Bloqueo institucional

El Gobierno no descarta más reformas para renovar también el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y RTVE

La ministra portavoz, María Jesús Montero, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El foco del bloqueo institucional por la negativa del Partido Popular a llegar a acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez mientras que Unidas Podemos siga formando parte de la coalición de Gobierno está puesto en las últimas semanas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero no es este el único órgano pendiente de renovación. La falta de acuerdo tiene también frenados cambios en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE). Y, del mismo modo que el Gobierno trabaja ahora en buscar alternativas en forma de reformas legales que permitan renovar el órgano de gobierno de los jueces sin contar con el principal partido de la oposición, en la Moncloa no descartan recurrir a vías similares para renovar estas instituciones

Esto es, al menos, lo que sostuvo la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada sobre la posibilidad de que se aborden cambios legales para el resto de instituciones que, como el CGPJ, están bloqueadas.

"Evidentemente, cada órgano tiene su propia singularidad. Por tanto, tenemos que ir empezando a trabajar", dijo citando expresamente al CGPJ en este caso en el órgano de gobierno de los jueces. "Veremos cómo el Partido Popular se va posicionando respecto al resto de instituciones. Pero no descartamos que en caso de que se produzca ese bloqueo activo, ese veto por parte del Partido Popular, trabajemos con los diferentes grupos [políticos]" para acabar con una situación "que está impidiendo el normal funcionamiento de los órganos constitucionales", destacó la también ministra de Hacienda.

El Constitucional tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados. Su presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Carlos Ollero y Fernando Valdés concluyeron su mandato el 7 de noviembre de 2019. Fueron designados por el Congreso el 20 de julio de 2012. Atendiendo a lo que señala el artículo 159.3 de la Constitución, deberían permanecer en el cargo nueve años, hasta julio de 2021. Pero dado que fueron nombrados tiempo después de que vencieran los plazos de sus predecesores, se les descuenta este tiempo según se contempla en el Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del CGPJ, según puede leerse en el artículo 159 de la Constitución. 

En caso del Tribunal de Cuentas tiene pendiente desde 2018 la renovación de la vacante de uno de sus doce consejeros, Lluís Armet i Coma. El mandato del resto expira en 2021. La Constitución le define como "el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público".  "Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado", añade.

Mayoría de tres quintos también para el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo

La ley orgánica del Tribunal de Cuentas fija que los consejeros serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, "mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional".

El Defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, lleva en funciones desde julio de 2017. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, según la ley orgánica que regula esta institución. 

"Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado", reza el texto legislativo. "En caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión [una mixta de ambas Cámaras], y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado", añade.

Una ley de 2017 que no avanza

En el caso de RTVE, queda por resolverse el concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de RTVE. "Tras la elección de los miembros del Consejo de Administración por el Pleno del Congreso de los Diputados, se procederá a la convocatoria de la Comisión de Nombramientos del Senado para realizar las comparecencias de los candidatos que no hubieran sido elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados. A continuación, y de acuerdo con el Reglamento del Senado, se procederá a la votación en el Pleno de esta Cámara", recoge la legislación.

Una vez realizada la elección de los miembros del Consejo de Administración, el Congreso tiene que designar, de entre todos los consejeros, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo. La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, lleva dos años en situación de provisionalidad.

Este martes, los Consejos de Informativos de RTVE pidieron al Parlamento que se den "los pasos oportunos para reactivar y concluir de forma ya urgente" el concurso público para elegir a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y a su presidencia, tal y como indica la ley que esas mismas Cámaras aprobaron hace más de tres años. Así lo indican los Consejos de Informativos de RTVE en sendas misivas dirigidas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente de la Comisión Mixta de Control parlamentario de la Corporación, Antonio José Cosculluela, informa Europa Press.

"La extremada dilación en el tiempo del proceso que abrió dicha ley de 2017 –cuyo título es "para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos"– ha provocado una situación inédita en esta Corporación pública", sostienen.

Los Consejos ven "preocupante que en este periodo de interinidad al que han condenado a esta empresa propiedad de todos los españoles, los responsables provisionales hayan tomado decisiones de profundo calado en la estructura organizativa y en la programación sin el necesario debate y contrapeso".

¿Qué plazos maneja el Gobierno para el CGPJ?

Este viernes, infoLibre avanzaba que los últimos nombramientos de la semana pasada en el CGPJ, realizados en contra del criterio del Gobierno, habían sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en el Ejecutivo y que iban acelerarse los trámites para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Sobre la mesa está una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la que se precisa mayoría absoluta. La esencia de esta reforma sería hacer una nueva interpretación del artículo 122 de la Constitución. Pasaría por mantener la exigencia del apoyo de los tres quintos de las Cámaras para la elección los ocho juristas de reconocido prestigio, y que la elección de los otros doce pudiera hacerse por mayoría absoluta. En principio, el Gobierno confía en que pudiera salir adelante gracias a los apoyos de los 187 diputados que firmaron hace una semana un manifiesto exigiendo la renovación del CGPJ, y entre los que figuraban, además los dos partidos que integran el Gobierno de coalición, las fuerzas que permitieron la investidura del presidente Pedro Sánchez el pasado enero. 

En la rueda de prensa de este martes Montero dio a entender que el proceso no va a ser inmediato. Sostuvo que existen "conversaciones discretas" con otras formaciones para sondear los apoyos que necesitaría una reforma de este calado. Unas conversaciones, sobre la base, dijo, de que "parece" que "el PP no va a cambiar de posición".

Lo que no quiso avanzar la portavoz del Ejecutivo es qué tipo de plazos maneja el Gobierno para la presentación de iniciativas legislativas que permitan la renovación de un CGPJ en funciones. "Hay que dialogar esta situación con todo el tiempo que se requiera", añadió.

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Las aspiraciones de Unidas Podemos

Este diario ha informado de que en Unidas Podemos reconocen que su ambición "máxima", además de la elección de esos 12 jueces por mayoría absoluta y no de tres quintos, es que el CGPJ cese desde el mismo momento en el que se cumple su mandato, como ocurre en órganos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto implicaría que mientras sus miembros estén en funciones, es decir, mientras no sean relevados, su actuación sólo podría circunscribirse a cuestiones burocráticas o de expedientes de la inspección judicial. Cualquier otro asunto urgente o de mayor relevancia sería trasladado al Ministerio de Justicia.

Uno de los aspectos más complejos y discutidos en la comisión de negociación entre PSOE y Unidas Podemos es la posibilidad de que el CGPJ elegido tras esa reforma pueda tomar algunas decisiones de carácter retroactivo, como la de no ratificar los nombramientos hechos por Lesmes.

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