La Agencia Tributaria investiga quiénes son los titulares reales de más de 600 viviendas de lujo

La Agencia Tributaria (AEAT) no quita ojo de encima a la utilización de sociedades opacas en el mercado inmobiliario español más exclusivo. La Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR) tiene actualmente la lupa puesta sobre más de 600 inmuebles de lujo –con un precio superior al millón de euros– en los que figuran como titulares formales sociedades extranjeras cuyos dueños reales son desconocidos, según señalan a infoLibre fuentes tributarias. En total, el valor estimado de todas estas propiedades investigadas supera los 1.176 millones de euros. El objetivo principal de los expertos de la UCCCPR pasa por poner nombre y apellidos a los verdaderos dueños que se esconden tras las firmas. Algo que, según señalan los especialistas consultados, permitiría conocer si se están blanqueando capitales con dichas inversiones realizadas o si los propietarios reales están utilizando esta estrategia para intentar eludir el pago de impuestos.

Las pesquisas se enmarcan dentro del proyecto de investigación sobre sociedades opacas puesto en marcha por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. En esta primera fase se están realizando comprobaciones con 593 firmas afincadas en el extranjero que poseen viviendas de alto valor en nuestro país. Desde la Agencia Tributaria rechazan aportar información sobre las jurisdicciones en las que se encuentran todas estas sociedades o sobre las comunidades autónomas en las que se localizan los inmuebles que están bajo la lupa. Lo hacen bajo el argumento de que se trata de “información ligada al carácter reservado” del plan anual de control de la AEAT. Además, insisten en que facilitar todos estos datos podría terminar dificultando el control que se está realizando en esta materia. “Facilitaría que se conozcan las fortalezas del sistema de análisis de la información y, por tanto, que sea más fácil buscarle debilidades”, exponen desde el organismo a este diario.

Los seis centenares de casas a las que la Agencia Tributaria ha echado el ojo representan una pequeña parte del mercado de propiedades de alto valor en nuestro país. En 2017, la plataforma Precioviviendas calculaba que en suelo español había unos 39.000 inmuebles valorados en más de un millón de euros. El estudio sólo hacía referencia a viviendas plurifamiliares. Es decir, a pisos. Fuera quedaban, por tanto, otro tipo de casas unifamiliares como pueden ser los chalés o las grandes villas, por lo que la lista de propiedades de alto valor es mucho mayor. ¿Y dónde se encontraban esas viviendas recogidas en el estudio? La mayoría en Madrid y Barcelona: 20.000 en la capital y 15.000 en la Ciudad Condal. La tercera posición en la clasificación, aunque a gran distancia de las dos principales urbes, la ocupaba Palma de Mallorca, con unos 1.200 inmuebles de estas características. Ya por debajo del millar, ciudades como Marbella, Valencia, Ibiza o Alcobendas.

“Amalgama de delitos”

El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, comienza explicando que la utilización de este tipo de sociedades interpuestas para la compra de casas no siempre se traduce en la comisión de un delito. “Los propietarios reales pueden tener todo en orden”, explica. Sin embargo, señala que esta estrategia puede ser utilizada para evitar el pago de tributos. Pone el ejemplo del impuesto de transmisiones patrimoniales. “En la venta, se transmite la totalidad de las acciones de esa sociedad propietaria del inmueble. Antes había un propietario, por ejemplo una sociedad gibraltareña, y ahora el propietario sigue siendo esa misma sociedad gibraltareña. Lo único que ha ocurrido es un cambio de accionista”, explica el experto al otro lado del teléfono. Eso, continúa, tiene además otros problemas añadidos: “El vendedor, si compró por cuatro millones y vendió por seis, no va a tributar por esos dos millones de beneficio aunque sea un no residente que obtiene una ganancia patrimonial en España por la que debería tributar”.

Otro riesgo que expone Mollinedo es el del blanqueo de capitales. Pero pone algunas posibilidades más sobre la mesa. Por ejemplo, que ocultando la posesión de la propiedad a través de una sociedad interpuesta no se esté realizando en las declaraciones del IRPF la imputación de rentas correspondientes a dicho inmueble. “O que tampoco se esté imputando en el Impuesto de Patrimonio”, continúa el experto. “La amalgama de delitos que se podrían estar cometiendo con solo una operación de estas es importante”, culmina el secretario general de Gestha.

La adquisición de inmuebles en nuestro país a través de sociedades radicadas en el extranjero no es algo extremadamente raro. De hecho, fue una de las cosas que se puso de manifiesto en la investigación de los Paradise Papers llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). La documentación analizada hace casi tres años puso de manifiesto que decenas de inmuebles en España, buena parte de ellos ubicados en la Costa del Sol y el entorno de Marbella, habían sido adquiridos a través de sociedades registradas en paraísos fiscales o en jurisdicciones opacas. En algunos de los casos localizados, la compra que se había hecho a través de la estructura societaria no impedía identificar en último término a los propietarios reales. Sin embargo, en otros resultaba extremadamente complicado sin tener acceso a la documentación de la firma pantalla que operaba desde el paraíso fiscal, algo difícil a veces hasta para la propia Administración del Estado.

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Del 'caso ático' al chalé de Moix

El empleo de firmas opacas interpuestas para la adquisición de inmuebles en suelo español formó parte de la famosa instrucción del caso ático que ha perseguido al expresidente madrileño Ignacio González durante ocho años. La lujosa vivienda de Estepona ubicada a medio kilómetro de la playa fue adquirida en 2008 por la sociedad domiciliada en Delaware (Estados Unidos) Coast Investors LLC, una firma dirigida por el testaferro profesional Rudy Valner cuya verdadera propietaria era, al mismo tiempo, la firma panameña Waldorf Overseas. Nada más comprar el ático, la empresa estadounidense se lo alquiló a González y a su mujer, que no lo comprarían oficialmente hasta diciembre de 2012, cuando el sindicato policial SUP ya había interpuesto una denuncia por sospechas de corrupción. La causa, sin embargo, está sobreseída provisionalmente desde la pasada semana. Tras años de una investigación plagada de errores y retrasos, el juez instructor decidió dar carpetazo al asunto al entender que no se habían encontrado “indicios suficientes” para “apoyar” la imputación del matrimonio.

El uso de esta estrategia para comprar inmuebles también salpicó a quien fuera fiscal jefe de Anticorrupción. En mayo de 2017, este diario desveló que Manuel Moix llevaba cinco años siendo dueño del 25% de una empresa panameña propietaria de un chalé en la Comunidad de Madrid. En concreto, Duchesse Financial Overseas había sido constituida en Panamá en enero de 1988 y, mes y medio más tarde, había adquirido un inmueble en la localidad de Collado Villalba. La vivienda perteneció a los padres de Moix hasta que, tras su fallecimiento, los hijos heredaron el control de la compañía panameña y su propiedad en suelo español. El escándalo terminó precipitando la dimisión del jurista al frente de Anticorrupción.