Sumario de la 'operación Kitchen'

"Como no salga, me preocuparé": Villarejo quería a toda costa que Moix fuera nombrado fiscal Anticorrupción

El exfiscal de Anticorrupción Manuel Moix.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo manifestó su predilección por Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción sólo unos días antes de que éste fuera nombrado, cuando ya se escuchaba su nombre para la designación, ya que lo veía más proclive a sus intereses, toda vez que el expolicía ya estaba siendo investigado y se habían publicado informaciones acerca de sus dudosas actividades.

Así lo revela una conversación que mantuvo Villarejo el 17 de febrero de 2017 con sus socios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza que fue grabada por él mismo –grababa todos sus encuentros– en su casa de la finca El Montecillo, ubicada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Moix fue nombrado fiscal jefe de Anticorrupción el día 22 de ese mismo mes.

Esa charla entre los tres, incluida en el sumario de la pieza 7 del caso Tándem al que ha tenido acceso infoLibre, Moix es nombrado en numerosas ocasiones y todos dejan claro que sería el fiscal favorito de los tres para estar al frente de Anticorrupción. “Como no salga Moix, me preocuparé”, llega a decir Villarejo. “Si Moix, si Moix es el Fiscal Anticorrupción, que yo, ojalá lo sea, pero...”, añade en otro momento de la conversación.

Y no se quedan ahí, sino que llegan a hablar de maniobrar para conseguir que Moix actúe de acuerdo a sus intereses en caso de ser nombrado fiscal jefe. Tal y como consta en el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entregado a la Audiencia Nacional, los tres hablan de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y que podrían hacer que Moix desmontara esa investigación una vez llegara a la jefatura de Anticorrupción.

Quiso frenar la investigación de Lezo

Villarejo y sus socios no eran los únicos interesados en que Moix estuviera al frente de esta Fiscalía. En conversaciones interceptadas por la Unidad de Criminalidad Organizada (UCO) de la Guardia Civil, el expresidente madrileño Ignacio González anticipó a un compañero del PP, Eduardo Zaplana, la intención del partido de “colocar” a Moix en este puesto con la esperanza de que fuera proclive a sus intereses.

Y estaba en lo cierto, pues unos días antes de que estallara la operación Lezo en abril de 2017 en la que González resultó detenido por delitos de corrupción de todo tipo -organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales-, Moix dio la orden de frenar varios de los registros programados en el marco del operativo, en contra de los fiscales que llevaban la investigación.

Los fiscales Carlos Yánez y Carmen García Cerdá invocaron entonces el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra y que establece que cualquier fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía". La práctica totalidad de los fiscales que integran Anticorrupción respaldó a sus compañeros y los registros se practicaron.

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Sigue ejerciendo en el Supremo

Fue uno de los momentos más convulsos de la etapa de Moix al frente de Anticorrupción, pero no le dio tiempo a mucho más, ya que llegó a la jefatura el 22 de febrero de 2017, nombrado por el entonces fiscal general, José Manuel Maza, ya fallecido, y apenas estuvo 87 días en el cargo: dimitió después de que infoLibre desvelara que era dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, compartida con sus hermanos [aquí tienes nuestro dosier sobre el caso]

A pesar del breve periodo de tiempo como fiscal jefe Anticorrupción, el acceso a este cargo otorga automáticamente una plaza en la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que asiste al fiscal general en materia doctrinal y técnica para fijar criterios de interpretación y actuación legal, así como para resolver consultas y elaborar memorias y circulares, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Público. Además, sigue siendo fiscal de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo.

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