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Precariedad laboral

Alerta de Cáritas: la crisis explota con 2,5 millones de trabajadores ya en la pobreza

  • “El empleo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social”, concluye el informe laboral de la Fundación Foessa
  • El estudio Vulneración de derechos: trabajo decente constata el fracaso de los sistemas de cobertura social ante el auge del trabajo precario
  • Hay cerca de 8 millones de peronas que dependen de una relación de absoluta inseguridad con el empleo.

Publicada el 07/10/2020 a las 10:00 Actualizada el 07/10/2020 a las 11:42
Varias personas hacen cola para recoger alimentos en el almacen de la Cruz Roja en Mataró (Barcelona)

Varias personas hacen cola para recoger alimentos en el almacen de la Cruz Roja en Mataró (Barcelona)

EFE

El dedo en la llaga. El informe laboral de Cáritas, Vulneración de derechos: trabajo decente, elaborado por Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), constituida en 1965 por la organización caritativa de la Iglesia, hace un diagnóstico de extrema dureza de la realidad española. Hay cerca de 2,5 millones de trabajadores pobres, calcula la ONG, con una dilatada trayectoria en el examen de los problemas sociales en España. El informe recalca que “los sistemas de protección pública al desempleo no han sabido adaptarse a esta mutación que ha tenido lugar en el mercado laboral”. ¿Por qué? “Contar con un empleo, más aún si es precario, no protege ante situaciones de exclusión o pobreza, y eso es algo que se debe asumir y comprender desde los sistemas de protección pública para poder hacerle frente, puesto que el trabajo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social”. Un porcentaje ilustra este desfase: sólo el 24,8% de los hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción. Es decir, el 75,2% no lo reciben. El informe muestra a las claras además una realidad puesta cada vez con mayor evidencia empírica encima de la mesa: la gruesa brecha social norte-sur en España.

La elevada dependencia del sector servicios, indica el informe, “genera un elevado número de empleos” en actividades “muy expuestas a la estacionalidad y a las coyunturas socioeconómicas (hostelería, turismo, servicios auxiliares...)”. “Unos sectores que están generando condiciones laborales que en ocasiones se sitúan lejos del trabajo decente. Si comparamos la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores del país, el resultado es que los sueldos son un 40% más bajos. Y si dentro de este sector ponemos el foco en el servicio de comidas y bebidas y observamos la diferencia entre hombres y mujeres comprobamos que los salarios de los camareros son un 43% más bajos y los de las camareras un 50%”, añade.

Trabajo doméstico, mujeres, inmigrantes

Es decir, las bases son malas, porque el motor de nuestro modelo tiene una fuerza limitada. A ello se suma el trabajo doméstico, agujero negro del mercado laboral. Sólo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional, lo que indica que buena parte de las trabajadoras –se trata de un sector altamente feminizado– “realizan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener”, indica el informe. El salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres.

El informe laboral recalca cómo estas cifras demuestran la “escasez o falta de eficacia de las políticas que permiten reducir esta desigualdad y condiciones injustas para las personas que trabajan en sectores esenciales como son el del trabajo doméstico, la agricultura y la hostelería”. El resultado es que las dificultades para acceder a un trabajo digno son sufridas, sobre todo, por mujeres y extranjeros. En el caso de las mujeres, la brecha salarial alcanza el 21%.

La comunidad donde es más elevada es Asturias, con un 29,3%, seguida de Aragón (24,6%) y Andalucía (24,4%). La brecha según nacionalidad, es decir, la discriminación salarial de los extranjeros, asciende a un 24%, siendo las superiores en Andalucía (33%), País Vasco (29,7%) y Madrid (29,6%). “El marco legal empuja a la población de origen extranjero a la irregularidad. Personas en situación administrativa irregular, que se ven obligadas a cubrir puestos de trabajo en la economía informal. Una experiencia inevitable para alcanzar la opción de regularizar su situación”, indica el informe.

Pobreza y brecha norte-sur

La precariedad se define como una situación en la que, aun habiendo empleo, “los ingresos percibidos son insuficientes para salir de situaciones de pobreza”. “Si tenemos en cuenta el umbral de pobreza relativa, esta es una realidad en la que vive un 13,2% de la población empleada y el 3,1% si atendemos a la pobreza severa”, indica el informe de Foessa, que utiliza estadísticas y encuestas de condiciones de vida del INE, parámetros de la ONU y datos oficiales de paro registrado, entre otras fuentes. En Extremadura, la población en pobreza relativa asciende al 24,2%, por delante de Andalucía (21,6%). En pobreza severa, Asturias supera a Andalucía por una décima: 6,7% a 6,6%. Hay cinco comunidades que no llegan al 2%: Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y País Vasco.

El resultado es que “casi 2,5 millones de trabajadores pobres que, a pesar de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa, es decir, un elevado número de gente que a pesar de madrugar a diario y dedicar gran parte de su tiempo y energías a cumplir en su empleo, siguen viendo vulnerado su derecho a cubrir las necesidades básicas propias y de sus familias”, señala Cáritas, la rama de la Iglesia en España que mejor se alinea con el catolicismo social del papa Francisco.

Inestabilidad y temporalidad indeseada

Los porqués están en los desequilibrios del mercado laboral. Señala el informe: “La estabilidad que ofrece un empleo a tiempo completo y con contrato indefinido es hoy en día una quimera para cerca de cuatro de cada diez trabajadores (34,6%)”. El 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial y casi la mitad de ellos, el 48,1%, sufren la parcialidad indeseada, es decir, se mantienen en esa situación porque no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o conseguir la ampliación horaria en su actual empleo. Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de trabajadores con jornada parcial indeseada: 67,7%. La que menos, Navarra, 36,2%. En agosto de este año, sólo un 8,6% de los nuevos contratos que se firmaron fueron indefinidos, lo que representa una baja generación de empleo estable y de largo plazo. Los contratos temporales alcanzaron el 56,3%.

Hay un 16,4% de la población en hogares cuyo sustentador principal se encuentra en una situación de inestabilidad laboral grave. Son 7,8 millones de personas dependientes de una relación muy insegura con el empleo. Andalucía es la comunidad con mayor porcentaje de hogares en esta situación: 23,2%. En el otro extremo, País Vasco, con el 8,3%. El 52,2% de las familias con una situación de inestabilidad laboral grave no disponen de dinero para afrontar gastos imprevistos y el 42% se han visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos. Un dato socioeducativo: el 13,1% de las familias cuyo sustentador principal está en situación de inestabilidad tienen graves dificultades para hacer frente a los materiales escolares, lo que triplica el porcentaje de población general que sufre esa condición. Esa es la base a partir de la cual intentar “reconstruir” el país. La frase “que nadie se quede atrás” no va a ser fácil de cumplir.

Fuera del sistema

Especialmente dura es la realidad de quienes “subsisten a base de empleos informales”, una categoría que engloba al 1,3% de la población, es decir, “más de 615.000 [personas] que viven, probablemente, la máxima expresión de la precariedad laboral, y quienes ven pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorable”, señala el informe [ver aquí el informe completo]. Son además los que más dificultad tienen para cumplir con situaciones de restricción a la movilidad, porque viven el día a día.

El 18,6% de las personas en esta situación han recibido avisos de corte de suministros por no disponer de dinero suficiente para pagarlos, más del doble que la población en general (7,2%). Son más aún quienes no cuentan con dinero suficiente para afrontar gastos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, suministros) llegando a casi tres de cada diez de estas familias (28,2%).


 

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1 Comentarios
  • Cantón Cantón 07/10/20 18:55

    Que pregunten a Caritas como tratan a los residentes de la Residencia Conchita Regojo en Fermoselle.
    El año pasado les subieron en Enero entre un 10% y un 50%, y los servicios no han mejorado ni un ápice. Ellos mucho hablan de los demás. Pero lo mío no lo toqueis.
    Que lo expliquen.
    Por cierto los edificios de la residencia son del pueblo.

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