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Cambio climático

Los ecologistas demandan al Gobierno ante el Supremo por su "ambición climática insuficiente"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la cumbre del clima de Madrid.

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermon han presentado ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo una demanda al Gobierno de España para que mejore sus planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ante lo que consideran una "ambición climática absolutamente insuficiente". A pesar de que creen que se trata del Ejecutivo que más compromisos ha contraído ante el fenómeno, las asociaciones aseguran que se acaba el tiempo y que sus objetivos deben ser muy superiores a los que se plantean tanto en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (Pniec) como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que durante estos días se tramita en el Congreso. 

El Gobierno se propone reducir, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, "al menos un 20%" las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a 1990, el año habitual de referencia. La meta, a corto plazo (solo falta una década) es exactamente la misma que en febrero de 2019. E inferior a la que se plantea en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (el documento remitido a la Comisión Europea para que el club comunitario sepa de los avances de cada Estado miembro), que establece un 23% y no utiliza la expresión inconclusa al menos. El Ejecutivo ya fue criticado en su momento por no mejorar sus metas, a lo que el Gobierno respondió que espera que en la tramitación parlamentaria se endurezca la cifra. Sin embargo, a todas luces la reducción seguirá lejos de lo que consideran los ecologistas que es necesario para que España cumpla con su responsabilidad ante el calentamiento global: reclaman un recorte del 55% en 2030 con respecto a los niveles de 1990. "Hasta ahora no hemos hecho los deberes ni hemos tenido la ambición climática que necesitamos", ha explicado en rueda de prensa el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura. 

"Es una acción que consideramos histórica para exigirle al Gobierno, por esa vía que cumpla con sus obligaciones climáticas", ante "los efectos perversos de la crisis climática", que van a afectar a la vida y a la salud, ha defendido el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez. "Ya no nos basta con palabras y con dilaciones". Por su parte, Fran Cortada, de Oxfam Intermon, ha aportado argumentos en clave de justicia climática: los países más desarrollados –desde un punto de vista capitalista– y más industrializados y ricos son los principales responsables del cambio climático, siendo los que más han emitido en relación a su población. Entre ellos, España. "El 10% más rico del planeta es responsable del 50% emisiones relacionadas con el consumo", ha puntualizado. 

Los argumentos legislativos que las organizaciones han planteado ante el Tribunal Supremo son varios. En primer lugar, defienden, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se marcan las líneas maestras de actuación del país y se comunican a la Comisión Europea, debería haber estar presentado de manera definitiva antes del 31 de diciembre de 2019. El Gobierno no lo ha hecho. Y en segundo lugar, las metas. El objetivo de 2030 de España cuenta con el visto bueno de la UE, y de hecho se considera de los mejores del club comunitario. Pero los ecologistas defienden que no es coherente con la meta del Acuerdo de París, que defiende limitar el aumento de temperaturas a 1,5 grados, y con la opinión de los expertos de Naciones Unidas, que establecieron que los países del mundo deberían reducir sus emisiones al ritmo de un 7% anual. Pero se trata de un objetivo global que no se aplica a todos los países por igual, ya que España no es, ni de lejos, el mayor emisor del planeta. 

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La abogada que lleva el caso a las organizaciones, Lorena Ruiz Huerta, asume que ese puede ser uno de los argumentos con los que contraataque la Abogacía General del Estado. Pero defiende que "hacemos este litigio como una de las pocas vías que nos queda a la ciudadanía para obligar a los gobiernos a cumplir. Todos los gobiernos se comprometen a un objetivo común en París. Y si la UE a España le da por bueno eso, está relacionado con la escasa ambición de la UE". Tanto nuestro país como el club comunitario "tienen una responsabilidad histórica". 

La acción de los ecologistas se enmarca en lo que se conoce como litigios climáticos: acciones judiciales que emprende la sociedad civil para exigirle a los Gobiernos que actúen más y mejor ante la crisis climática. El último caso se ha abierto en Portugal, donde un grupo de jóvenes ha demandado a 33 países por su escasa ambición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En los últimos meses, la justicia ha paralizado la ampliación de un aeropuerto británico y ha obligado al Gobierno de Países Bajos a reducir más las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el futuro de estas demandas es incierto: depende mucho, explican los expertos, de si se puede demostrar la relación de causalidad entre la acción del demandado y el perjuicio del demandante. Y en sistemas judiciales muy basados en la jurisprudencia, como el anglosajón, es más fácil que prosperen. La demanda interpuesta en España defiende que el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, aunque no se considere así en la Constitución –sí un principio rector–, es un derecho fundamental "y los gobiernos tienen la obligación" de salvaguardarlo. 

"Con este procedimiento interpelamos también al Poder Judicial, que tiene la oportunidad de involucrarse en la lucha contra el cambio climático compeliendo al Gobierno a que cumpla sus compromisos internacionales y a que apruebe unos instrumentos jurídicos con mayor ambición climática para salvaguardar el medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Sólo así, España podrá afirmar con credibilidad que sus políticas están comprometidas en la batalla contra el cambio climático, que cumple con sus compromisos internacionales y que respeta los tratados internacionales de protección de derechos humanos", concluyen las organizaciones. 

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