El fiscal del caso del rey emérito ve recorrido y “un abanico de posibilidades” en la investigación

El fiscal que investiga al rey Juan Carlos por presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados como fraude a la Hacienda Pública o blanqueo de capitales no tiene, ni mucho menos, intención de archivar las diligencias, al menos en el corto plazo. Juan Ignacio Campos asegura que las pesquisas “han avanzado desde su iniciación”, tanto “cualitativa” como “cuantitativamente” y en los últimos meses se han abierto “nuevas perspectivas” que darán lugar a encargar actuaciones que permitan ampliar el foco.

En su primer pronunciamiento sobre el caso desde que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le ordenó hacerse cargo de las investigaciones el pasado mes de junio, Campos confirma que la documentación solicitada a la Fiscalía suiza sigue llegando, que aún no ha recibido todas las pesquisas allí realizadas y que la información de la que ahora dispone requiere de “ser complementada con la práctica de otras diligencias que sin duda abrirán un abanico de posibilidades”.

El fiscal del Tribunal Supremo no da más detalles acerca de las conclusiones que se pueden extraer de esta investigación, pero sí deja claro en su escrito que continúa con las diligencias y que éstas no están cerca de concluir, tanto por el hecho de que la Fiscalía suiza aún no ha remitido a España la totalidad de la comisión rogatoria solicitada como por el anuncio de que va a practicar otra serie de diligencias a raíz de esta documentación recabada por las autoridades helvéticas.

Eso sí, adelanta que las pesquisas a practicar “sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar” en este momento de la investigación. Juan Carlos I, hay que recordar, no está imputado formalmente: las diligencias fiscales son una investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo, que es la que, en todo caso, decidiría sobre una posible imputación.

Campos no hace su advertencia en un escrito sobre el estado de la investigación o en una comunicación al Supremo sobre los siguientes pasos a dar, sino que la introduce en el informe en el que solicita la inadmisión a trámite de la querella que en julio presentó la asociación Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, blanqueo y fraude fiscal relacionado con el origen de su presunta fortuna en cuentas en el extranjero.

Está investigando y lo seguirá haciendo

Por tanto, el fiscal no tenía por qué introducir ninguna información sobre el estado de sus pesquisas, si bien ha optado por comunicar que efectivamente está investigando y que lo seguirá haciendo porque la documentación de que dispone le ha permitido avanzar en sus diligencias y le ha dado “nuevas perspectivas” para continuar.

En su querella, Òmnium pedía que se investigara la procedencia de la "fortuna" del rey emérito en posibles cuentas en el extranjero y que se requiriera a Suiza el bloqueo de las cuentas en ese país porque hay "indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción" y porque la Fiscalía helvética también está indagando al respecto.

Aunque Campos admite que el contenido de sus diligencias de investigación "pudiera coincidir en su punto de partida y parcialmente con el tenor" de la querella de Òmnium, también recuerda en su escrito, de 14 páginas, que hechos ocurridos antes de la abdicación del rey emérito en junio de 2014 estarían prescritos y que, de cualquier manera, Juan Carlos I estaba entonces “amparado por la inviolabilidad que la Constitución garantiza al Jefe del Estado”.

"La inviolabilidad puede entenderse como sinónimo de irresponsabilidad –añade–. En este sentido, la inviolabilidad se identifica con la irresponsabilidad en la medida en que ambos términos expresan que no se puede perseguir penalmente al Monarca y que, en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria", por hechos cometidos hasta su abdicación el 18 de junio de 2014.

No hay un procedimiento judicial

También rechaza apartarse de la investigación, como procedería en el caso de existir ya una causa penal, lo que ocurriría en caso de que se admitiera la querella de Òmnium. Por tanto, recuerda que no existe “un procedimiento judicial abierto” sobre este asunto, que de momento se limita a diligencias de investigación por parte de la Fiscalía que continúan y cuyas conclusiones no puede valorar de momento.

Hace casi cuatro meses que el fiscal Campos se hizo cargo de estas diligencias por encargo personal de Dolores Delgado, ya que el rey emérito está aforado ante el Tribunal Supremo, pero la investigación sobre supuesto cobro de comisiones ya había empezado mucho antes, pues derivan de las pesquisas que inició la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una conversación entre la empresaria germano-danesa Corinna Larsen y el comisario José Manuel Villarejo. En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que Juan Carlos I había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca.

Anticorrupción abrió las diligencias secretas en el otoño de 2018 y ahí se mantuvieron durante casi dos años. El avance de la investigación suiza, que salpica a Juan Carlos I, llevó a la fiscal general a designar a Campos y a reclamar todo lo indagado hasta ese momento, tanto al fiscal español que había estado indagando todo ese tiempo como al fiscal suizo Yves Bertossa. De momento, éste sólo ha remitido parte de sus pesquisas y está pendiente de enviar más, que antes de ser estudiada tiene que ser traducida del francés.

En Suiza, el fiscal mantiene imputados a Corinna Larsen, el gestor de fondos Arturo Fasana y el abogado Dante Canonica. Un registro en los despachos de estos últimos reveló la existencia de una cuenta en Ginebra vinculada a la fundación panameña Lucum desde la que se habrían transferido 65 millones de euros a otra cuenta en el país helvético y cuya titular es la empresaria germano-danesa.

¿Regalo o comisión?

Larsen admitió esa transferencia en su declaración ante Bertossa, en diciembre de 2018, pero siempre ha defendido que fue una donación del rey emérito en el año 2012 como "regalo no solicitado" para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía, por lo que la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, pues insiste en que no participó en los acuerdos que llevaron a este contrato.

Según publicó El País, la empresaria alemana afirmó que "en ningún momento" Juan Carlos I "dijo que quisiera deshacerse de ese dinero" y que ella no sabía si él había declarado los fondos a la Hacienda Pública española. También dijo que no preguntó en ese momento sobre el origen de los fondos, pero que más adelante, en conversación con el banco suizo Gonet o con el abogado Dante Canonica, le explicaron que procedía de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí en favor del ex jefe del Estado. Según ella, se trata de una práctica corriente entre reyes, concretamente en Oriente Próximo.

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Sobre la creación de la fundación Lucum fue preguntado Canonica por el fiscal suizo, según publicó El Español. El abogado declaró, en agosto de 2018, que Juan Carlos I les pidió a él y a Fasana en su despacho de Zarzuela, a finales de 2007 o principios de 2008, que le crearan "una estructura" en el país helvético para guardar allí una "importante donación" que iba a recibir del rey saudí.

El nombre de Lucum y el de una fundación similar, Zagatka, se hicieron públicos justo cuando España entró en estado de alarma por la pandemia de coronavirus. El 15 de marzo de 2020, el diario británico The Telegraph publicó que las indagaciones que había hecho la Fiscalía suiza tras los registros en los despachos de Fasana y Canonica habían llevado hasta el rey emérito y que el actual jefe del Estado, Felipe VI, figuraba como segundo beneficiario.

Aunque el monarca ya sabía de la existencia de estas fundaciones y de su vinculación con ellas, pues el despacho de abogados que representa a Corinna Larsen se lo había comunicado un año antes, no fue hasta que se publicó en prensa cuando Zarzuela anunció que Felipe VI renunciaría a la herencia de su padre y que decidía retirar a éste su asignación anual.