Así es Emiratos, el país que acoge a Juan Carlos I: nula libertad de expresión, migrantes esclavos y diez años de prisión por ser homosexual

Tras semanas de especulaciones desde que el pasado 3 de agosto el rey emérito Juan Carlos de Borbón comunicara que abandona España, hoy la Casa Real ha confirmado el destino: Emiratos Árabes Unidos. Se habló de Portugal, de República Dominicana e, incluso, de Nueva Zelanda. Pero, después de días de silencio compartido por el Gobierno, la institución ha emitido un comunicado asegurando no solo que el monarca reside en el país árabe, sino que no ha habido ningún destino intermedio: está allí desde el lunes en el que se conoció la noticia del exilio. No sorprende a nadie: son bien conocidas las prolíficas relaciones de Juan Carlos I con las autocracias del Golfo Pérsico, no solo con Arabia Saudí. Ha elegido un destino conocido no solo por sus abundantes reservas de petróleo, base de la abundancia que maneja la élite: también por sus violaciones continuas de los derechos humanos, su sistema económico basado en la explotación y en la miseria de trabajadores migrantes sin apenas protección, su represión a los activistas, su legislación opresora contra mujeres, homosexuales y minorías y su absoluta falta de democracia. 

Emiratos Árabes Unidos es un país reciente que, como su nombre indica, surge de la unión política de siete emiratos: Abu Dabi, Dubái, Sarja, Ajmán, Ras al-Jaima, Umm al-Caiwain y Fuyaira. Los dos primeros son los de mayor importancia, por lo que rige la norma no escrita que establece que el presidente del país sea el emir de Abu Dabi y el primer ministro, el de Dubái. Precisamente del segundo el emérito recibió en 2011 un obsequio de dos Ferrari, dos coches de alta gama a los que el por entonces rey de España renunció. También le une una amistad con el príncipe heredero del emirato de Abu Dabi, el jeque Mohamed Bin Zayed. Desde su abdicación, Juan Carlos de Borbón ha viajado en al menos tres ocasiones al país para acudir a las carreras del Gran Premio de Fórmula 1. Una de esas visitas fue especialmente polémica, ya que saludó a Mohamed Bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudí, en plena polémica por el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi por parte del régimen.

El país suele aceptar de buena gana a exiliados, políticos de otros países que desean poner pies en polvorosa o grandes fortunas que quieren poner a resguardo su dinero en tiempos de inestabilidad política. Con solo una condición: no hablar de la situación del país. No se prevé que Juan Carlos de Borbón sea un problema para la monarquía federal: nunca se le ha visto ni un atisbo de intentar defender la democracia y los derechos humanos en los países del Golfo Pérsico a lo largo de décadas de relaciones, regalos, intermediaciones y supuestas mordidas. Y tendría mucho de qué hablar. Emiratos Árabes Unidos es un país sistemáticamente criticado por las asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos por la represión política, las desigualdades y el pésimo trato a las minorías, así como a las mujeres. No ha habido apenas avances reseñables, ningún tipo de aperturismo, en décadas. 

Emiratos ha sido noticia esta semana por el restablecimiento de conversaciones con Israel, aunque según los analistas mantenían una relación fluida desde, al menos, 2010. Es la primera de las monarquías del Golfo Pérsico que da el paso. Les unen intereses económicos, comerciales y un enemigo común: Irán, de mayoría chií. Pero en el capítulo de relaciones internacionales, otras intervenciones son menos pacíficas: es parte de la coalición que, con Arabia Saudí como actor principal, participa desde hace años en la guerra civil de Yemen. Dicha coalición ha sido acusada en múltiples ocasiones de crímenes de guerra e, incluso, de genocidio por los ataques indiscriminados contra la población civil. 

Dentro de sus fronteras, la situación no es precisamente halagüeña. Jamás hay elecciones en Emiratos Árabes Unidos: los principales cargos son hereditarios, al igual que en otras monarquías absolutistas de la zona. La mayoría de medios de comunicación cuenta con participación estatal. No se les censura con demasiada frecuencia, porque practican la autocensura. Los activistas nacionales son sistemáticamente encarcelados y silenciados, con multitud de acusaciones de torturas y de aislamientos ilegales según los convenios internacionales. Amnistía Internacional ha denunciado en varias ocasiones la situación de Ahmed Mansoor, que lleva tres años en régimen de aislamiento por "insultar la categoría y el prestigio de Emiratos Árabes Unidos y sus símbolos, incluidos sus líderes". Su prolongado encarcelamiento, opinan desde la organización, "es el indicador real del papel de 'vivero de la tolerancia' que Emiratos Árabes Unidos intenta desempeñar".

No es el único caso de abusos del Estado árabe. Osama al Najjar estuvo dos años en prisión por, sencillamente, poner unos tuits en los que cuestionaba al país por los malos tratos que su padre estaba sufriendo en la cárcel. El preso libanés Ahmad Ali Mekkaoui, condenado a 15 años tras las rejas por terrorismo, afirmó en el juicio que había sufrido torturas, incluyendo violaciones anales con una barra metálica. Naciones Unidas determinó que su detención había sido arbitraria. "Decenas de presos y presas de conciencia siguen recluidos en condiciones terribles", asegura Amnistía Internacional. 

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Los ciudadanos extranjeros representan más del 88,5% de la población de los EAU. Los más pobres son los que levantan las altas torres, la inmensa mayoría que no percibe ni un solo beneficio de la riqueza de los élites y de los que les siguen el juego. Consiguen trabajo mal pagado gracias a un sistema común en el Golfo Pérsico llamado kafalakafala: son ellos los que abonan al empleador cuantiosas sumas de dinero por obtener visas que les permitan quedarse en el país. A cambio, las condiciones económicas son pésimas –no hay salario mínimo–, malviven muchas veces hacinados, es habitual el impago de salarios, y, en caso de renunciar, les esperan multas, deportaciones o incluso penas de prisión. Los trabajadores domésticos, además, son aún más vulnerables: están más expuestos a abusos de carácter sexual. "Una ley de 2017 amplió las protecciones laborales clave a los trabajadores domésticos, pero las disposiciones siguen siendo más débiles que las de la legislación laboral nacional del país", explica Human Rights Watch. 

Arabia Saudí suele acaparar todos los titulares en cuanto a legislación discriminatoria contra las mujeres se refiere, pero en Emiratos Árabes Unidos no pueden tampoco presumir de igualdad. La ley ampara los malos tratos intrafamiliares y la violencia de género, al ser entendida como el ejercicio de sus derechos por parte del esposo: la mujer, según el ordenamiento jurídico vigente, le debe "respetuosa obediencia". Las mujeres necesitan permiso de su marido para abrir un negocio, trabajar o, en definitiva, tomar cualquier tipo de iniciativa en su vida pública. Las relaciones extraconyugales están penadas, así como la práctica de la homosexualidad: la "sodomía" es penada con más de 14 años de cárcel en Abu Dabi, y en Dubái, el Código Penal impone penas de más de diez años por "sodomía consensuada". Si la práctica es cometida por un extranjero, la deportación es inmediata.

Salvando algunas reformas puntuales, no ha habido avances en Emiratos Árabes Unidos en los últimos años. Eso sí, según el último informe del Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se ha comprometido a fomentar la "participación pública" de la ciudadanía (sin derecho a escoger a sus representantes), a lanzar programas de "empoderamiento" de las mujeres (que no pueden poner un pie en la calle sin el visto bueno de su marido), a proteger con eficacia a los trabajadores migrantes y a cumplir con la Agenda 2030. El propio Comisionado, en su informe, reconoce que los "indicadores internacionales" otorgan "puestos destacados" al país. "El Estado ocupa el primer lugar entre los países árabes y el 21º a nivel mundial en el Índice de Felicidad del Planeta, de conformidad con el Informe sobre la felicidad en el mundo de 2017". Los migrantes pobres, las mujeres, los homosexuales y los activistas probablemente no estén de acuerdo. Juan Carlos de Borbón, que ha elegido para su retiro un país sin trazas de democracia, no parece que se vaya a encontrar con ningún inconveniente.