El juez propone juzgar a Villarejo y a dos periodistas en el marco de la 'pieza Dina'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado finalizar la instrucción de la pieza separada Dina, en la que se investiga el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015, y propone juzgar al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, al exdirector de Interviú Alberto Pozas y al exsubdirector de esa misma revista Luis Rendueles por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, de diez páginas y recogido por Europa Press, se detalla que la causa tiene origen en unos archivos encontrados en la entrada y registro del domicilio de Villarejo en 2017 en los que había información personal de la que fuera asesora del líder de Podemos Pablo Iglesias así como datos sensibles del partido.

Según explica en su auto García-Castellón, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham –Ricardo Antonio Sa Ferreira– en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de la asesora.

Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

Y apunta el juez en el auto que los archivos de uno de los pendrives fueron copiados el 14 de abril de 2016 mientras que los del disco duro son copia del pendrive realizada en julio de 2016. Sobre cómo llegó a manos de Villarejo esa información, en prisión desde noviembre de 2017 como principal acusado de la macrocausa Tándem, el magistrado indica que se sabe que el contenido de la tarjeta de Bousselham llegó a Pozas, que en aquel momento era director de Interviú, quien se guardó una copia en su ordenador.

Éste, a su vez, "comparte los archivos y gran parte de información que contiene la tarjeta con el subdirector de la revista, Luis Rendueles" y posteriormente la SD es estregada al presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio.

En 2016, antes de abril, Villarejo contacta con Rendueles y le pide que le entregue una copia de los archivos de Bousselham. Según explica el magistrado en el auto, Rendueles lo habla con Pozas, y este "pese a saber que la tarjeta contenía una información personal ajena a Villarejo, accede a la petición". Ambos se vieron con el comisario y le facilitaron parte del contenido.

Por este motivo, García-Castellón entiende que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Y añade que la imputación de los tres se basa en los indicios, en la "extensa y abundante documentación que obra en la causa y en las declaraciones de testigos e investigados.

Desestima otras diligencias interesadas

Por otro lado, en sus disposiciones, el juez desestima las diligencias solicitadas por la defensa de Bousselham, que pedía la declaración del que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó, de José Ángel Fuentes Gago y del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez para esclarecer si hubo un origen policial en la sustracción del móvil. El objetivo de la defensa era además conocer si Villarejo elevó archivos a sus superiores policiales con el fin de elaborar el denominado informe PISA (Pablo Iglesias SA).

El juez, aludiendo al auto de la Sala de lo Penal que devolvió la condición de perjudicado a Iglesias en esta pieza en contra de su criterio, indica que esas diligencias son "inútiles e innecesarias" para el procedimiento. Y añade que el auto –de la Sala–que se practiquen diligencias referidas a las llamadas hipótesis alternativas.

También rechaza las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal , que pedía la declaración como peritos testigos de los agentes que realizaron el informe sobre la SD en agosto y una nueva declaración de Bousselham y Sa Ferreira. La razón que da es la misma. "Supondría seguir investigando sobre alguna de las hipótesis alternativas, opción vetada por la Sala de lo Penal".

Este auto de pase a procedimiento abreviado, llega el mismo día en que el juez ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a esta misma pieza.