La marcha del emérito no afectará a la investigación de la Fiscalía salvo que rechace rendir cuentas desde un país sin extradición

Juan Carlos de Borbón pone tierra de por medio en plena investigación por sus finanzas y negocios ocultos en el extranjero. Con el cerco estrechándose por unos tejemanejes que el propio emérito califica de "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada", el monarca ha decidido abandonar el territorio español. El anuncio se produce dos meses después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiera asumir las pesquisas contra Juan Carlos de Borbón por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. A pesar de su exilio, los expertos penalistas consultados por infoLibre sostienen que el hecho de que comience a vivir en un país extranjero no tiene por qué afectar a la investigación que se está llevando a cabo. Otra cosa diferente sería, dicen, que el emérito decidiese sustraerse en un momento dado de la acción de la justicia. En este sentido, la clave estaría en la jurisdicción en la que se encontrase y, en caso de ser un tercer país, en el hecho de que tuviera o no convenio de extradición. La defensa de Juan Carlos de Borbón, no obstante, ya ha dejado claro que el monarca colaborará en todo momento.

La salida del emérito llevaba semanas sonando en diferentes medios de comunicación. Era cuestión de tiempo. En los últimos meses, la investigación suiza dirigida por el fiscal Yves Bertossa había puesto sobre la mesa una transferencia millonaria –65 millones de euros– de Arabia Saudí a una cuenta de la fundación panameña Lucum, tras la que se encontraba la figura de Juan Carlos de Borbón. Unas informaciones que obligaron a Felipe VI a repudiar públicamente la herencia que pudiera dejarle su padre y que terminaron obligando a comienzos de junio a la Fiscalía del Supremo a asumir una investigación para dilucidar si los hechos pudieran ser constitutivos de algún delito. Ahora, con el rey emérito fuera de España, el Ministerio Público, que se encuentra analizando la documentación aportada por el país helvético, llama a la tranquilidad. Las pesquisas, dicen, se seguirán desarrollando con normalidad. Fuentes fiscales han asegurado a Europa Press que la salida del monarca no tiene por qué perjudicar, en principio, al avance del caso que se encuentra en manos del fiscal Juan Ignacio Campos.

Exactamente lo mismo opinan la media decena de juristas especializados en derecho penal consultados por este diario. "Dada la naturaleza de los delitos, el hecho de que abandone el país no tendrá ninguna consecuencia desde el punto de vista de la investigación", sostiene José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. "La investigación no tiene por qué verse alterada", coincide Francisco Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Todos ellos explican que si llegado el caso se le llama a declarar, podrá hacerlo perfectamente. Ya sea presencialmente o por vía telemática. En este sentido, la representación legal del emérito, que encabeza el reputado jurista Javier Sánchez-Junco, ha dejado claro que el monarca colaborará. "El rey Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante de su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna", recalcó este lunes el letrado en un comunicado.

Convenio de extradición

"Lo siento mucho, me he equivocado"... y volvió a ocurrir: una sucesión de escándalos con España como testigo

Ver más

Desde algunas formaciones como Podemos, IU y ERC se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que detrás del exilio del emérito se encuentre un intento de sustraerse a la acción de la justicia. Los juristas consultados lo consideran una opción remota. "El daño que haría a la institución sería muy importante", sostiene uno de ellos. Por el momento, no hay siquiera una investigación formal sobre los negocios del monarca. No obstante, los expertos señalan que si se llegara a ese escenario y se diera el caso de que el monarca rechazara rendir cuentas ante los tribunales, las consecuencias dependerían del lugar en el que se encontrara residiendo Juan Carlos de Borbón. "Dentro de Europa no tendría ninguna posibilidad. Ni siquiera en Suiza", apunta Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. "Si se encontrase dentro del espacio Schengen, se tendría que emitir una euroorden llegado el caso de que se le reclamase y no viniese voluntariamente", asevera, por su parte, el letrado penalista Manuel Ollé.

Algo más complicado sería si se fuera a un tercer Estado. En ese caso, recuerda Joan Josep Queralt, catedrático de Penal en la Universidad de Barcelona, habría que solicitar la extradición. Y en este sentido, conocer el país destino es fundamental. "Si no hay convenio de extradición, no habrá colaboración", asegura el jurista. Por el momento se desconoce el destino de Juan Carlos de Borbón. La Casa Real no ha querido hacerlo público. No obstante, se especula con la opción de que la nueva residencia del monarca vaya a estar en República Dominicana, un país que tiene tratado de extradición con España desde la década de los ochenta. En caso de que no se le pudiese traer de vuelta, los expertos recuerdan que no podría ser ni juzgado ni condenado. ¿El motivo? Que la ley impide abrir juicio oral contra un acusado ausente cuando la pena que se le pueda imponer supere los dos años de cárcel.

Los juristas consultados recuerdan que la salida del emérito de España también podría provocar que el monarca comenzara a tributar fuera del país. "Si cumple con los requisitos del Estado al que vaya, pagaría allí sus impuestos", explican. Pero eso no quita, dicen, que se haga borrón y cuenta nueva a las cuentas que tiene pendientes con la Hacienda española. En las últimas horas, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el monarca decida acogerse al artículo 305 del Código Penal, que contempla la regularización fiscal voluntaria para evitar la apertura de un procedimiento penal antes de que se notifique cualquier investigación. "Las deudas pendientes las tiene que satisfacer en España", apunta Cancio. "El terreno de juego en todo este caso seguirá siendo nuestro país", recalca Ollé.