Monarquía

'Regalos' de empresarios, negocios a través de Caimán o casas ocultas: la tormentosa relación de la realeza europea con el dinero y los paraísos fiscales

Los príncipes herederos de Dinamarca, Federico y Mary.

Tres meses antes de morir, el exministro socialista Alfredo Rubalcaba definía al rey emérito como “un tipo listo, un superviviente”. En aquel momento, las sospechas sobre los supuestos negocios y la fortuna oculta en el extranjero de Juan Carlos de Borbón se sujetaban fundamentalmente sobre las famosas cintas que recogían las conversaciones de su examante Corinna Larsen con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ahora, un año después, los audios que entonces le incriminaban han dado paso a documentos concretos. Papeles con su propia firma que, a la espera de lo que se determine a nivel judicial, ponen de relieve una actitud del monarca éticamente reprochable. Evidencias que han terminado por convertir a ese “tipo listo”, a ese “superviviente”, en un exjefe de Estado en paradero seudodesconocido. A pesar de haber tenido todo durante su reinado, le pudo el dinero. Una avaricia que también ha salpicado a otras tantas monarquías europeas. Paraísos fiscales, inversiones ocultas o desvío de fondos públicos que no suelen tener consecuencias legales pero que ponen a la institución en una posición extremadamente delicada.

Pocos meses antes de que las cintas de Villarejo se convirtieran en un problema para la Casa del Rey, en noviembre de 2017, la tormenta arreciaba a más de 1.700 kilómetros de la Zarzuela. En Londres, esa ciudad que se ha convertido en el refugio de la empresaria germana que ha puesto contra las cuerdas al emérito. A primera hora de la mañana, en el Palacio de Buckingham, la publicación de los papeles del paraíso ponía todo patas arriba. Y no era de extrañar. La investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelaba que el Ducado de Lancaster, de donde provienen la mayoría de los ingresos para gastos personales de la reina Isabel II, había invertido entre 2004 y 2005 alrededor de 13 millones de dólares en dos fondos offshoreoffshore. Una parte fue a parar a uno radicado en Bermudas. La otra, a uno afincado en las Islas Caimán que, a su vez, invertía en una compañía que controlaba una firma británica ampliamente cuestionada por los reguladores de consumo y el propio Parlamento por vender bienes a ciudadanos en situación de necesidad con intereses que podían alcanzar el 99,9%.

El escándalo a nivel político fue mayúsculo. Y reabrió el debate sobre la necesidad de arrojar más luz sobre las cuentas de la monarquía, considerada una de las más transparentes del Viejo Continente. John McDonell, el denominado portavoz laborista en la sombra, no dudó en pedir “total apertura y transparencia” en relación con la información financiera y tributaria de la monarca. Buckingham, en todo momento, defendió que las inversiones de Isabel II eran “legítimas” y estaban “totalmente auditadas”. “De forma voluntaria, paga impuestos sobre cualquier ingreso que reciba del ducado”, completó entonces la institución. Pero aparte del encendido debate político en sede parlamentaria, no hubo mucho más y la historia se terminó diluyendo como un azucarillo. Ahora, tres años después, el quebradero de cabeza de la institución es otro: Andrés de York. El príncipe, que se vio obligado a abandonar hace unos meses sus funciones públicas, está en el radar de la justicia estadounidense por su presunta relación con la trama de pedofilia del magnate Jeffrey Epstein.

Si al Ducado de Lancaster le gustaban las islas de baja o nula tributación en el Caribe y el Atlántico Norte, a los Orange de Holanda les atraía más el Canal de la Mancha. La princesa Cristina fue duramente criticada en su país allá por 2009 por el “mal ejemplo” que daba al haber decidido, siendo residente en Londres, guardar la herencia millonaria que le habían dejado sus padres en la isla de Guernsey a través de un fondo gestionado desde los Países Bajos. Pero la polémica que más daño hizo a la institución fue la de Guillermo Alejandro y Máxima en relación con la mansión que se habían construido en Mozambique. El lujoso inmueble comenzó a levantarse en 2007, cuando los ahora reyes eran príncipes herederos. Y fue muy cuestionado social y políticamente por encontrarse demasiado alejado del país, con los gastos de seguridad que suponía en plena crisis económica. Pero lo realmente insostenible fue cuando se publicó que parte del inmueble se lo habían pagado a un agente inmobiliario con cuenta corriente en la isla de Jersey.

El asunto se convirtió en una bomba de relojería en un país que, curiosamente, funciona como pieza fundamental en la estrategia de ahorro fiscal de algunas de las principales compañías del mundo. El Servicio de Información del Gobierno tuvo que salir a aclarar que los príncipes “no se lucraron” y abonaron los tributos correspondientes. Pero eso no evitó que la noticia saltara a la arena política. Desde el Parlamento se cuestionó “la moral de los Orange” a la hora de “manejar su patrimonio”. “Es lamentable que se haya publicado una información secreta”, sostuvo, por su parte, el primer ministro, Mark Rutte. Al final, el tema terminó quedando en eso, en una polémica. La lujosa villa se vendió por “una cantidad simbólica” –no se llegaron a desvelar más detalles de la operación–. Y todo acabó.

Inversiones inmobiliarias secretas

Las inversiones inmobiliarias también han sido un problema para dos de las Casas Reales escandinavas: la de Noruega y la de Dinamarca. Y, de nuevo, los príncipes herederos en el centro de la polémica. En el primer país, la tormenta arreció sobre la institución en octubre de 2016, cuando el diario británico The Sunday Times reveló que el futuro monarca había alquilado más de una decena de inmuebles de propiedad oficial sin haber pedido permiso. Y en algunos casos, además, bordeando las leyes noruegas. En total, el rotativo recogía cinco pisos que no cumplían las condiciones de seguridad para vivir y cifraba en 140.000 libras esterlinas –alrededor de 150.000 euros al cambio actual– las ganancias que podía haber obtenido con dichos arrendamientos. Al otro lado del Estrecho de Kattegat, en suelo danés, el problema para la Corona llegó en enero de este mismo año, cuando los príncipes herederos anunciaron que los niños comenzaban su nueva etapa escolar en un elitista colegio suizo. Sin embargo, aquella inocente noticia se convirtió en una bomba cuando se supo que la familia se había instalado en una propiedad familiar cuya existencia se desconocía.

El inmueble, de nuevo, fue adquirido en plena crisis financiera. Lo compró el heredero al trono con sus ahorros. El problema está en que la ley danesa sólo permite a los miembros de la Casa Real hacer inversiones en el extranjero cuando el Parlamento lo autorice. En este caso, nadie tenía constancia de ese inmueble. Ni tampoco de que la pareja real se embolsara “entre 4.000 y 11.600 euros”, según cifró el rotativo danés Ekstra Bladet, por alquilar la propiedad a través de una inmobiliaria cuando no estaba ocupada. Desde Amalienborg, la residencia oficial de la reina, anunciaron que los príncipes dejarían de hacer negocio con la casa, pero rechazaron hacer más valoraciones al considerarlo “un asunto privado”. Donde sí que se hicieron comentarios fue en el Parlamento. Desde la Lista Unitaria, la alianza roji-verde de la izquierda, recordaron que eran los daneses los que pagaban la vida de los miembros de la institución y que, por tanto, la ciudadanía debería haber tenido conocimiento de la propiedad. La derecha, por su parte, prefirió salir al rescate: “No vemos ningún problema con este asunto. Además, deberíamos verlo como un caso antiguo”.

Ni Fiscalía, ni tribunales

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El caso Verbier, por la localidad suiza donde se encontraba la casa de campo de los príncipes daneses, también terminó consumiéndose. Al igual que el escándalo que puso en un aprieto a los herederos al trono sueco, Victoria de Suecia y Daniel Westling. Aquella crisis fue mayúscula desde el primer momento, cuando se descubrió que el magnate Bertil Hult había financiado el lujoso viaje de novios de la pareja. Pero todo se puso más negro cuando se presentaron ocho demandas por soborno, corrupción y tráfico de influencias al entender que detrás del regalo podría haber un intercambio de favores. Acciones judiciales que terminaron guardadas en un cajón. La Fiscalía Anticorrupción decidió dar carpetazo al asunto. Y lo hizo bajo el argumento de que los miembros de la familia real no podían ser acusados de tales delitos. “Las realezas no son funcionarios del Estado en el propio sentido de la palabra, como puede serlo un primer ministro o un director general. […] Eso quiere decir que aunque alguien haya intentado sobornar a Victoria, nunca puede ser acusada de soborno”, explicó el fiscal Gunnar Stetler.

Por aquel entonces, la Casa Real belga ya tenía experiencia en investigaciones por asuntos turbios. En su caso, la oveja negra que había puesto contra las cuerdas a la institución era el príncipe Laurent, que se vio salpicado por una trama que desvió más de dos millones de euros de los fondos de la Marina. Las investigaciones pusieron sobre la mesa que 175.000 euros fueron utilizados, nada menos, para decorar la residencia oficial del hijo menor de Alberto II. El juicio arrancó en enero de 2007. Pero en el banquillo de los acusados no se sentó, por supuesto, el príncipe. En su caso, se presentó ante el tribunal para declarar en condición de testigo. Eso sí, después de que su padre firmara una orden dando luz verde a la personación de Laurent, quien en sede judicial reconoció saber que el dinero –que tuvo que devolver– procedía de la Marina, aunque señaló que desconocía su origen fraudulento. Su imagen en todos los medios no le sirvió de escarmiento. En 2017, se vio obligado a regresar a las arcas belgas 16.000 euros después de que el Tribunal de Cuentas rechazase que Laurent presentara como gastos oficiales facturas de supermercados, costes de un viaje de esquí o gastos escolares de sus hijos.

Ni siquiera las monarquías más pequeñas se libran de los grandes escándalos. En Luxemburgo, la Fiscalía abrió en febrero una investigación sobre el presunto maltrato físico que habrían recibido los empleados de la institución, tal y como se había denunciado en algunos medios de comunicación. La decisión llegó tras la publicación del denominado informe Waringo, un documento encargado por el Ejecutivo del país a quien fuera director de la Inspección General de Finanzas. El estudio, elaborado por Jeannot Waringo tras seis meses de entrevistas con los empleados, no habla específicamente de violencia física pero sí que recoge el tenso clima que se respira entre los trabajadores. En los últimos cinco años, señalaba el estudio, casi la mitad de los empleados habían sido despedidos o habían dejado su puesto. El informe, además de abordar la cuestión de los recursos humanos, también proponía articular un mecanismo para que la gestión financiera de la familia real fuera más transparente. Principalmente, a través de una entidad que permita diferenciar la actividad institucional del monarca de la privada.

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