad de la pérdida de afiliados por el parón se produjo en menores de 35 años, pese a que apenas alcanzan el 25% de los asalariados. "Esto se debe a que son ellos quienes más se concentran en los contratos temporales", aclaraba el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. Inestabilidad de partida que se traduce en mayor riesgo de caída cuando vienen mal dadas: el círculo vicioso de la precaridad.

Diversos estudios acreditan que la magnitud del golpe sobre la juventud es mayor que sobre el resto de capas demográficas. Y no sólo económicamente. La Enquesta sobre l'impacte de la COVID-19: principals resultats referents a la població joven, del Centre d'Estudis d'Opinió, concluye que la población entre 18 y 35 años es el segmento que "más padece por su futuro y el más pesimista respecto a las consecuencias económicas".

Otro estudio, Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento, elaborado por seis universidades, indica que el 53% de las personas de entre 18 y 34 años presentan más problemas de concentración que antes de la pandemia y el 49% ha experimentado sentimientos depresivos, pesimistas o de desesperanza. Los jóvenes se encuentran más irritados y más angustiados que el resto. Los cambios de humor han sido habituales en el 56% de la población joven, frente al 45% entre 35 y 60 años. “Hay que tener en cuenta que los efectos psicológicos del confinamiento y de la crisis sanitaria pueden aparecer demorados en el tiempo y presentar tendencia a cronificarse, como es habitual en el curso del estrés postraumático y otras patologías relacionadas con las medidas de cuarentena”, señala el informe.

Jóvenes “en riesgo”

El Injuve, organismo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el Consejo de Juventud evaluaron la situación en plena pandemia. El resultado es el informe Juventud en riesgo, centrado en las consecuencias económicas de la pandemia sobre la población de 16 a 29 años y sus perspectivas ante la crisis. El informe destaca la protección que han supuesto los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), “una medida especialmente positiva para las personas jóvenes”. Ha habido un impacto de las políticas laborales sobre los jóvenes, por supuesto. En abril la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo de la población joven fue, por primera vez en años, superior a la del resto de la población (el 135% frente al 125,8%). Pero incluso este dato es muestra de mayor precariedad. “Si la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo de las personas jóvenes supera la del resto de la población es porque, excepcionalmente, los y las trabajadoras han podido registrarse y acogerse a estas prestaciones cuando no hubieran podido hacerlo en otras circunstancias, por no reunir los requisitos mínimos de período de cotización”, indica el Injuve, que advierte de que los ERTE son “un paraguas temporal”.

¿Por qué advierte el Injuve de esta "temporalidad"? La respuesta está otra vez en la precariedad. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha utilizado la última EPA para realizar una clasificación de la población ocupada con empleos vulnerables a corto plazo, en base a cuatro indicadores de precariedad. El 72,1% de la población joven reúne alguna o varias de las cuatro variables, frente al 53,4% de la población de 30 a 64 años. El Injuve cifra en el 41% el porcentaje de jóvenes protegidos por los ERTE que corren “grave riesgo de engrosar en el inmediato futuro las filas del paro, por la precariedad de su situación contractual y por el sector laboral no esencial en que se desempeña”. Además, un tercio de la población joven ocupada se dedica al comercio y a la hostelería, dos de los sectores de mayor riesgo, según el Banco de España.

El Injuve cierra el informe con una sentencia que describe la trampa de la precariedad. “El sistema contrata jóvenes en precario en épocas de bonanza y de mayor demanda, y los expulsa a bajo coste cuando se presentan crisis de consumo. […] La precariedad laboral amenaza a los jóvenes de dos maneras: de forma inmediata, serán los primeros en ser despedidos al término de los ERTE. A medio plazo, los que conserven sus empleos serán los más expuestos al despido si se materializa la amenaza de una crisis económica provocada por el coronavirus. A corto plazo, podemos empezar a intuir que los jóvenes sufrirán especialmente las consecuencias del fin […] de los ERTE”.

Políticas para jóvenes

La gravedad de la situación y la oscuridad de las perspectivas contrasta con la parquedad de las políticas específicas. infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como al Ministerio de Trabajo por las medidas dirigidas a la juventud. Ambos departamentos subrayan que, al ser el colectivo con “mayor riesgo de pérdida de empleo”, los ERTE operan sobre la juventud de manera “especialmente efectiva”.

Una de las principales preocupaciones del Ministerio de Trabajo ha sido, desde el inicio de la crisis de la covid-19, su impacto en la juventud”, señala el departamento de Yolanda Díaz, que destaca dos ejes de actuación: incentivos a contratos indefinidos para generar acciones de formación para el empleo por cuenta ajena que den prioridad a los jóvenes e incentivos de segunda oportunidad para autónomos. Como medida concreta, Trabajo señala la aprobación de un real decreto de subvenciones directas para el empleo que tiene al Injuve como destinatario de un millón de euros. El departamento de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que depende el Instituto de la Juventud, señala que las medidas destinadas a jóvenes, como los ERTE, han sido “transversales”.

Promesa de futuro

Jaime Aja, profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad de Córdoba, afirma que las políticas públicas adolecen –no sólo ahora, sino de forma estructural– de falta de fuerza para transformar la realidad de la juventud, especialmente la laboral. “No sólo es un problema de las políticas. Académicamente la juventud ahora mismo despierta poco interés. Se ha instalado un discurso en la sociedad según el cual la precariedad parece un peaje que hay que pagar”, afirma Aja, que recalca la injusticia de miradas prejuiciosas que llevan a clichés como el de los “ninis”, o incluso a presentar a los jóvenes como “irresponsables” por su conducta durante la “nueva normalidad”. “Se están sacando conclusiones sobre los jóvenes sin datos reales sobre la mesa”, señala.

Aja afirma que, por su posición más vulnerable en el mercado de trabajo, los ERTE acabarán teniendo efectos menos beneficiosos para los jóvenes, que pagarán cara la “discriminación de partida”. Y recuerda que el 15-M fue una primera expresión de frustración especialmente juvenil, en 2011, precisamente tras la crisis de 2008, la llamada Gran Recesión.

Con el Ingreso Mínimo Vital hay una exclusión objetiva y explícita, al dejar fuera a los menores de 23 años”, expone el sociólogo. A juicio de Aja, se dibuja una constante que acumula ya décadas: los avances en el Estado del bienestar han tendido a fortalecer la posición de las personas mayores a costa de las más jóvenes, que han recibido más y más formación y preparación para un futuro prometedor que nunca llega. “Las pensiones no contributivas se implantan en los 80 en paralelo a la reforma laboral que facilita la contratación temporal. Se ha ido precarizando el empleo de los jóvenes. A cambio, se les ha ido dando más universidad. Cuando escucho 'se ha estropeado el ascensor social', me pregunto: ¿Cuándo ha funcionado?”. El retroceso numérico de la población menor de 30 años en una sociedad cada vez más envejecida hace que “haya una escasa demanda social y un escaso interés político, añade”. Y ello alimenta la dinámica de desinterés y falta de fuerza de la demanda social. “¿Cuál es la política más relevante para jóvenes que se ha aprobado? La ampliacion de las becas. El mensaje vuelve a ser de regreso a la misma idea: 'Sigue estudiando y esperando tu oportunidad, porque a nivel de empleo no hay gran cosa para ti”.

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Fata de expectativas

“Con los ERTE protegemos a los trabajadores que tienen empleo. El seguro de paro ayuda a los que han trabajado. Actualizamos las pensiones. Pero no hay ningún programa de ayuda para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Son tan desempleados como los que han perdido el empleo. Vuelven a ser los más damnificados, como lo fueron en 2008”, escribe en un artículo publicado en El País Antón Costas, catedrático de Política Económica. Y añade: “En el mejor de los casos, volverán a casa de sus padres sin poder construir un proyecto de vida autónomo y tener hijos. En el peor, empeorarán todas las patologías sociales vinculadas al paro y a la falta de vivienda”. No hay que olvidar que esta crisis se inserta en medio de un fuerte enfriamiento demográfico. Los nacimientos han descendido un 27,3% en una década y el número medio de hijos por mujer se sitúa en la cifra más baja desde 2001, en 1,23. Expertos en demografía y sociología coinciden en que la pandemia "tendrá un efecto negativo en la fecundidad" [ver aquí información en profundidad].

“En España las políticas de juventud están infradesarrolladas”, indica Gema García-Albacete, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III y especializada en el análisis del comportamiento político de la juventud. “Los partidos prestan poca atención a los jóvenes porque son pocos, comparados con la gente mayor. Además, desarrollar el hábito de votar lleva tiempo. Con todo ello los partidos tienen menos incentivos para movilizarlos”, añade.Todavía está trabajando con los datos y ve precipitada una previsión sobre las consecuencias políticas del golpe. Pero, por investigaciones sobre crisis anteriores, advierte del riesgo de que la “desigualdad económica” genere también una “desigualdad política”. ¿En qué sentido? Según explica, se ha observado antes cómo los jóvenes con mayor capacidad para afrontar la crisis –por tener un colchón familiar, por ejemplo– suelen traducir más su frustración en indignación política, mientras los más desfavorecidos y con menos margen para aguantar caen antes en la apatía. Hoy los colchones de la mayoría son más finos que en 2008.

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