Navajas en la Fiscalía: la revuelta que desnuda una autonomía contaminada por la política

No es un fiscal cualquiera. Es lo que pensarían los más de 2.500 fiscales que el lunes pasado desayunaron escuchando o leyendo unas declaraciones que avecinaban tormenta, tanto dentro del Ministerio Público como en los círculos políticos.

La grave polémica suscitada por las duras acusaciones que ha hecho Luis Navajas contra algunos de sus compañeros, denunciando presiones y “contaminación ideológica”, proviene de que es uno de los miembros de la carrera de más alta categoría, teniente fiscal del Tribunal Supremo y, por tanto, el número dos en el escalafón actual de la Fiscalía General del Estado.

Después de la comprensiva sorpresa y revuelo generalizados, las afirmaciones de Navajas, primero en Okdiario y después en Onda Cero, han llevado al desánimo a compañeros de carrera que, consultados por infoLibre, lamentan que la Fiscalía pueda ser puesta en duda y el trabajo diario de los fiscales de España se vea ensombrecido por sospechas de intereses políticos. Alimentado en gran medida por los debates políticos que han utilizado esta última polémica para acusarse unos a otros de interferir en la labor del Ministerio Público.

Y todo ello porque la Fiscalía, que es teóricamente autónoma en sus actuaciones, se ve lastrada por el hecho de que su superior jerárquico es nombrado directamente por el Gobierno de turno y esto hace que su labor se vea cuestionada para según qué asuntos. El propio Navajas tuvo que hacer frente a críticas cuando emitió el informe que debía presentar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre las decenas de querellas que se habían presentado contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia de coronavirus. No ha ayudado que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fuera nombrada apenas unas semanas de que dejara el cargo de ministra de Justicia, de modo que las dudas en ciertos temas pueden estar ciertamente justificadas. Tampoco fueron acertadas las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando sugirió que el Ministerio Público “depende” del Ejecutivo.

Desde la Asociación de Fiscales, el colectivo mayoritario, no han podido ser más contundentes tras la polémica suscitada por las declaraciones de Navajas: en su opinión, con las palabras del teniente fiscal “se arrojan más dudas sobre la independencia de quien ostenta y ha ostentado el cargo de fiscal general del Estado que las que de ordinario se suelen suscitar, viniendo así a confirmar la sospecha ciudadana de mediatización política de la institución”. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Delgado, ha pedido “poner fin a la crispación” ante la “complicada situación en que se ve inmersa la Fiscalía”.

Pero, ¿cómo funciona la Fiscalía?

Jueces y fiscales cursan los mismos estudios de Derecho y optan a la misma oposición. Es tras pasar ese examen cuando, en función del número de plazas convocadas y la calificación obtenida, deciden su futuro optando por una u otra carrera. La estructura y el funcionamiento del Ministerio Fiscal están regulados en su Estatuto Orgánico, pero en realidad, es la Constitución de 1978 la que establece que el o la fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que hace este último es avalar que se cumplen los requisitos para la designación, como es que este cargo debe ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia efectiva. Delgado cumplía estos requisitos, pero su vinculación tan directa con el Gobierno, precisamente por haber sido ministra en una etapa inmediatamente anterior y también diputada del PSOE hace que se vea permanentemente cuestionada en las guerras políticas. Y esta situación, irremediablemente, arrastra a todos los fiscales.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre recuerdan que lo importante en democracia son los contrapesos a los poderes, es decir, establecer límites y control a la actuación de los poderes públicos. La Fiscalía General del Estado es un órgano jerárquico para garantizar la unidad de actuación de todos los fiscales en todo el territorio nacional, siempre con sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, de modo que puede dictar instrucciones y líneas generales de acción, si bien el mismo Estatuto Orgánico prevé salvaguardas para los fiscales inferiores que discrepen de alguna indicación de su superior. Es el artículo 27, que cualquier fiscal puede invocar si considera que una decisión es “contraria a las leyes” o “por cualquier otro motivo que estime improcedente”.

Además, el Gobierno no puede dar ningún tipo de instrucción al Ministerio Público, aunque sí puede pedirle, a través del Ministerio de Justicia, que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. En estos supuestos, el fiscal general convoca a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones solicitadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada.

Fiscales de máxima categoría

Junta de Fiscales de Sala es un nombre que se ha escuchado mucho en los últimos días, a raíz de las polémicas declaraciones de Luis Navajas. Compuesta por “los que más saben”, como la definen varias fuentes consultadas para explicar de forma gráfica quiénes son sus miembros, actualmente consta de 31 fiscales --aparte de Delgado--, todos con más de 20 años de ejercicio en la carrera. Los todopoderosos fiscales, casi todos especialistas en Derecho Penal aunque hay algunos expertos en determinadas áreas como violencia de género o medio ambiente, están en lo más alto del escalafón de la categoría fiscal, a nivel de magistrado del Tribunal Supremo, y asisten al fiscal general en materia doctrinal y técnica.

Es la Junta que, según algunos, debía haber convocado Luis Navajas para pedirles opinión de cara a informar sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión del covid-19, porque el Estatuto Orgánico establece, en su artículo 25, que los fiscales de Sala deben ser oídos cuando la fiscal general imparta instrucciones que se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno. Fiscales consultados por infoLibre discrepan de la interpretación que se puede dar a este precepto: los hay que efectivamente opinan que la Junta tuvo que ser convocada antes de presentar el informe sobre las querellas ante el Supremo para así contar con más opiniones expertas, mientras que otros defienden que el teniente fiscal –designado para esta tarea al haberse apartado Delgado– no había recibido ninguna instrucción al respecto y, por tanto, entendió que no era pertinente consultar a sus compañeros.

En un caso muy sonado en su momento, fue la Junta de Fiscales de Sala la que acordó, por 13 votos contra 2, que no procedía citar a declarar como imputado al ministro de Asuntos Exteriores en 2001, Josep Piqué, por el caso Ertoil sobre la presunta venta fraudulenta de la petrolera Ertoil por parte de Ercros, de la que Piqué fue director de estrategia corporativa en el momento de la operación. La Junta fue convocada por el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, tras las discrepancias con el que era jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

El Supremo no avaló la acusación de rebelión

Cuatro fiscales de Sala que conforman la Junta son los que defendieron la acusación de rebelión en el juicio por el proceso independentista catalán que se celebró en el Tribunal Supremo. El tipo penal fue mantenido por Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno desde la instrucción del procedimiento, con José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General aún en tiempos del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, hasta la presentación de los escritos de acusación y la celebración del juicio, ya con Ejecutivo socialista y con una nueva fiscal general nombrada por éste, María José Segarra. Con el cambio de gobierno tras la moción de censura, no faltaron las elucubraciones acerca de si la entonces jefa del Ministerio Público impondría un cambio de criterio a los fiscales, si bien la acusación se mantuvo siguiendo el criterio de los encargados del caso y del resto de miembros de la Junta, solicitando al tribunal duras penas de prisión que en algún caso superaba los 20 años. El veredicto del tribunal que presidió Manuel Marchena, como es sabido, no compartió los argumentos de los fiscales y optó por condenar por sedición.

Las palabras de Luis Navajas han revelado tensiones dentro de la Fiscalía General del Estado y, más concretamente, entre los más altos miembros de la carrera, al acusar a algunos de sus compañeros de filtradores, calificarles de “tropa”, señalar a dos de ellos por estar, en su opinión, “contaminados políticamente” y denunciar que trataron de influirle para admitir las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Estos dos compañeros son Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, igualmente fiscales de Sala con una amplia experiencia en su campo. La primera, además, fue fiscal general del Estado casi dos años cob Gobiernos del PP y casualmente los dos fueron parte del equipo que defendió el delito de rebelión en la causa del procés.

Los fiscales consultados por infoLibre coinciden en remarcar que Navajas no estuvo acertado en sus declaraciones por señalar a dos compañeros de esa manera, más allá de si tenía razón o no. Pero algunos también recuerdan, como hizo el propio teniente fiscal, el artículo que Madrigal escribió en el diario El Mundo el pasado mes de mayo en el que criticó abiertamente la declaración del estado de alarma por la pandemia por constituir, a su juicio, “un ejercicio antidemocrático de poder” y un “verdadero estado de excepción en el que se restringen severamente los derechos ". Ahora se ha sabido que la Inspección Fiscal tramita una denuncia a raíz de la publicación de este artículo, al tiempo que también investiga las manifestaciones realizadas por Navajas, una situación que no ayuda a calmar las aguas en Fiscalía General del Estado y entre los números uno de la carrera.

El futuro de la instrucción penal

Entretanto, más de 2.500 fiscales continúan haciendo su labor diaria por todo el territorio nacional, siempre defendiendo que sus máximas son seguir criterios de objetividad e imparcialidad, aplicando la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Y no olvidan sus reivindicaciones, que pasan por dotarse de una autonomía presupuestaria y de un mayor protagonismo que les otorgue la dirección de las instrucciones judiciales. Se trata de una vieja reclamación que ya planteó en el siglo XIX el jurista Alonso Martínez, padre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que expertos juristas defienden para que el peso de la investigación recaiga en el Ministerio Público y el juez pase a convertirse en un mero garante de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos sometidos a una investigación penal.

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La instrucción fiscal es un sistema arraigado en países de nuestro entorno como Alemania, Italia, Portugal o Francia, por lo que fuentes fiscales consultadas por infoLibre consideran que un cambio de modelo acercaría a España a los estándares europeos. Pero es un cambio que se resiste, a pesar de que ministros de Justicia, sabiendo de la reivindicación histórica del Ministerio Público, prometan reformas en sus tomas de posesión que, al finalizar su mandato, no llegan a producirse.

No todo serían pros con un cambio de modelo. Según la catedrática de Derecho Procesal de la UNED Sofía Calaza, la descongestión en la Administración de Justicia sería considerable si se pasara la instrucción a los fiscales, ya que los juzgados se ven muchas veces colapsados por la cantidad de causas que tienen que atender cada día, pero las particularidades propias del Ministerio Público –dependencia jerárquica– limitarían la independencia de los instructores. Por eso, ha explicado a infoLibre que un cambio de modelo tendría que conllevar necesariamente una reforma del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, de modo que los que ejercieran la instrucción, y no tanto los que se ocuparan de la acusación, fueran plenamente independientes de sus superiores.

Una reforma profunda del modelo de instrucción penal derivaría, según Calaza, en una “mayor justicia procesal”, pues los procedimientos se dirimirían con mayor celeridad y mejoraría la calidad de la investigación al tener al frente a un instructor más liberado de otras causas. En su opinión, todo ello repercutiría positivamente en una de las carencias más lamentadas por abogados, jueces y fiscales: la desconfianza de los ciudadanos en la Justicia. Hace un año, la mitad de los españoles calificó de malo o muy malo el funcionamiento de esta Administración del Estado y ponía en duda la independencia de los jueces, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).