El Gobierno trabaja para canalizar como inversión a través de los Presupuestos una parte de los 140.000 millones de ayuda europea

El Gobierno trabaja a marchas forzadas para cerrar el modelo de gestión de los fondos europeos que el Consejo Europeo aprobó para España. Las cifras todavía no están cerradas, pero la intención del Ejecutivo es que una parte de ese dinero se integre en las partidas de inversión de los Presupuestos General del Estado para los próximos años, empezando por el de 2021 que Hacienda tiene intención de enviar al Congreso el próximo mes de octubre.

La previsión es que gracias a ese dinero el Estado recupere, al menos parcialmente, cifras de inversión que en su momento llegaron a estar en torno al 5% del PIB pero que desde hace tiempo apenas alcanzan el 2%. Un crecimiento que, esperan, será crucial para impulsar la recuperación económica tras los devastadores efectos de la pandemia de covid-19. “Será una inyección enorme” para los Presupuestos, apunta una fuente de la Moncloa con la que ha hablado infoLibre.

El resto del dinero europeo, la mayor parte de los 140.000 millones a los que tendrá acceso España mediante transferencia directas y préstamos si es capaz de poner en marcha los suficientes proyectos concretos susceptibles de recibir esa enorme suma de dinero, se canalizará por medios en los que el gobierno todavía trabaja.

Uno de ellos será la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación que Sánchez quiere situar en La Moncloa bajo responsabilidad directa de Manuel de la Rocha, director del departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia, al frente del cual está Iván Redondo. Esta unidad es la que el líder del PP, Pablo Casado, propuso convertir en una agencia independiente porque sospecha que si depende directamente de Sánchez acabará repartiendo el dinero siguiendo criterios “clientelistas”.

Habrá otras tres herramientas, según lo que Sanchez prometió a los presidentes autonómicos a finales de julio. Una Comisión Interministerial para el Fondo de Recuperación presidida por él mismo, una Conferencia Sectorial liderada por la ministra de Hacienda sobre el Fondo de Recuperación para el análisis y seguimiento de su ejecución por parte de las comunidades autónomas y un comité de alto nivel para el asesoramiento estratégico sobre el fondo y el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que es donde el Gobierno quiere sentar a las grandes empresas y corporaciones, además de las patronales CEOE y CEPYME, para asegurar su participación en la gestión de los planes, muchos de los cuales el Ejecutivo espera que sean el resultado de proyectos de colaboración público-privada.

Todos estos instrumentos se están afinando estos días porque deberían estar listos a tiempo de enviar a Bruselas, el próximo 15 de octubre, el plan que definirán grandes cifras, las prioridades a las que España va a dedicar los 140.000 millones. Como también la cogobernanza del dinero, en la que Sánchez quiere implicar a los presidentes autonómicos incorporando el Fondo de Recuperación a los trabajos de las Conferencias de Presidentes.

Esto último daría a Sánchez la oportunidad de introducir un elemento clave para hacer realidad su deseo de reforzar el carácter institucional de la Conferencia de Presidentes haciendo que asuma algunas funciones ejecutivas. La idea sería que la Conferencia dejase de ser una reunión en la que sus participantes intercambian peticiones e información y se convierta en el órgano en el que tenga lugar “la cogobernanza”, el término que Sánchez ha instalado en el vocabulario político desde que decidió coordinar con las comunidades autónomas la gestión de la nueva normalidad.

El grueso del fondo europeo, del que España recibirá 140.000 millones —72.700 en ayudas directas— está formado en su mayor parte por el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concebido para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación y preservar y crear empleo.

El resto de programas palidecen a su lado, pese a representar por sí solos objetivos muy ambiciosos, como el React-EU, destinado a inversiones para apoyar el mantenimiento del empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a los trabajadores por cuenta propia. Estos fondos, a los que tendrán acceso también sectores como el turismo o la cultura, particularmente afectados por la crisis, también se pueden utilizar para fomentar la creación de empleo y las medidas de empleo juvenil, para los sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes.

El resto del dinero se reparte entre el Fondo de Transición Justa, Desarrollo Rural, Horizonte Europa —fomento de la investigación y la innovación y RescEU —el mecanismo de protección civil de la UE para emergencias—.

Territorio desconocido

Para la administración, la gestión de este dinero es territorio desconocido. Y a la vista de la actitud de Holanda y de sus países afines —Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia—, estará plagada de obstáculos. De ahí que una de las prioridades del Gobierno sea afinar todo lo posible no sólo la definición de las prioridades, siguiendo para ello los criterios establecidos por la UE —entre otros la transición ecológica y la digitalización— sino también, y muy especialmente, los mecanismos de tramitación de los proyectos que se presenten para beneficiarse de las ayudas.

Los proyectos que opten a ser financiados con estos fondos se tramitarán “de abajo a arriba” siguiendo un proceso en el que la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda está llamada aplicar todo su conocimiento y su pericia a la hora de gestionar —lo que los economistas llaman expertise—. Allí acabarán llegando tanto los proyectos que tengan su origen en el mundo empresarial como los que provengan de las comunidades autónomas. Será esta Dirección General quien los presente en Bruselas, después de examinarlos en detalle para evitar las zancadillas que el Gobierno espera acaben llegando de Holanda y sus aliados. “Va a ser una verdadera yincana administrativa y burocrática”, reconocen en Moncloa. “Ese va a ser el gran desafío”.

Los que no pasarán por Hacienda serán los grandes proyectos de colaboración público privada. Esos serán los que se piloten directamente desde Moncloa.

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Los detalles se conocerán en los próximos días, cuando el Gobierno presente el plan que enviará a Bruselas dando cuenta de las prioridades en materia de digitalización o de transición ecológica, por citar las dos áreas más evidentes que pueden beneficiarse de la iniciativa europea. Encima de la mesa está cómo construir programas estatales de actuación en determinadas materia y la manera de que en ellos se puedan integrar los que hagan las comunidades autónomas.

El plan que el Gobierno enviará a Bruselas —indicando la proporción que España quiere dedicar a digitalización, a mundo rural, a proyectos de automoción, pero sin detallar proyectos concretos— acompañará al que, en la misma fecha, se remite todos los años dando cuenta del borrador de presupuestos —previsión de ingresos y de gastos— y de las previsiones de déficit y de deuda. No son documentos de los que el Gobierno espere un visto bueno de las instituciones europeas, aunque sí, como ya es tradicional, un comentario técnico que en muchas ocasiones la oposición utiliza para extraer conclusiones políticas. “Bruselas no sanciona o aprueba”, explican las fuentes consultadas or infoLibre, “contesta desde un punto de visto técnico si le parece coherente y en tono de recomendación. Tiene una lectura política pero no jurídica”.

Ese plan será la “primera señal” que empresas, patronal, comunidades y pymes esperan para empezar a preparar sus proyectos. A partir de ese momento se sabrá cuándo dinero hay disponible para un sector concreto o para un área de actividad determinada, si bien probablemente, y como consecuencia de todos los trámites necesarios, la llegada del dinero a sus solicitantes —si el proyecto resulta aprobado y obtiene el visto bueno de la UE— puede demorarse hasta un año.