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Crisis del coronavirus

Gobierno y comunidades acuerdan impulsar un “plan de choque” para afrontar los rebrotes en las residencias

  • Aragón, Asturias, Extremadura, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia reclaman más dinero para garantizar la atención a los mayores y la Vicepresidencia Segunda enfatiza la necesidad de reforzar “urgentemente” el sistema de atención a la dependencia
  • El Gobierno avisa de que hay que tener “mucho cuidado” para evitar que el aumento de la transmisión se traslade a las residencias de la tercera edad
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Fernando Varela
Publicada el 25/08/2020 a las 06:00 Actualizada el 25/08/2020 a las 10:24
Una trabajadora sanitaria habla por teléfono en una ventana de la residencia de mayores de O Incio (Lugo), afectada por un brote de SARS-CoV-2..

Una trabajadora sanitaria habla por teléfono en una ventana de la residencia de mayores de O Incio (Lugo), afectada por un brote de SARS-CoV-2..

Efe

El virus sigue avanzando en las residencias de mayores. La experiencia acumulada durante los primeros meses de la pandemia no ha sido suficiente para impedir el regreso del covid-19 a los centros públicos y privados especializados en el cuidado de la parte de la población más vulnerable a la enfermedad. Y, al menos por el momento, cada comunidad autónoma seguirá adaptando a cada situación las medidas de respuesta temprana consensuadas por los consejeros responsables con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias y que carece de competencias en la gestión de los centros.

No obstante, el departamento que dirige Iglesias acordó este lunes con las comunidades autónomas “impulsar urgentemente un Plan de Choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia y los servicios sociales”, incluidas las residencias de mayores, en el contexto del recrudecimiento de los rebrotes del covid-19.

El plan, según reveló la consejera de Asuntos Sociales de Illes Balears, Fina Santiago, incluye medidas —entre ellas la reducción y el control de las visitas y las salidas y los protocolos de aislamiento y derivación a hospitales— que persiguen reducir el impacto del virus en las residencias y que se revisarán cada 15 días.

Durante la reunión, los consejeros evaluaron la necesidad de conciliar el aislamiento preventivo con las necesidades afectivas, emocionales y cognitivas de los mayores, un asunto al que también se refirió en rueda de prensa el director del CCAES, Fernando Simón. El objetivo, defendió, debe ser una “relación correcta entre prevención y promoción de la salud entre los mayores”. Hay que garantizar que la transmisión se reduzca o se mantenga en este nivel durante este otoño-invierno sin que la calidad de vida de los ancianos se vea perjudicada. Las personas mayores, subrayó, necesitan el contacto con otras personas y lo conveniente para su bienestar cognitivo sería no tener que aislarlas del mundo.

Simón consideró “importantes” las medidas tomadas en las residencias en las últimas semanas en coordinación entre todas las comunidades autónomas y que afectan precisamente a las visitas, al protocolo a seguir con los trabajadores de los centros a su vuelta de las vacaciones y al incremento de la calidad de los recursos de prevención. Sin olvidar las mejoras introducidas en la asistencia y vigilancia de las residencias, así como en su relación con el sistema sanitario.

En una reunión telemática con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, los consejeros autonómicos con responsabilidades en la materia concretaron el Plan de Respuesta Temprana en el que venían trabajando en relación con las residencias, se comprometieron a hacer aportaciones al borrador de medidas que la Vicepresidencia Segunda ha preparado para completar el plan extendiéndolo a los servicios sociales no residenciales y abordaron “los mecanismos específicos de coordinación establecidos con las autoridades sanitarias para asegurar la atención de todos los usuarios en los centros residenciales”.

Este último asunto es de vital importancia para que no se repita la situación vivida en muchas residencias durante el pico de la pandemia y que condenó a muerte por desatención a miles de ancianos, como lleva meses denunciando infoLibre.

El Plan de Respuesta Temprana pactado en julio por Sanidad y las comunidades autónomas con el fin de regular la situación en un escenario de control de la pandemia ya fijaba algunas medidas. Entre ellas “disponer de estrategias de prevención” para “minimizar el riesgo de brotes epidémicos en entornos especialmente vulnerables como residencias para las personas mayores, personas con discapacidad o centros de salud mental y centros de acogida o albergues”.

Aquel documento fue actualizado a comienzos de agosto a la vista de la detección de los primeros casos en residencias, estableciendo una lista de certificación de planes de contingencia para tratar de proteger a las residencias de posibles rebrotes. La idea entonces era establecer “un marco de respuesta coordinada, ordenando y poniendo en común los esfuerzos que las distintas administraciones están ya haciendo”, en palabras de Álvarez.

Para aplicar el plan las comunidades no sólo tienen que coordinar las residencias con los servicios sanitarios sino poner a disposición de residentes, trabajadores y visitantes materiales de protección, realizar pruebas PCR y la sectorialización de las residencias.

La reunión de este lunes fue convocada por la Vicepresidencia precisamente para chequear el grado de cumplimiento de estas medidas y en particular la lista de verificación que incluye los contenidos básicos que deben desarrollar los planes de contingencia de los centros residenciales.

En la sesión cada comunidad explicó el alcance y situación de los brotes en residencias, las medidas adoptadas para abordarlos y las necesidades o las dificultades a las que se enfrentan, el estado de la coordinación establecida con las autoridades sanitarias para atender la situación de los centros sociales residenciales y la adaptación del Plan de Respuesta Temprana a otros servicios sociales distintos al de las residencias, así como la actualización de los documentos técnicos de recomendaciones elaborados durante los meses de marzo y abril.

Pero algunas consejeras aprovecharon la ocasión para reclamar más dinero. Lo hizo la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto (PSOE), que pidió otro ‘fondo covid’ para poner en marcha nuevas medidas o mantener las implementadas con el fin de hacer frente al coronavirus en las residencias. O la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, quien reclamó más financiación para adaptar las residencias de mayores y los demás servicios sociales “a la nueva realidad” en el contexto de la pandemia. Una demanda que también planteó la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de Murcia, Isabel Franco, según la cual hace falta “un compromiso de financiación” para las residencias.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y Léon, Isabel Blanco, exigió también mejorar la financiación den dependencia, un proyecto de “legislatura” del ministerio, recordó, al tiempo que preguntaba dónde están los 1.000 millones que se iban a destinar a servicios sociales. “Inicialmente iban a venir 1.000 millones para servicios sociales, pero desaparecieron. Aparecieron para educación, sanidad y otros colectivos y nosotros reclamamos esa financiación porque los servicios sociales, y más en esta situación, deben estar bien financiados”.

El director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) de Extremadura, José Vicente Granado, reclamó al Gobierno que apoye “fuertemente” con financiación la dependencia, además de considerar importante la coordinación para dar una respuesta “eficaz” a la pandemia. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Melania Álvarez, hizo lo propio, enfatizando la necesidad de financiación de  las distintas medidas a aplicar en centros sociales y en residencias de mayores. Y su colega andaluza, la consejera Rocío Ruiz, solicitó una partida finalista de los 140.000 millones que va a recibir España del Fondo Europeo de Reconstrucción para los centros de servicios sociales, ignorando que se trata de dinero sujeto a la presentación de proyectos concretos por parte, precisamente, de las comunidades autónomas.

El contexto de la reunión es el de un incremento cada vez más acusado de casos en las residencias que el doctor Simón calificó de “suave”. El director del CCAES recordó que la gravedad de lo ocurrido en las residencias sensibilizó al Gobierno y a las comunidades hasta el punto de haber provocado una “reacción espectacular” en términos de gestión para tratar de “proteger” y “hasta casi blindar” los centros sociosanitarios.

Simón puso algunas cifras encima de la mesa para situar el problema en estos momentos: los brotes en los centros sociosanitarios —tanto residencias de mayores como de personas con discapacidad— representan el 7,4% del total, con un promedio de unos 14 casos por centro. No obstante, precisó, hay entre 8 y 10 focos que son los que aumentan el promedio, sin los cuales el alcance de los casos por brote se moverán entre 6 y 8 contagios por residencia.

El riesgo

No obstante, el director del CCAES no quiso mostrarse complaciente. “Si sigue aumentando la transmisión entre la población general, “acabará entrando” el virus en estos centros. “No es una cosa sólo de residencias, es de todos”, advirtió.

Como confirmando sus palabras, la jornada no hizo sino ratificar que la situación en las residencias discurre por la misma senda del contagio en el conjunto de la sociedad.

Los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León en Ávila habían registrado este lunes un total de 84 casos confirmados en el brote declarado el viernes en una residencia de personas mayores de la zona básica de salud de Candeleda. De ellos, 77 son residentes (siete de ellos hospitalizados) y otros siete, trabajadores.

Aragón suma 72 residencias de mayores con brotes que afectan a 686 residentes y 222 trabajadores —908 casos en total—. La preocupación de la comunidad se centra en una decena de centros porque el 70% del total tienen apenas uno o dos casos. El número de fallecidos desde el 1 de julio asciende a 71 personas y el de hospitalizados a 133, según los datos difundidos por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto.

Las autoridades aragonesas de servicios sociales aseguran que la mayor parte de las residencias afectadas no habían tenido casos en la primera fase de la pandemia, para indicar que las medidas que se están implementando "están ayudando a controlar mejor la situación" respecto a los primeros meses de la covid-19.

En Madrid, el centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía de Vallecas registró este lunes 14 positivos por coronavirus entre residentes y 4 entre trabajadores, según adelantó a Europa Press el sindicato CC.OO. y han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Se trata del segundo brote en unos días tras el declarado en una residencia de Pozuelo de Alarcón la semana pasada, con 21 casos de coronavirus, afectando a 16 residentes y cinco trabajadores, y 30 personas en seguimiento. Una persona requirió ingreso hospitalario y un residente del centro falleció, según datos proporcionados el sábado por el Gobierno regional.

El sindicato cree que no son los únicos brotes de covid que están apareciendo estos días en residencias de mayores de la región. De momento, hay registrado un caso positivo de un usuario en la residencia San Juan Bautista de Colmenar Viejo y esperan la confirmación de casos en otros dos centros, según las mismas fuentes.

En Navarra, del total de nuevos casos, 26 se concentraron en Tudela, entre los que está incluido el brote registrado en una residencia de mayores. El área de salud de Tudela viene registrando en las tres últimas semanas una alta incidencia.

La comunidad de Cantabria hizo públicos este lunes haber detectado siete usuarios de residencias de personas mayores y dependientes con coronavirus, tres de ellas hospitalizadas y las otras cuatro en el centro covid habilitado por el Gobierno regional en Suances.

Mientras tanto, en Galicia los usuarios y trabajadores de residencias infectados seguían siendo 86 este lunes —67 son usuarios y 19 son trabajadores— según fuentes de la Xunta. El centro residencial de la Fundación San Rosendo en O Inicio (Lugo) —intervenido por la Xunta— se mantiene en 64 casos, de los que 56 son usuarios y ocho empleados. Este último parte incluye el primer usuario infectado en la residencia DomusVi de Lalín (Pontevedra), ya conocido el domingo. Los 67 usuarios con coronavirus se completan con los 10 existentes en la residencia Orpea de Culleredo (A Coruña). Además hay un caso en cada una de las siguientes residencias de mayores: DomusVi de Monforte; Paradela; San Bartolomeu de Xove; y DomusVi de Barra de Miño, en el municipio ourensano de Coles. También suma a estos casos el de un trabajador de la residencia de discapacitados de As Flores, en Ourense.

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5 Comentarios
  • ferjasan68 ferjasan68 26/08/20 10:22

    Si a los futbolistas y familiares directos se les realizan pruebas PCR para asegurar que la práctica del fútbol se hace de forma segura, no creo sea mayor inconveniente realizar estas pruebas cada 7 días a los trabajadores de las residencias. Se trata de blindar a los más vulnerables y cuyo tratamiento en caso de infección es el más costoso. Nunca tendremos una seguridad absoluta, pero sí se verá afianzada.

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  • senenoa senenoa 25/08/20 13:46

    ¿Significará todo esto que vamos a dar más dinero para daptar y mejorar las residencias de mayores y, después, las empresas privadas que las gestionan aumentarán su cuenta de beneficios? Estemos atentos.

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  • Androide paranoide Androide paranoide 25/08/20 10:15

    En las comunidades que gobierna el Pp u otro partido afin, se les va dar mas dinero para que lo vuelvan a darselo a empresas privadas para continuar con el negocio de la salud.

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    • mcguiver mcguiver 25/08/20 10:53

      Efectivamente, ahora están saqueando Andalucia a toda marcha.

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  • Pernalonga Pernalonga 25/08/20 06:53

    La gestión de prevención de contagios se reduce fundamentalmente a la limitación del contacto entre residentes y familiares. Al menos en lo que me toca directamente, porque limitar drásticamente o prohibir las visitas, evita la fiscalización por parte de los familiares de las irregularidades que a diario se cometen. No voy a negar aquí que la eliminación de visitas reduce el riesgo de contagio, no obstante en la actualidad la ausencia de contacto físico entre visitantes y familiares, además del uso obligatorio de mascarillas y pantallas además de la prevención personal del visitante, hacen que la posibilidad de contagio, sean remotas. El problema por el que se pasa de puntillas porque cuesta dinero, es el control y prevención sanitaria de los trabajadores. Como es natural, estos trabajadores en sus horas libres conviven con familiares y amigos, muchas veces frecuentando ámbitos donde el COVID-19 circula de modo incontrolado, y se convierten involuntariamente en vehículos portadores. En ambos sentidos.
    La noticia denunciada por Comisiones Obreras de que se pretendió que los propios trabajadores pagasen las PCR's, es muy preocupante, y demuestra hasta que punto los fondos buitres que han puesto sus garras sobre nuestros mayores, priorizan el lucro por encima de cualquier otra consideración.
    Los cuidadores al ejercer las actividades propias de su trabajo se ven obligados a realizarlas con un grado de intimidad muy elevado, p. ej. en la higiene personal, y en ocasiones sin los EPIS preceptivos o excesivamente reutilizados. Me consta igualmente, por declaraciones of the record de trabajadoras de DOMUSVI, que las pruebas PCR se realizan o repiten, (cuando se hacen) muy de tarde en tarde. Los familiares tenemos la seguridad que el coronavirus entra mayoritariamente en las residencias, vehiculado por trabajadores asintomáticos. Mientras, las autoridades competentes aullando a la Luna.

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