Una ley clave de la legislatura

El Gobierno plantea por primera vez que las empresas que usaron trabajo esclavo compensen a las víctimas

Vista del Valle de los Caídos

El Gobierno quiere implicar por primera vez a las empresas beneficiarias del trabajo esclavo en la "reparación" de sus víctimas. "Queremos hacer un inventario de las empresas beneficiadas por edificaciones con trabajo forzado", señalan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Las mismas fuentes añaden que la intención del Gobierno es ver con las empresas las "posibilidades de reconocimiento y reparación", si bien no se plantea como una imposición, que por otra parte tendría difícil encaje legal. La referencia, aunque se incide en la diferencia entre los casos, es la reparación que empresas alemanas hicieron de las víctimas del nazismo.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de su nueva ley de memoria histórica, ahora llamada Ley de Memoria Democrática, cuyo contenido ha avanzado infoLibre [ver aquí, aquí y aquí] y que ahora arrancará su recorrido parlamentario. El Gobierno rompe con la nueva norma el tabú de la represión económica con un abanico de medidas. A falta de su tramitación parlamentaria, la ley prevé una auditoría de los bienes expoliados, que serán incorporados a un inventario oficial. Se trata de una iniciativa pionera, que precederá a alguna forma de “reconocimiento”. La ley también obliga a anular las sentencias políticas de los tribunales franquistas, algo que afectaría figuras emblemáticas como Lluís Companys y Blas Infante pero también a miles y miles de represaliados anónimos. Esta anulación no generará derecho a compensación económica del Estado. Con respecto al trabajo esclavo, habrá un inventario de edificaciones realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.

El Gobierno también impulsará que las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo adopten algún tipo de medida de reconocimiento, aunque la ley no precisa cuál. Fuentes del departamento de Calvo señalan que estas empresas quedarán recogidas en un "inventario". La intención del Ejecutivo es "comentar" con dichas compañías la posibilidad de alguna reparación. Las fuentes gubernamentales apuntan al caso alemán: "Ya sabemos cómo ha funcionado en Alemania. Incluso las cantidades que se han puesto. Distinto es el caso alemán del caso español, pero evidentemente es necesario para el conocimiento. Iremos viendo los reconocimientos que se podrían hacer". Mencionar el caso alemán es relevante. ¿Por qué? La Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro en Alemania, un proyecto conjunto entre el Estado y las empresas acusadas de colaborar con el nazismo para ofrecer compensaciones financieras, cosechó como resultado el pago de más de 4.370 millones de euros por parte de importantes empresas, entre ellas Deutsche Bank o Volkswagen.

El Gobierno no ha empezado aún a trabajar en este listado. Ni siquiera hay ley aún. No obstante, hay investigadores que han hecho aproximaciones. Antonio Maestre, autor de Franquismo SA, ha explicado que Entrecanales y Távora, que en 1997 pasaría a ser Acciona, se benefició del trabajo esclavo de los reclusos del campo de concentración de El Colector, en Sevilla. Financial Times, en un artículo titulado Franco's slave, apuntó también a Dragados, como cita Maestre en un artículo en La Marea. El periodista señala también a la H de OHL, Huarte, como una de las empresas que construyeron el Valle de los Caídos.

Fuentes del Gobierno señalan que "se tiene que conocer cuáles fueron las empresas que construyeron el Valle de los Caídos con fuerza de trabajo forzado", para con ello contribuir al conocimiento de la verdad del monumento. Estas fuentes vinculan esta "contribución" al "conocimiento" de la verdad del Valle a su proceso de "resignificación". 

La ley también prevé la anulación de las sentencias del franquismo dictadas por motivos políticos. Otra medida pionera. En este caso, se protege expresamente al Estado del pago de indemnizaciones. No obstante, la voluntad del Ejecutivo es cuantificar el dinero que llegó a imponerse en multas, explican desde el departamento de Calvo. El objetivo de la auditoría de la represión económica, que viene recogida en la norma, es establecer la cantidad y cuantía de los bienes expoliados y las sanciones impuestas.

Sanciones de hasta 150.000 euros

La ley establece un régimen sancionador, que la anterior, de 2007, no tenía. Considera infracciones muy graves, con multas de 10.001 a 150.000 euros, las siguientes:

– El traslado de los restos de víctimas de la Guerra Civil o la dictadura sin permiso.

– La destrucción de fosas.

– La destrucción o menoscabo de Lugares de Memoria, una figura creada por la ley.

– La falta de adopción de las medidas para impedir realización, en espacios abiertos al público, de actos de exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura "que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas". También la convocatoria de actos, campañas de divulgación o publicidad con estas características.

Hay sanciones graves, de 2.001 a 10.000 euros, por infracciones como las anteriores en menor grado o el incumplimiento de la obligación de retirar símbolos. Las infracciones leves, de entre 200 y 2.000 euros, son por deteriorar placas o daños menores en Lugares de Memoria.

Fosas

La ley, cuyo contenido fue adelantado por este periódico, da mayor protagonismo al Estado en la excavación de fosas. Se crea una Fiscalía específica para investigar estos crímenes. El Gobierno incoará de oficio las excavaciones. Fuentes del Ejecutivo han explicado que todavía no poseen estimaciones concretas de cuántas víctimas permanecen en cunetas y otro tipo de fosas comunes, ni tampoco del presupuesto que tendrán que destinar para encontrarlas, pero sí han estimado que durante los cuatro primeros años de este proceso se podrían exhumar hasta 25.000 cadáveres. No obstante, todos en el movimiento memorialista lo saben: es difícil hacer precisiones, porque nunca es seguro lo que se va a encontrar. Dentro de cuatro años, tocará hacer balance.

A esto se suma que el Gobierno va a necesitar un presupuesto para incluir partidas. Y que no es descartable que haya comunidades autónomas y ayuntamientos que, opuestos ideológicamente a los promotores de la ley, no le den impulso. Es uno de los aspectos de la ley que más preocupan a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: que haya diversas administraciones implicadas. A su juicio, debería llevar las riendas el Gobierno, por ser las víctimas un asunto de Estado.

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Títulos, medallas, institutos, archivos...

La ley también prevé revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia. Con la actual redacción, Billy El Niño podría perder sus medallas una vez muerto. La norma considera “causa de extinción” de una fundación la apología del franquismo, lo que podría afectar a la Fundación Francisco Franco. Además, introduce la memoria en los institutos y facilita el acceso a los archivos.

El articulado apunta contra los enterramientos de Queipo de Llano en la Macarena y Primo de Rivera en el Valle de los Caídos, un espacio que será "resignificado". Lo que permanecerá en el Valle es la cruz, confirman fuentes del Gobierno. No habrá, al menos con la actual redacción de la ley, "comisión de la verdad", una aspiración de Podemos con la mirada puesta en América Latina, aunque fuentes del Gobierno señalan que el Consejo de la Memoria Democrática podrá elaborar o encargar informes e investigaciones.

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