Crisis del coronavirus

Negarse a llevar a los niños al cole por miedo al covid-19 puede conllevar multas o suponer un delito de abandono

Una pareja acompañada por una niña realizan una compra de material escolar en una papelería de València.

La vuelta al cole está suponiendo un quebradero de cabeza para todas las familias. Queda poco más de una semana para que las primeras comunidades reabran sus aulas y sigue habiendo más incógnitas que certezas. El debate es el mismo desde hace semanas: ¿es posible recuperar la presencialidad de manera segura? ¿Podrán convivir las escuelas abiertas con el covid-19? Las autonomías, que son las competentes en esta materia, han elaborado 17 planes diferentes para que la respuesta a ambas preguntas sea un 'sí' rotundo. Pero algunas familias no lo tienen claro. Más de 230.000 personas, de hecho, ya han firmado una petición en Change.org para que la vuelta al cole sea segura, algo que ahora, insisten, no lo es. "Estamos preocupados. Muy preocupados", dicen. Tanto, que algunas familias ya han asegurado que, en las condiciones actuales, se negarán a llevar a sus pequeños a la escuela. ¿Pueden hacerlo sin consecuencias? A priori, parece que no.

El Ministerio de Educación se ha mantenido siempre en la misma posición. Este lunes, el organismo liderado por Isabel Celaá aseguró a Europa Press que el curso comenzará con la "presencialidad como principio general". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en ello este mismo martes durante su comparecencia tras el primer Consejo de Ministros celebrado después del parón estival. "El curso escolar debe iniciarse con normalidad, eso es lo que quiere el Gobierno de España y en eso está trabajando con las comunidades autónomas, esa es la hoja de ruta y no hay otra, se lo debemos a los padres, madres, alumnos, a nuestros hijos, hijas, profesores y trabajadores", expresó.

La presencialidad, por tanto, parece estar fuera del debate de las instituciones. Pero no del de las familias, muchas de las cuales se plantean volver a guardar las mochilas y los libros hasta que el colegio sea, dicen, seguro. A ellas respondió el propio Ministerio de Educación, que recordó a través de una respuesta a Europa Press que la escolarización en España es obligatoria desde los seis y hasta los 16 años. "Siempre hemos defendido que la escuela es insustituible, tal y como afirman numerosos organismos internaciones (Naciones Unidas o la OMS, que abogaba la semana pasada por la reapertura de las escuelas). La escuela es además el mejor elemento para acabar con las desigualdades sociales de origen", defendió. 

Por su parte, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie), Jesús Marrodán, fue más duro y advirtió de que "no llevar a los hijos al colegio de forma preventiva y por decisión propia" no está recogido en el ordenamiento jurídico. De este modo, aseguró que el derecho a la salud sólo prevalece al de la educación "en casos de fuerza mayor" como, por ejemplo, enfermedad. 

Pero la pandemia de coronavirus lleva removiéndolo todo desde el pasado mes de marzo. Y hay quien podría pensar que la crisis sanitaria es uno de esos "casos de fuerza mayor" que evitarían la posible e hipotética aplicación del protocolo de absentismo de la comunidad autónoma en cuestión. Pero no parece que sea así, al menos de momento. "La legislación prevé un protocolo de absentismo que está activo y la Administración, de momento, no ha dado orden de que se modifique. Por tanto, si las familias no llevan a los niños al colegio deberán justificarlo del mismo modo que hemos estado haciendo hasta ahora", dice Mari Carmen Morillas, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). 

Sanciones autonómicas y hasta un delito

¿Qué ocurre si no se justifica? En circunstancias normales, y tal y como explica a infoLibre una abogada experta en Derechos Humanos que ha trabajado en casos de infancia, suele haber varios escenarios que se suceden entre sí. En primer lugar, es el propio colegio el que intenta hablar con la familia del menor para conocer cuál es la causa del absentismo e intentar solucionar el problema. En segundo lugar, si esto no funciona, el centro acude a los Servicios Sociales, que tratarán de acabar con la situación. Si tampoco sirve y se muestra que los progenitores no colaboran, añade, puede llegar a considerarse un delito de abandono de familia que podría conllevar hasta seis años de prisión, siempre con un juicio penal previo y con la necesaria intervención del fiscal de menores, según explica desde el otro lado del teléfono Carlos Villagrasa, profesor de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona y presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

En cualquier caso, esa es la peor de todas las situaciones. Antes de llegar a ella, hay otras. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ya dijo que aplicaría el protocolo de absentismo a los escolares que no acudan a las aulas y que, en función del mismo, podría sancionar a los padres. Y como esa autonomía, pueden hacerlo todas las demás. "Las comunidades pueden poner multas por infracción o tomar decisiones que pueden llegar incluso a la retirada del niño del ámbito familiar", cuya tutela asumiría la autonomía, sostiene Villagrasa, que especifica que las sanciones menos graves pasan por "multas económicas, apercibimientos o intervenciones en la familia". 

Sin embargo, este procedimiento, que es el habitual, no podría aplicarse sin más en el contexto actual, por lo que habría que esperar a ver cómo solucionan estos casos los tribunales, si es que llegaran a ellos. Ambos juristas afirman además que el posible absentismo no sería en casos aislados, sino que podría convertirse en una práctica generalizada fruto del temor "libre y respetable" al que, según Morillas, se enfrentan las familias. "Ante la incertidumbre que estamos viviendo es lógico que haya familias que sientan miedo, pero lo que hay que tener en cuenta es que el virus está aquí, que no sabemos cuánto tiempo estará y que hay que aprender a vivir con él respetando y manteniendo las medidas higiénico-sanitarias", necesarias también en las aulas. 

El interés superior del niño y el derecho a la educación

No obstante, dice Villagrasa, nunca hay que olvidar el telón de fondo de la situación, que es el interés superior del niño y su derecho a la educación, que no puede estar supeditado a una "decisión" de sus padres. "Los niños tienen que ser escuchados y atendidos a partir de los 12 años. Hay que saber su opinión y darles una respuesta adecuada" porque la educación "es un derecho de ellos". Así lo dice la Convención de Derechos del Niño de 1989 ratificada por España, recuerda. "La decisión arbitraria de muchos padres estaría excluyendo socialmente a los niños, a los que estaría privando de las competencias que tendría que adquirir", añade. 

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No se puede, critica, caer en la "cosificación" de los hijos en la que ya se cayó con el pin censor que quería implantar Vox. "No es lo que tú quieras por tus prejuicios, sino sus derechos, que tienen que ser cubiertos", sentencia. 

Y en otros países, ¿está ocurriendo lo mismo? Reino Unido ya contempla multar a los padres que no lleven a sus hijos a la escuela. Según el primer ministro, Boris Johnson, el riesgo de contraer el virus en los colegios es "muy, muy, muy pequeño" y, en paralelo, regresar a las aulas es "absolutamente vital". "Es más dañino para el desarrollo y la salud de los niños seguir fuera de la escuela durante más tiempo", aseguró. Previsiblemente, los niños del país volverán a las aulas el próximo 3 de septiembre. 

Un poco más drástica ha sido Suecia, que ha mantenido las escuelas abiertas y ha obligado a los pequeños a seguir asistiendo. Algunos padres y madres se negaron, sí, pero por ahora esto tan sólo ha provocado enfrentamientos con las autoridades, nada más. ¿Podría ser lo que ocurriera en España dentro de unas semanas?

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