La Audiencia Nacional investiga por vínculos con Villarejo el patrimonio del jefe de la UDEF encargado del 'caso Gürtel'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga cuentas bancarias y el patrimonio del comisario José Luis Olivera, quien fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entre 2006 y 2012, por los negocios en los que, según los investigadores, colaboró con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, presuntamente facilitándole información privilegiada para sus intereses privados a cambio de una comisión que podría haber sido del 5%.

Así consta en un auto del magistrado que obra en el sumario de la pieza 7 del llamado caso Villarejocaso Villarejo, al que ha tenido acceso infoLibre, y que investiga la denominada operación Kitchen, el operativo policial puesto en marcha en 2013 al margen de cualquier control judicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robar información que podría haberse llevado del partido cuando fue despedido.

Olivera fue jefe de la UDEF entre 2006 y 2012, etapa durante la cual se destapó el caso Gürtelcaso Gürtel. Después, se puso al frente del entonces Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) hasta 2018, cuando el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reordenó la estructura de mando. Hasta el año pasado había sido vocal del Consejo Asesor de la Policía, y en el otoño de 2019 fue fichado por la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales como gestor de riesgos.

En la resolución del juez, acordada el pasado 31 de julio a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se requiere a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional una “investigación patrimonial” de Olivera, así como información a distintas entidades financieras sobre las “cinco cuentas bancarias a la vista en las que figura como cotitular” y las “quince cuentas de depósito a plazo en las que aparece como titular único”. El periodo a investigar, desde la apertura de las cuentas hasta la actualidad.

García Castellón quiere detalles de los movimientos de las cuentas, el saldo, cualquier producto comercializado o cajas de seguridad que haya contratado, contratos, la identidad de terceros con las que el banco haya mantenido contacto en relación a esas cuentas, además de créditos, hipotecas o préstamos vinculados a las cuentas y los informes que la entidad realizó para concederlos. Y, en general, “toda la documentación obtenida, generada o gestionada por la entidad en aplicación de las medidas de diligencia debida artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales”.

Para apuntalar la petición al juez, Anticorrupción había adjuntado a su escrito un informe de la Agencia Tributaria fechado en noviembre de 2019 con toda la documentación de que dispone sobre el comisario Olivera: rendimientos del trabajo, activos financieros, planes de pensiones o fondos de inversión.

Villarejo alardeaba de su buena relación

En su extenso informe entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6, la Fiscalía destaca un oficio policial de la Unidad de Asuntos Internos del año pasado en el que se refleja un “concierto económico permanente” entre Villarejo y Olivera, “a modo de iguala o comisión”. El comisario encarcelado llegó a alardear a un posible cliente de sus empresas de detectives “su amistad” con Olivera, al que define como “tronquete”, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial.

No era la primera vez que Villarejo hablaba sobre su buena relación con Olivera. En 2009, cuando éste último era jefe de la UDEF, el comisario ahora encarcelado advirtió en dos conversaciones telefónicas con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, de dos investigaciones de corrupción que en aquel momento estaban secretas y que afectaban directamente al partido conservador: el caso Brugal en Alicante y la rama valenciana del caso Gürtel.

Según el informe de los fiscales, Villarejo habló a López del Hierro de “la intervención de teléfonos autorizada judicialmente en ambos procedimientos y la directa implicación en los hechos de dirigentes del PP, a los que advirtió de una investigación penal que les afectaría directamente y en la que probablemente se autorizarían registros judiciales”. Toda esta información, por lo que cuenta Villarejo y según se desprende del contenido de las conversaciones, se la habría facilitado Olivera.

Pero no sólo son las reflexiones de Villarejo, ya que Anticorrupción destaca otro archivo de audio en el que se demostraría que Olivera tiene “pleno conocimiento del modo en que el comisario obtiene información para sus clientes, especialmente los tráficos de llamadas de las personas que investiga” su empresa Cenyt y que le son facilitados por otro de los investigados en la macrocausa, el también comisario jubilado Enrique García Castaño. En otra conversación, se plantea que Olivera se llevaría un porcentaje del 5% por colaborar con Villarejo.

“Las precedentes actuaciones constituyen serios elementos indiciarios acerca de la posible existencia de acuerdos económicos entre la organización criminal investigada que pivota en torno al Grupo Cenyt, cuyo titular real es el investigado José Manuel Villarejo, y José Luis Olivera, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía que hasta el 9 de julio de 2012 fue Jefe de la UDEF, posteriormente Director del CITCO, y hasta su jubilación vocal del Consejo Asesor del Cuerpo Nacional de Policía”, concluyen los fiscales.

Un jefe de la UDEF amparando actuaciones ilícitas

En virtud de los acuerdos económicos entre ambos, añade Anticorrupción, Olivera “habría amparado las actuaciones ilícitas del investigado José Manuel Villarejo, en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas, y en otros, como en el caso de la operación Kitchen, “permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito”.

El informe de los fiscales detalla la estrecha relación entre los dos comisarios y las numerosas grabaciones que habría guardado este último de conversaciones en el que él mismo y el exjefe de la UDEF hablan entre ellos o con otras personas acerca de la operación Kitchen, lo que refleja el “pleno conocimiento” que ambos tenían de este operativo ajeno al control judicial para espiar a Luis Bárcenas y robarle información que se habría llevado del PP.

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El informe menciona numerosos audios intervenidos a Villarejo en el que se escucha, aparte de al comisario encarcelado, a Olivera, al empresario Adrián de la Joya y el abogado Javier Iglesias, vinculado con dirigentes del PP. En esas conversaciones, Villarejo explica cómo captaron al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, gracias a la intermediación de María Dolores de Cospedal, su comisario de confianza Andrés Gómez Gordo y su marido. También detalla los pagos mensuales de 2.000 euros que le daban a cambio de su trabajo como confidente y cómo con la participación del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, consiguieron que ingresara en la Policía para que Ríos “no les pudiese delatar”.

El comisario jubilado, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 y principal investigado en esta macrocausa, dice en los audios que dispone de grabaciones con Martínez, al que apoda Paco o Choco, sobre la operación Kitchen, de la que, según él, también habría tenido conocimiento el Asturianoel Asturiano, apodo que según los investigadores utilizaría para referirse al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

De una de las conversaciones, explica Anticorrupción, se deduce que Villarejo, Olivera y De la Joya “planearían utilizar parte de la información de la que dispone” el primero para “joder a la pequeñita”, en alusión a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y así “pactar la tranquilidad con el ministro y el secretario de Estado”, esto es, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.