El juez García-Castellón apunta a “órganos superiores” del Estado como responsables del espionaje a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acaba de levantar el secreto en la pieza del caso Villarejo donde se investiga el supuesto espionaje a Luis Bárcenas para evitar que pudiese conservar documentos incriminatorios para el PP sobre su contabilidad secreta. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre han confirmado que el juez ha ya notificado a las partes una decisión que sacará a la luz una investigación que pone contra las cuerdas al PP. Conocido como Operación Kitchen, el operativo contra Bárcenas implicó no solo el uso de medios policiales y parapoliciales sino el uso de fondos reservado.

Si una vez levantado el secreto el juez decide finalmente imputar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la antigua número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, como pide la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción judicial sobre el espionaje a Luis Bárcenas dará un salto radical. Las fuentes consultadas aseguran que esa decisión no se producirá este lunes.

Hasta ahora solo un político -Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz- había sido imputado. La investigación sobre la denominada Operación Kitchen se inscribe como pieza separada en la macrocausa de Tándem, donde como principal imputado aparece el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Si una vez levantado el secreto el magistrado considera que lo investigado hasta la fecha confirma la existencia de indicios delictivos contra Fernández Díaz y Cospedal, eso abrirá una grieta de enorme calado bajo los pies del PP. Porque en ese caso todo estará afianzando la tesis de que tanto el Ministerio del Interior como la cúpula del PP conocían lo que estaba sucediendo. En el verano de 2019, y como desveló el sábado eldiario.es, Francisco Martínez depositó ante un notario cuatro mensajes de SMS intercambiados con Fernández Díaz. Uno de esos mensajes apunta a que el CNI estuvo involucrado en el espionaje a Bárcenas.

El juez apunta en su auto a que detrás de esta trama de espionaje se situaría la cúpula de la Administración General del Estado. Señala literalmente que se trataría de "ejecutar un operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado" y cuya ejecución material se encomendó al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño y al propio Villarejo. En su resolución, el instructor explica que esa operación Kitchen fue desarrollada al menos entre los años 2013 y 2015, y consistiría en la captación y manipulación "como colaborador-informante del Cuerpo Nacional de Policía" de Sergio Javier Rios Esgueva, quien era el chófer de la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. 

"El objetivo de la misión podría ser la obtención por medio de este colaborador, en cuanto persona de máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular", subraya García-Castellón. Según añade, la idea era sustraer del conocimiento de ese material a la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en la Audiencia Nacional relacionada con la financiación irregular del partido.

Los investigadores creen que Kitchen, aquel operativo de seguimiento, espionaje y robo de documentos a Luis Bárcenas y su entorno más próximo, buscaba evitar que el hombre que durante dos décadas anotó los ingresos y gastos opacos del PP conservase información incriminatoria para el partido. Ejecutada por la llamada Policía patriótica, de la que supuestamente formaban parte destacada Villarejo y otros policías para recabar datos sobre adversarios políticos, Kitchen se financió con fondos reservados.

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Distintos testimonios sostienen que el entonces jefe de seguridad de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, participó captando como espía infiltrado a quien se convirtió en chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos.

Los audios grabados por Villarejo prueban que el comisario se reunió con Cospedal en 2009 tras el estallido del caso Gürtel. Y que le transmitió información policial sobre el caso, entonces aún bajo secreto de sumario.

En 2013 ya había un juez, el de Gürtel, investigando a Bárcenas en una doble vertiente: la del lucro que le había reportado su relación con la trama de Francisco Correa y los delitos que había podido cometer como senador; pero, también, los papeles de su contabilidad secreta. Pero, aunque la versión oficial del antiguo equipo de Interior sostiene que el seguimiento de Bárcenas solo pretendía la averiguación de dónde y cómo había escondido fondos, el Ministerio del Interior jamás avisó al instructor de Gürtel de la existencia de un despliegue policial.