Cospedal nombró director de "Documentación" al policía que luego captó al chófer encargado de espiar a Bárcenas

Andrés Gómez Gordo, el policía al que la investigación del caso Kitchen identifica como quien captó al chófer que recibió el encargo de espiar a Luis Bárcenas, nunca constó como jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal pese a que ese parece haber sido al menos parte de su cometido. Cospedal lo fichó en 2011 tras su victoria en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha. Pero, por razones desconocidas, lo nombró máximo responsable de una Dirección General adscrita a su gabinete y que ni en su nombre ni en las tareas asignadas guardaba la menor relación con el capítulo de la seguridad: la Dirección General de Documentación y Análisis, cuyo titular –y así lo estableció el decreto de estructura orgánica del Gobierno regional– tenía el encargo de "dirigir y supervisar la documentación que afecte a la Presidencia de la Junta". 

Según la Fiscalía, fue el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, quien puso en contacto a Gómez Gordo con el comisario Villarejo "para que este manipule al chófer" a quien la policía patriótica pagó con fondos reservados a cambio de seguir, espiar y sustraer al extesorero Bárcenas y a su esposa documentos incriminatorios sobre la caja B del PP. Según el antiguo jefe de la unidad de escuchas policiales, Enrique García Castaño, fue Gómez Gordo el autor del denominado informe PISA, dirigido a destruir a Podemos. Cospedín –así se refería a él el antaño poderoso comisario Villarejo– niega la acusación sobre el informe de Podemos. "No tengo nada que ver con eso", aseguró en octubre de 2019.

Este periódico intentó sin éxito este martes recabar la versión de Cospedal y la de Gómez Gordo sobre el porqué de un nombramiento como titular de una Dirección General por completo ajena al área de seguridad. Tampoco fue posible averiguar, por ejemplo, por qué el 9 de febrero de 2012 la web oficial de la Junta de Castilla-La Mancha difundió una nota de prensa donde presentaba al policía como "director general de Seguridad y Salud Laboral" [puedes verla pinchando aquí]. Ni por qué si la entonces presidenta del Ejecutivo regional consideraba oportuno destinar a Gómez Gordo al puesto de responsable de seguridad no incorporó ese puesto al decreto de estructura orgánica.

Fuentes del actual Ejecutivo castellano-manchego aseguran que es la comisaría de Toledo la que asigna a la Junta los policías encargados de formar la unidad de escolta del presidente de la comunidad . Las mismas fuentes confirmaron que ni en los archivos o registros oficiales hay un solo documento emanado de la Dirección General de Documentación y Análisis durante la etapa de Gómez Gordo, aunque precisaron que ninguna norma obliga a que tales informes existan. Informaron también de que esa dirección general dejó de existir en cuanto el socialista Emiliano García Page llegó al Gobierno en 2015. Y remarcaron a preguntas de este periódico que "nada impedía a Cospedal" crear la plaza de responsable de seguridad con el rango que estimase correcto.

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La imputación de Gómez Gordo en la pieza Kitchen del caso Villarejo se produjo una vez que el chófer Sergio Ríos le señalara como quien le incorporó como confidente en 2013 para vigilar al matrimonio formado por Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias a razón de 2.000 euros al mes: todo ello, y así lo sostiene la investigación, con cargo a los fondos reservados. Inspector jefe en excedencia mientras trabajaba a las órdenes de Cospedal, el policía conocía al chófer porque ambos habían coincidido en la Comunidad de Madrid. La versión de Gómez Gordo difiere: lo que hizo con Ríos –sostuvo cuando trascendió el asunto– fue presentarle a Villarejo. 

El inspector cesó como director general de Documentación y Análisis de Castilla-La Mancha el 9 de marzo de 2015, tres meses antes de las autonómicas que desbancaron al PP. El Ministerio del Interior le condecoró poco después con una medalla pensionada de las que implican una subida de sueldo vitalicia del 10%. Al frente del ministerio estaba Jorge Fernández Díaz, cuya imputación en Kitchen pide la Fiscalía al igual que la de Cospedal y su marido.

Antes de que, sin ninguna relación previa con Castilla-La Mancha según las fuentes consultadas, lo fichase Cospedal el policía había ocupado entre octubre de 2007 y el mismo mes de 2009 el puesto de director de Seguridad del Campus de Justicia de Madrid. Considerado uno de los proyectos megalíticos y fallidos del Gobierno de Esperanza Aguirre –se preveían 19 sedes judiciales en 200.000 metros cuadrados–, el Campus de la Justicia se convirtió en escenario de un enorme gasto público bajo sospecha que ahora investiga otro juez de la Audiencia Nacional. Tras abandonar ese puesto pasó a ejercer como asesor de seguridad de la Consejería de Presidencia que dirigía Francisco Granados, entonces número dos del PP de Madrid y el primer imputado de la Operación Púnica. Su declaración de bienes en Castilla-La Mancha confirma que entre octubre de 2010 y el mismo mes de 2011, ejerció como jefe de sección de prensa y relaciones públicas de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que Gómez Gordo no figura entre los imputados del Campus de la Justicia. En diciembre pasado, el diario El País desveló que Gómez Gordo ocuparía de forma inminente la jefatura de una comisaría de distrito de Madrid.