La apropiación de la derecha y las dudas sobre su neutralidad ponen a Felipe VI en riesgo de convertirse en 'rey de la foto de Colón'

La fortuna de Juan Carlos de Borbón y su origen oscuro ya no es el único problema que acecha el mandato de su hijo, Felipe de Borbón. El actual jefe del Estado ha pasado a formar parte del debate público después de que hiciese saber, por decisión propia o por indiscreción de sus interlocutores, su desacuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con su asistencia al acto de entrega de diplomas a los nuevos jueces celebrado hace una semana en Barcelona.

Un hecho insólito que, en opinión de la mayoría de los expertos constitucionalistas, historiadores y politólogos consultados por infoLibre, ha dañado la neutralidad a la que Felipe de Borbón está obligado. Y que ha situado al Jefe del Estado en el centro de un intenso debate político en el que la defensa de la monarquía ha sido monopolizada por los partidos de la derecha. Muchos de ellos creen que no es la primera vez que el rey toma decisiones que exceden el papel que le reserva la Constitución.

Uno de ellos es Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. Él no tiene dudas: lo que está pasando “claro que pone en riesgo la institución”. La única manera de que una monarquía encaje en un sistema constitucional es que se mantenga “fuera del debate político”. Ese “es un requisito imprescindible”.

De ahí que, asegura, la monarquía sólo pueda funcionar “como un símbolo” en un país democrático. Porque “no tiene legitimidad democrática por elección ni tiene responsabilidad”. Es “un órgano que no responde por sus actos” y “que nadie puede cambiar”.

Lo que está en discusión en España, explica Urías, no es un debate entre monarquía y república, sino “algunas decisiones del rey. Lo cual quiere decir que el rey está tomando decisiones. Y eso plantea un problema grave”, remarca, porque para que una monarquía funcione en una democracia “el rey tiene que ser un símbolo que respete todo el mundo”. No tanto por un deber de neutralidad sino porque tiene que ser “el paradigma de la unidad. Tiene que representar a todos, con “el mismo estatus que tienen la bandera o el escudo”.

Así que si el rey hace saber cuál es “su posicionamiento personal” o su opinión sobre cualquier tema “se rompe todo el sistema”. “Un rey discutido es un rey que ha tomado partido”, sentencia.

Y pone tres ejemplos que, en su opinión, demuestran que Felipe VI está tomando partido. El primero es el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, hace ahora tres años, dos días después del referéndum ilegal de independencia de Cataluña.

El “propio Gobierno [Rajoy] ha reconocido”, señala, “que no quería que el rey pronunciara ese discurso. No se redactó en Moncloa” y el Gobierno no lo conoció hasta poco antes de que se emitiera por televisión. “Rajoy se vio en una especie de chantaje y no tuvo más remedio que decir que sí”, explica.

El segundo ejemplo, prosigue, tuvo lugar con ocasión del funeral laico a las víctimas de la covid-19 organizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Iglesia católica “decide que va a hacer un funeral” contra el criterio del Ejecutivo al que el rey decide asistir “sin consultar” a Moncloa. Era “una maniobra” de la Iglesia “contra el Gobierno y el rey aceptó” ir. Acudió “sin pedir permiso”.

El último caso relevante, en opinión de Urías, es la visita a Barcelona. Se hizo saber “expresamente” que el rey quería ir pero que Sánchez no le dejaba. “Ha sido una jugarreta. Y claro, cuando el rey se dedica hacer jugarretas al Gobierno es que está maniobrando y tomando decisiones”. Así que el problema no está en que haya ministros que le hayan criticado. Si no hubiera hecho nada, “no se le podría criticar”.

José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, no está de acuerdo. Felipe VI “es una persona con criterio político propio que sabe cuál es su papel y que tendrá buen cuidado en no dejar de ser neutral”, asegura.

Otra cosa es que algunos partidos, “especialmente Podemos”, estén “lanzando piedras contra la monarquía” e intentando erosionarla. “Pero me parece que la solidez de la monarquía depende de su prestigio” y “el prestigio de la persona que lo ocupa no es tan fácil de erosionar”.

La debilidad de la monarquía, argumenta, “sería grande si el rey cometiera un error después de los que ha cometido su padre, pero no creo que por el ataque de algunos partidos esté en situación de mucha debilidad”.

En su opinión, las críticas de algunos ministros de Unidas Podemos a la actuación del rey suponen “una deslealtad hacia el propio Gobierno y hacia el partido con el que tienen hecho un pacto. Si forman un gobierno debe haber una coherencia”, subraya. “No pueden estar haciendo su propia política” al margen de lo que piense “el partido mayoritario en el Gobierno”.

En cambio, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid Ignacio Sánchez-Cuenca sí cree que está en riesgo la neutralidad del rey. “No es de ahora, viene de atrás“, precisa, en referencia al discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017. “Hay una percepción creciente entre ciertos segmentos de la sociedad de que el rey actúa en función de preferencias políticas, en función de sus propias ideas sobre la cuestión territorial. Y esto es algo que erosiona mucho la legitimidad de la monarquía porque su legitimidad se construye sobre la base de que es el rey de todos”.

El rey Felipe VI en la declaración institucional del 3 de octubre de 2017. EFE

Sánchez-Cuenca recuerda, en línea con Urías, que al tratarse de una figura no electa “tiene que ser capaz de representar a la totalidad del país. Y eso es algo que, con todas sus luces y sombras”, reconoce, Juan Carlos I sí consiguió porque “tuvo el olfato de ganarse desde muy pronto al Partido Socialista y a su principal líder de entonces, que era Felipe González. Y esto generó una base de apoyo transversal en la sociedad muy amplio”.

En cambio, su hijo Felipe VI “no sólo no ha conseguido hacer lo mismo sino que tampoco ha puesto ningún tipo de obstáculo al intento de patrimonializar la monarquía de la derecha”. Y en la medida en que “no pone distancia con los elementos más conservadores” de la sociedad española, que tratan de “capitalizar su figura”, es “evidente que cada vez más va a ser un rey de parte y no un rey de todos”.

Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela, cree que el hecho de que hayan ganado presencia parlamentaria partidos que, por republicanismo o por defender la autodeterminación de sus territorios, no se sienten identificados con la monarquía “traduce ante todo un estado de opinión”. A diferencia de lo que ocurría hasta los primeros años de la segunda década del siglo, “la monarquía arrastra un déficit considerable de legitimidad social”.

Y “es difícil que el monarca pueda representar a quienes no quieren sentirse representados por él”, salvo que tenga la oportunidad de protagonizar “un acto altamente simbólico y decisivo en defensa de la democracia” como el que vivió su padre el 23F y con el que consiguió sustituir su “dudosa legitimidad de origen con una legitimidad de ejercicio en la práctica”.

El agotamiento del carisma de Juan Carlos I, “en buena parte por méritos propios”, recuerda Núñez Seixas, ha puesto al descubierto que una parte muy considerable de la ciudadanía aceptó la monarquía “porque no había mejor alternativa, pero no por sincera convicción monárquica”. Por esa razón, “el debate político debería ser manejado por el rey con suma prudencia, e intentar situarse por encima de él”.

El historiador de la USC, Premio Nacional de Ensayo en 2019 por su obra Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-2018, cree que, en teoría, en el ordenamiento constitucional español habría espacio para que el Gobierno y el jefe del Estado pudiesen discrepar. “Sin embargo”, precisa, “un rey no es elegido, a diferencia de un presidente de la República. Por tanto, está obligado a mantenerse mucho más al margen del debate político cotidiano. En el fondo, el monarca debería limitarse a una función representativa reducida a lo esencial”.

Otra cosa es, señala en referencia a Unidas Podemos, si una fuerza política para la que el republicanismo es fundamental y que no acepta el sistema de la monarquía constitucional, “debería participar en el Gobierno y si no serían más coherentes otras fórmulas” como “un apoyo parlamentario desde fuera”. En cualquier caso, si hay discrepancias, “deberían resolverse por cauces institucionales basados en el diálogo y el reconocimiento mutuo”, opina.

Sí cree que “cuanto más partidista sea el apoyo a la monarquía, menor será el consenso social alrededor de su mantenimiento”. Si sólo “un sector de la opinión pública y un campo político enarbolan la defensa de la monarquía, como sucedió en 1931, poco sentido tiene su supuesto poder arbitral, o que ejerza como institución garante de consensos y de la continuidad del Estado”.

Núñez Seixas recuerda que todas las monarquías constitucionales europeas tienen más simpatías entre los conservadores que entre los socialdemócratas, laboristas o ecosocialistas. “El corazón de la izquierda política siempre es tendencialmente republicano. Pero ahí las monarquías gozan de una aceptación social consolidada, también en parte porque han sabido mantenerse por encima del debate político, gozan de una tradición fuerte y revalidada“ y “algunas de ellas “en su momento optaron por la defensa de la democracia frente al fascismo de forma decidida”.

En algunos casos, como ocurre en Dinamarca, Países Bajos, Gran Bretaña o Bélgica, además “han jugado un rol arbitral en comunidades políticas multinacionales o multiétnicas y restos de imperios, algo que en España la monarquía no ha sabido o querido desempeñar a fondo”, apunta.

Jordi Pacheco, profesor de Políticas Públicas de la Universitat de Barcelona, recuerda que en 1978 el cuestionamiento de la monarquía era “marginal”. Incluso el Partido Comunista de España renunció a la bandera tricolor y asumió la figura del rey. “Eso produjo un consenso que, aunque hubiera gente que se consideraba republicana, era una apuesta por la estabilidad. Cuando esto pasa, las cosas funcionan”, subraya.

El problema es que ese consenso “ha sido erosionado” tanto por Podemos, “que ya no es el Partido Comunista, es una cosa diferente”, que pone en cuestión la monarquía, como las fuerzas nacionalistas. “Y aquí la monarquía tiene un problema”, advierte, “porque es una institución que si se implica demasiado con ciertos valores o ciertas fuerzas políticas pierde la neutralidad absoluta que le es necesaria para desarrollar sus funciones. Y pasa ser una cuestión de parte”, indica en referencia a los partidos de la derecha.

En los problemas que acechan a la monarquía española se mezclan, en su opinión, las “operaciones un poco oscuras” protagonizadas por Juan Carlos I y el hecho de que su hijo “no acaba de afinar su imagen de neutralidad política”.

Pacheco, como la mayoría de los expertos consultados por infoLibre, tiene muy presente el discurso del 3 de octubre, que “se percibió por la población como una salida de la neutralidad del rey”. E igual que Urías, pone a la reina de Inglaterra como ejemplo de lo contrario: “No se pronunció en absoluto sobre el referéndum de Escocia, fue absolutamente neutral”.

Sin embargo “el actual monarca no ha sido escrupuloso en la neutralidad”. De acuerdo con la Constitución española, “el monarca no puede de ningún modo interferir en la política, tiene que ser absolutamente neutral”. Y cuando Felipe VI pronuncia un discurso como el del 3 de octubre, “o cuando en un conflicto como el despacho de los jueces se percibe que pierde la neutralidad, está perdiendo su legitimidad”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, saluda a Felipe de Borbón. EFE

Sin olvidar, remarca, que “algunos le hacen un flaco favor cuando salen de forma muy visible a defenderle”, como la extrema derecha de Vox. Se está haciendo muy visible que el apoyo al rey “va bajando gradualmente a medida que uno se desplaza a la izquierda del arco parlamentario”. “Ahí hay un problema”, señala. “Yo no sé qué debería hacer [el monarca], pero se debería desmarcar o intentar romper eso, porque está dando una imagen de derechización de la institución que le perjudica”.

Pacheco, a diferencia de Urías, cree que la Constitución sí da “un pequeño margen al rey para intervenir en política” a través de “sus funciones de moderación. Ahí sí puede tomar la iniciativa”. Porque la Carta Magna está diseñada para que, si los partidos discrepan en temas importantes, “haya una figura que esté por encima de todos” que “pueda iniciar procesos de negociación para desencallar posiciones”. “Pero claro”, admite, “para hacer este papel has de ser exquisitamente neutral” o al menos “percibirse como tal”.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo también cree que la institución se empezó a “poner en cuestión” desde que se conocieron “las andanzas del rey emérito”. “Ahora mismo”, el principal problema que tiene la monarquía “es que se está convirtiendo en un elemento de división de los españoles. O por lo menos de los españoles políticamente organizados”, precisa.

Y el esfuerzo “que está haciendo la derecha española por apropiarse de la figura del rey”, advierte, “puede convertir el problema en algo inmanejable para la Casa Real”. Especialmente “si el rey se convierte en el rey de ‘la foto de Colón”. “Ese es el riesgo”, explica, porque Vox, el PP y en menor medida Ciudadanos, que “se encuentran muy débiles ahora mismo”, están viendo que convertirse en defensores de la monarquía es una especie de “tabla de salvación”. Quieren hacer ver que son “imprescindibles para que la monarquía subsista y eso para la monarquía es una catástrofe”.

Pérez Royo no sabe si Felipe VI sabrá salir de esta situación. “Desde luego, como cometa errores como el del otro día enviándole el mensaje a Lesmes”, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en el que revelaba que le hubiese gustado ir a Barcelona en contra del criterio del Gobierno, “yo creo que va a tener muchos problemas”.

Y no es la primera vez, recuerda. El discurso del 3 de octubre de 2017 “fue el error más grande del monarca, un desastre sin paliativos. Un error de una magnitud extraordinaria que todavía está coleando”.

En una monarquía parlamentaria, subraya, el rey ”no puede discrepar. No es nadie para discrepar; no tiene legitimidad ninguna para discrepar del presidente del Gobierno. El rey no juega en la misma liga”. Del presidente juega “en el terreno de la legitimidad democrática” y el monarca “es una magistratura ademocrática. No antidemocrática”, remarca, “pero si ademocrática, que está fuera del circuito de la democracia”.

Que la Jefatura del Estado sea hereditaria fue decidido por los españoles en el referéndum constitucional de 1978. Pero la mayoría de los ciudadanos que hoy viven y trabajan en España no habían nacido o no tenían entonces edad para votar. Algo que a menudo citan los detractores de la monarquía, como el portavoz de Esquerra en el Congreso. Gabriel Rufián hizo notar además esta semana en el Pleno del Congreso que el origen de la restauración democrática en España no está en la Constitución sino en la decisión del dictador Francisco Franco.

“Es verdad que quien restablece la monarquía en España es Franco, que define España como Reino y luego selecciona a Juan Carlos como el continuador de la dinastía”, admite Sánchez-Cuenca. “Pero eso en cierto modo queda superado por la Constitución de 1978”, argumenta, que “le da toda la legitimidad al rey” como también “al resto de las instituciones del Estado”.

Es algo que comparte Urías. Es verdad que no había opción: o se aceptaba la Constitución tal y como fue redactada o se volvía al franquismo. Pero no se puede deslegitimar por eso al rey sin hacer lo mismo con respecto de las instituciones democráticas, del Congreso al Senado, pasando por el estado autonómico.

Las instituciones “se legitiman de dos maneras”, señala Álvarez Junco. “Hay una legitimidad de origen y hay una legitimidad de ejercicio”. En su opinión, es verdad que “la legitimidad de origen” de la monarquía española “puede ser relativamente cuestionable, porque fue instaurada por Franco, aunque luego fue ratificada al ser aprobada la Constitución de una manera abrumadora”. Pero sobre todo, subraya, “hay legitimidad de ejercicio”, y esa la consiguió Juan Carlos I con su actuación en los primeros años después de la muerte de Franco. “No había límites para sus poderes y renunció a ellos. Se dijo: yo me voy a limitar a ser un árbitro, como en las monarquías parlamentarias. Y los partidos lo aceptaron, incluidos los partidos de izquierda”. En ese momento “se ganó esa legitimidad”. Como también “cuando se opuso al golpe de Tejero”.

¿Está a la altura su hijo? Junco cree que sí. “Me da la impresión de que se está ganando la legitimidad con una actuación bastante impecable hasta el momento”.

Sánchez-Cuenca, recuerda que la Carta Magna “no es un documento inalterable” ni “permanente. Es algo revisable y es lógico que, a medida que la sociedad va evolucionando, pueda revisar algunos de los consensos originales”. No hay “nada extraño en eso, pero no significa que el rey no tenga legitimidad: el rey tiene la legitimidad que le concede ser parte del engranaje constitucional”.

Es verdad, señala, que “puede despertar un rechazo creciente entre capas de la sociedad”. No se puede “impedir que haya un debate público al respecto y ese debate está empezando a surgir con fuerza” como consecuencia de “los escándalos del padre pero también por los gestos que hace el hijo de alinearse con la derecha. Incidentes como airear su discrepancia con el Gobierno en torno a la visita a Barcelona de la semana pasada “no hacen más que contribuir a la idea de que Felipe VI es el rey de los españoles de derechas. No el rey de los españoles”.

Pacheco también cree que “los consensos políticos aparecen y desaparecen. No es suficiente que en el año 1978 hubiera un consenso mayoritario sobre la figura del rey”. Cuando va perdiendo apoyos, como ocurre en la actualidad, “ya no se puede hablar de consensos. Y más cuando el pueblo no se pronunció directamente: aquí no hubo un referéndum en el que se dijera ‘monarquía sí o no’, como en Italia”.

Más de 40 años después de las circunstancias que dieron lugar a la Constitución, “la gente tiene ya otras percepciones, otras vivencias. Si hay una parte muy importante de las personas que cuestiona la forma de gobierno se debería poder discutir”. Y discutir, subraya, “no quiere decir quitar” la monarquía. Aunque se bloquee ese debate “sólo pueden pasar dos cosas: que haya una recuperación de la popularidad del monarca o que haya un deterioro importante”. Pero “dejar oxidar” a una figura central del sistema político “es peligroso”.

Como mínimo, aconseja Pacheco, la monarquía “se debería preguntar qué puede hacer para que el deterioro que sufre en la opinión pública no continúe”. Y propone alguna respuesta: mejorar la transparencia, por ejemplo. O evitar los viajes con empresarios al extranjero.

Núñez Seixas también cree que “si hay una corriente de opinión favorable a cuestionar la monarquía y contemplar otras opciones como forma de Gobierno (República federal, unitaria, confederal…), y ese porcentaje se mantiene en niveles muy significativos o mayoritarios durante un tiempo, tiene sentido someter la cuestión de nuevo a referéndum, consulta o validación”. Pero para saberlo, recuerda, el CIS debería reanudar la serie interrumpida sobre la opinión que el rey merece a los españoles. Cuestión distinta, puntualiza, “es si existe una alternativa republicana en la que una mayoría pudiese ponerse de acuerdo y sobre el momento en el que tal posibilidad se podría plantear”.

En 1978, recuerda el historiador gallego, “la opción era entre democracia o (post) dictadura, pero no hubo ninguna posibilidad de elegir entre otras variables (república o monarquía, autodeterminación de las nacionalidades, etc.), debido al contexto y relación de fuerzas, entre ellas la presencia del ejército”. Desde un principio, el proceso de transición estuvo “guiado por la premisa de que la forma de gobierno sería una monarquía constitucional o parlamentaria; la disculpa fue el referéndum de la Ley de Reforma Política de diciembre de 1975, que Suárez utilizó como excusa ante la opinión pública internacional para presentarlo como validación de la monarquía”.

Pérez Royo es de los que creen que la legitimidad de la monarquía no está suficientemente fundada en virtud del referéndum constitucional de 1978. “Es una monarquía que restauró el general Franco y esa monarquía restaurada es la que preside el proceso de transición de las leyes fundamentales a la Constitución”. Y dirige ese proceso “con la finalidad de preservar esa restauración”. “Lo consiguió, se disfrazó la restauración de la monarquía de transición a la democracia y durante 40 años ha funcionado perfectamente”.

La monarquía adquiere legitimidad con la transición y el 23F, pero “el poder constituyente del pueblo español no se ha extendido nunca a la monarquía en toda la historia constitucional de España”, recuerda Pérez Royo. Ese es precisamente uno de los problemas que tiene: en toda la historia constitucional de España, incluida la del 78, la monarquía “ha sido siempre un dato previo e indisponible al pueblo español”.

Es un problema que Joaquín Urías plantea de otro modo. “Hay un dato en la Constitución”, explica, “del que yo creo que a veces la gente no es consciente”. “Si tú coges la Constitución española actual, tal y como se publicó, la primera frase dice: ‘Don Juan Carlos I Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución’. Y, al final, añade: ‘Mando a todos los españoles que la guarden y hagan guardar’’. Es el rey el que comunica que el pueblo ha aprobado la Carta Magna y ordena que se cumpla, no como una decisión de los ciudadanos, como sucede con las constituciones de otros países.

Eso ocurre, subraya, porque “el rey es rey antes de la Constitución, no nace con ella” y “eso implica que, en la vida política, el rey es el heredero del régimen anterior”. Se convierte en jefe del Estado antes de que tengamos Constitución y es jefe del Estado, con los mismos poderes que tenía el dictador, desde el 22 de noviembre de 1975. “Hubiera podido ejercer como dictador”, de hecho. Ese es el motivo de que, “de algún modo, para mucha gente simboliza el franquismo”. Cuando un partido invoca eso, “no le falta cierta razón”.