Crisis del coronavirus

Ayuso y Casado cambian su discurso sobre la gestión de la pandemia para poder seguir echándosela en cara a Sánchez

Un día una cosa y al día siguiente la contraria. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevan varios días adaptando sus respectivos discursos a las circunstancias para, a medida que el Gobierno de Pedro Sánchez tomaba cartas en la crítica situación sanitaria de la capital, adaptar sus respectivos discursos a la nueva situación y seguir situándose a la contra.

Casado llevaba meses, prácticamente desde que las comunidades autónomas completaron la desescalada y asumieron la responsabilidad de luchar contra la pandemia, defendiendo que la responsabilidad era del Gobierno y que la ley le obligaba a actuar.responsabilidad Pero en cuanto el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto, a la vista de que los datos evidenciaban la existencia de transmisión comunitaria en la Comunidad de Madrid, el líder del PP pasó a acusarle de todo lo contrario, de querer imponer medidas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por motivos políticos y no sanitarios. La presidenta llegó a acusar a Sánchez de tener una “irresponsable obsesión” por desestabilizar Madrid que comprometía “la reactivación del conjunto de país”.

Ese ir y venir del argumentario conservador volvió a hacerse visible este viernes. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, respaldó en nombre de su partido la decisión de Ayuso de acudir a los tribunales para que el Gobierno no pueda aplicar las medidas pactadas por la mayoría de las comunidades en el Consejo Interterritorial del miércoles con el argumento de que el propio Gobierno había asegurado que “sólo a través de un estado de alarma se podía llevar a cabo la paralización y el control de la movilidad en las ciudades” y ahora basta una orden ministerial para “paralizar la actividad económica en Madrid”.

En realidad el argumento del Gobierno nunca fue ese sino que el estado de alarma era imprescindible para el confinamiento domiciliario. Como tampoco es verdad que las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad y que entraron en vigor en la capital la pasada noche ordenen la paralización de la actividad económica de Madrid, porque son idénticas a las que Ayuso ya había ordenado para determinados áreas, incluidos varios distritos de la capital.

La ductilidad con la que los dirigentes del PP cambian de criterio, pidiendo un día medidas homogéneas para toda España para luego defender la especificidad de Madrid, exigiendo al Gobierno central que intervenga y después pidiendo respeto a las competencias de la comunidad, ha acabado por sembrar el desconcierto entre los barones del PP,desconcierto especialmente entre aquellos que se consideran más afectados por la política sanitaria de Ayuso, como son los presidentes de Castilla y León y de la Región de Murcia.

El motivo no es otro que la evidencia de aue Madrid lleva desde la desescalada sin poner en marcha un sistema de rastreo eficaz y no ha reforzado la atención primaria, hasta el punto que el sistema de realización pruebas PCR ha colapsado. El resultado es que en estos momentos Madrid una alta presión hospitalaria, con un 23% de ocupación en camas convencionales frente a la media nacional del 9,2%, y de un 42% en cuidados intensivos, frente al 18% de media en todo el territorio.

Estos datos, que son los que la propia Comunidad de Madrid suministra al Ministerio de Sanidad, no parecen preocupar al PP. La dirección de Casado acusa a Sánchez y al ministro Salvador Illa de poner “la ideología por delante de la salud” con criterios “sin base científica”. Todo lo contrario que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también del PP, que ha apoyado las medidas que se aplican en Madrid “por responsabilidad y coherencia”.

Lo cierto es que Ayuso, y a su lado Casado, llevan semanas exigiendo a Sánchez la adopción de medidas iguales para todas las comunidades autónomas porque, según ellos, el problema de la pandemia no es la capital, sino toda España. Ese fue el argumento que la presidenta madrileña utilizó para negarse a extender a los municipios más poblados medidas de restricción de la movilidad cuando las tasas de contagio superen los 1.000 casos por 100.000 habitantes. 

Y eso fue exactamente lo que hizo Sanidad: proponer indicadores iguales en toda España para que las medidas sean obligatorias allí donde la presencia del virus sea más grave. Medidas homogéneas que, al mismo tiempo, obligaban a Ayuso a actuar porque las únicas diez ciudades que, de momento, están en ese supuesto, son madrileñas, incluida la capital.

Eso fue el miércoles, cuando había acuerdo, como celebró el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos. Pero Ayuso decidió romper la baraja, y lo que —según Aguado— Madrid defendía el miércoles ya no servía el jueves. A pesar de lo cual el Ministerio de Sanidad, ante la gravedad de la situación sanitaria, decidió seguir adelante. Obtuvo el apoyo mayoritario del Consejo Interterritorial de Salud y aprobó la orden ministerial que ha obligado a Madrid extender las restricciones.

En ese momento Ayuso empieza a divulgar que la pandemia ya evoluciona de forma favorable, retorciendo las cifras de casos y la ocupación hospitalaria, alegando que tiene un hospital en construcción y saltándose todos los criterios que los epidemiólogos consideran esenciales para hablar de cambios de tendencia, el más importante de los cuales es la tasa de contagios en los últimos catorce días.

Ayuso y el PP empiezan incluso a acusar a Sánchez de querer el confinamiento total de Madrid, cuando la orden ministerial lo único que hace es extender a la totalidad de los municipios más poblados y con tasas elevadísimas de contagio las medidas que la propia presidenta madrileña ya había aprobado para algunas zonas. Medidas que, por otra parte, los técnicos consideran demasiado suavesconsideran como para frenar el virus, porque permiten mantener todas las actividades y sólo limitan algunos horarios y condiciones de prestación de servicio relacionadas con el ocio y la hostelería.

El decreto de nueva normalidad

El decreto de la nueva normalidad, que el PP apoyó en su día, establecía claramente que corresponde “al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas”, responder ante “situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública” mediante la “activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias”.

Pero ahora la intervención del Gobierno con criterios homogéneos, que era lo que el PP había venido reclamando, se ha convertido en una imposición y una “invasión de competencias” que impide a Ayuso tomar medidas adaptadas a sus circunstancias. Se oponen con argumentos tan pintorescos, a veces, como que detrás de todo está el supuesto interés de Salvador Illa de querer ganar puntos —así lo dijo Casado— para presentarse a las elecciones catalanas como alguien que ha dañado a los madrileños. Unos días antes, la fundación FAES, presidida por José María Aznar, ya había censurado “que un catalán socialista” en alusión al ministro de Sanidad, “amenace con cerrar Madrid”.

Este viernes, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, anunció “el caos” como consecuencia de las medidas ordenadas por el Gobierno central y pronosticó cientos de millones de euros en pérdidas y miles de empleos desaparecidos. Denunció una “invasión de competencias” y lo que definió como “una auténtica sustracción sin amparo legal”. Para el Gobierno de Ayuso, las medidas ordenadas por Illa son peores para la salud pública que las de la Comunidad de Madrid, que eran “localizadas y quirúrgicas” y que “ya estaban teniendo efectos beneficiosos”. Y, sobre todo, subrayó López contradiciendo lo que Ayuso y Casado defendían hasta hace pocos días, presentan una “falta de homogeneidad”, porque según él no se pueden aplicar las mismas medidas a Madrid capital que a ciudades más pequeñas.

El recurso que la propia Ayuso ha trasladado a la Audiencia Nacional para intentar que la justicia anule las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad corrobora el giro de 180 grados en el argumentario del PP. Habla del “perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias” ordenada por el ministerio. Y, a diferencia de la tesis sobre la que Casado ha construido todo su discurso desde la desescalada, el recurso de Madrid —que paradójicamente Génova apoya— dice que la Comunidad “ostenta la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública”.

La orden del ministerio, asegura también el recurso, convierte lo “que debe ser un órgano para la coordinación consensuada, en un mecanismo de invasión de la competencia autonómica, a través del cual Sanidad se irroga una competencia de la cual carece”. Y corona su argumentación con a afirmación que contradice la tesis central que Casado lleva defendiendo desde mayo: para tomar estas medidas el Gobierno debería recurrir “a la declaración del estado de alarma”.

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