Crisis del coronavirus

La Plataforma por la Escuela Pública pide una vuelta a clase segura

Trabajos de limpieza y desinfección intensiva en los colegios.

infoLibre

Las organizaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han expresado este viernes su preocupación ante el escenario de la vuelta a las aulas de coste cercano a cero que se prevé en la mayor parte de las comunidades autónomas y territorios del Estado. Si no hay recursos para cumplir lo que establecen los planes de regreso, advierten, serán papel mojado.

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La plataforma apuesta por una presencialidad en todos los niveles de la enseñanza que "requiere de una inversión nítida y suficiente tanto en la contratación de docentes, personal laboral y de administración y servicios, como de la reducción de ratios en las aulas y la infraestructura escolar". Las medidas de distanciamiento social que plantean los protocolos establecidos por Sanidad, aseguran, no se pueden alcanzar sin una reducción significativa de las ratios.

En un comunicado emitido este viernes, la Plataforma por la Escuela Pública insta tanto al Ministerio de Educación como a las comunidades autónomas a garantizar una vuelta a las aulas presencial y segura, para lo que, considera, es necesario implementar la reducción de las ratios a no más de 15 alumnos/as por aula en las enseñanzas obligatorias y la reducción sustancial en el resto de enseñanzas; la contratación de alrededor de 150.000 docentes más para atender las nuevas aulas creadas; un plan de inversión y contingencia que permita hacer de los centros educativos entornos seguros; la creación de protocolos claros de actuación para los centros en caso de existencia de contagios; y medidas claras que apuesten por el apoyo al alumnado más vulnerable y sus familias, "garantizando así la igualdad y la equidad", aseguran.

Para las organizaciones que forman parte de la organización, "el derecho a una educación integral solo puede ser presencial para que sea plenamente inclusiva" y para ello reclaman a las administraciones competentes destinar al menos el 10% de los fondos europeos anunciados a educación pública y al alumnado en situación de desventaja social o mayor vulnerabilidad.

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