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Crisis del coronavirus

Sanidad toma las riendas sin oposición ante el miedo al colapso en septiembre y la disparidad de medidas autonómicas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa.

Once medidas de control en siete ámbitos diferentes, tres recomendaciones y una "indicación de observancia". Este es el resumen de lo aprobado este viernes en el marco del Consejo Interterritorial de Sanidad convocado con carácter extraordinario un día antes por el ministro Salvador Illa. La reunión fue ágil y antes de las 14.00 horas el titular de Sanidad comparecía antes los medios para anunciar la letra pequeña del acuerdo y para destacar que este había recibido luz verde por unanimidad. Ninguna comunidad autónoma se desmarcó de medidas tan contundentes como el cierre de los locales de ocio nocturno, la restricción de horarios o la prohibición de fumar en la vía pública o en las terrazas de los establecimientos hosteleros si no puede garantizarse una distancia mínima interpersonal de dos metros. Con ello, el ministerio toma las riendas y unifica medidas que algunas comunidades habían empezado a adoptar dentro de sus competencias sanitarias. Se trata de enfilar el otoño con el virus más controlado y poniendo fin a los contagios en ámbitos y en franjas de edad en los que se ha disparado, como en los locales de copas, con los más jóvenes como principales afectados.

El ministro destacó que es la primera vez en democracia que las comunidades autónomas y el Gobierno pactan una batería de acciones en el ámbito de la salud pública que se aplicarán en todo el país de forma coordinada. Y cerró la puerta, al menos de momento, a ir un paso más allá que implique la vuelta al mando único. Cuando se levantó el estado de alarma se puso fin al mando único y son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad de gestionar la pandemia en el marco de sus competencias. Lo que ocurre ahora es que todos los territorios deberán aplicar, además, esas once medidas aprobadas por unanimidad.

Para que lo acordado en el Consejo Interterritorial de Sanidad sea una realidad, las comunidades autónomas deben trasponer las medidas a sus respectivos ordenamientos jurídicos. El Ministerio de Sanidad no ha fijado una fecha tope para su entrada en vigor. Pero la idea es que esto ocurra lo antes posible.

Un mínimo común

Comunidades autónomas que, por ejemplo, se han mostrado hasta la fecha reticentes a poner coto al ocio nocturno o debatían cómo abordar cuestiones relacionadas con el tabaco en los espacios públicos ven cómo se cierran estos debates a iniciativa del ministerio. También, y no es una cuestión menor, porque las residencias de mayores han sido las peor paradas durante el primer brote, se ven obligadas a adoptar una serie de medidas en estos centros sociosanitarios.

La limitación de las visitas a una persona por día, la obligación de realizar PCR a los nuevos ingresos y a los trabajadores que vuelven de vacaciones y la limitación de las salidas de los residentes son medidas que intentan controlar la situación para evitar el cierre total de las residencias, como ha ocurrido en los últimos meses. Un mínimo común para todas comunidades.

Sólo 24 horas antes de esta reunión, nueve sociedades médico-científicas emitían un comunicado en el que advertían de que si no se tomaba cartas en el asunto podíamos estar ante "un nuevo colapso de la sanidad". En uno de los puntos figuraba lo siguiente: "Las medidas que se están tomando no son suficientes para controlar la transmisión de la infección por lo que es imprescindible que se pongan en práctica nuevas medidas coordinadas, rápidas y eficaces entre la administración sanitaria central y las administraciones sanitarias autonómicas". Lo aprobado este viernes en el Consejo Interterritorial de Sanidad va en esta línea.

La oposición: a vueltas con la "coordinación"

En las últimas semanas, sobre todo desde los partidos de la derecha, se había cuestionado al Ministerio de Sanidad por no tomar el control de la situación y por no "coordinar" un mínimo de medidas con las comunidades autónomas. En el caso del Partido Popular, las críticas chirriaban si se tiene en cuenta que en las últimas prórrogas del estado de alarma, a las que Pablo Casado y sus diputados se opusieron, los conservadores llegaron a hablar de "dictadura constitucional" y se exigía que se permitiese que las comunidades autónomas tomasen las riendas de la situación.

Este mismo viernes, casi de forma paralela al anuncio de Illa, el presidente del PP criticaba Pedro Sánchez por su "irresponsabilidad e imprevisión". Como si no todo el Gobierno fuese corresponsable de las actuaciones coordinadas anunciadas por el ministro. Al presidente del Gobierno, dijo Casado, "esta segunda oleada le ha pillado de vacaciones en Lanzarote" como la primera le pilló "convocando las manifestaciones del 8M". Casado hacía esta crítica desde Almería, también de vacaciones.

Al cierre de esta edición, sólo la Comunidad de Madrid, de las regiones gobernadas por el PP, había expuesto reservas al plan que, en todo caso, había contado horas antes con el aval de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Al filo de las 20.00, seis horas después de que Illa compareciera ante la prensa, fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid subrayaban que "las medidas planteadas por el Ministerio de Sanidad son una recopilación de las medidas que ya están aplicando las comunidades autónomas". Y que "la mayoría de ellas ya las ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid". Si se contrastan estas afirmaciones con la realidad, de momento, la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso, no ha establecido el cierre de los locales nocturnos. Tampoco ha adoptado restricciones al tabaco en los espacios públicos. Ni todas las iniciativas anunciadas tras el Consejo Interterritorial para las residencias de mayores. Cuando lo haga, lo hará en base al acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad.

"Madrid ha echado en falta que el Ministerio de Sanidad siga sin coger el toro por los cuernos y apruebe un marco normativo común para toda España, escudándose en el marco competencial de autonomías y ayuntamientos", se quejan en la Puerta del Sol.

Ciudadanos, por su parte, muy en la línea de sus reacciones de los últimos meses, se atribuyó parte del mérito de lo acordado entre Sanidad y las comunidades autónomas. "Por fin el Gobierno escucha a Cs y aplica la declaración de actuaciones coordinadas que le obligamos a incluir en el decreto de nueva normalidad. Hoy hace ya un mes que se lo pedimos. Aunque llega tarde, celebramos que, cuando se trata de la salud de todos, no haya 17 legislaciones distintas", escribió en su cuenta de Twitter el portavoz adjunto del partido naranja en el Congreso, Edmundo Bal.

Los primeros obstáculos

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Cuando todavía no se han implementado ninguna de las once medidas ya han empezado los primeros síntomas de que alguna de ellas va a encontrarse con una seria oposición. Y, por ello, no se descartan choques en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos, cuando en última instancia la competencia sea municipal

La Confederación Empresarial de Hostelería de España, que representa a nivel estatal al conjunto de más de 300.000 empresas que integran este sector, criticó la "falta de coordinación y planificación del Gobierno" y advirtió de que el sector no puede asumir más medidas restrictivas "sin ningún tipo de apoyo", puesto que la "persecución" al sector pone en riesgo entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajos directos e indirectos. Exigen medidas compensatorias.

Por su parte, el Gremio de Restauración de Barcelona anunció medidas cautelares contra la restricción de horarios en bares y restaurantes. En un comunicado, al que tuvo acceso Europa Press, el Gremio ha criticado que el ministro de Sanidad "insista en acortar el horario de funcionamiento de la restauración después que la justicia haya dictaminado que avanzar o acortar el horario de cierre no comporta una mayor o menor transmisión". Es por ello que ha manifestado que "pedirán medidas cautelares contra la resolución que dicte la Generalitat de Cataluña si incluye dicha restricción horaria".

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