Crisis del coronavirus

El caos en la gestión de la crisis eleva a ocho las víctimas políticas en el Gobierno de Ayuso

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el nuevo consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo.

Nueva remodelación del Ejecutivo madrileño en pleno pulso con el Gobierno central por las restricciones sanitarias en la región. Con la segunda ola de la pandemia azotando con dureza la región, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, decidió este miércoles darle otra vuelta de tuerca a su equipo con el objetivo, o eso es lo que se ha trasladado públicamente, de “reforzar” la lucha contra el coronavirus en suelo madrileño en dos áreas clave: las consejerías de Sanidad y Educación. Otra reestructuración más, la segunda desde que estallara la crisis sanitaria en el país, que eleva hasta ocho el número de caídos dentro del Ejecutivo autonómico en los últimos cinco meses de mandato. Bajas que se han producido en áreas clave en una situación de pandemia tales como comunicación, salud pública o residencias de mayores y que han llegado a poner al Gobierno madrileño en una situación delicada en más de una ocasión. La mayoría de las salidas hasta la fecha han sido altos cargos con mayor o menor importancia. Sin embargo, de los pilares fundamentales, los consejeros, el único que se ha derrumbado hasta el momento ha sido el de Políticas Sociales.

Desde el levantamiento del estado de alarma, uno de los rumores más extendidos dentro de los círculos políticos madrileños era el de que Ayuso iba a aguantar hasta la vuelta del verano para provocar una crisis de Gobierno que podía pasar por prescindir de los responsables de Sanidad y Políticas Sociales, que tantos quebraderos de cabeza le dieron durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, la celebración del debate del estado de la región terminó por desdibujar esa idea. Eso no ha impedido al Ejecutivo regional, no obstante, hacer este miércoles algunos retoques en la estructura de la primera consejería. No al más alto nivel –Enrique Ruiz Escudero sigue ocupando su despacho en la calle Aduana–, pero sí en el segundo grado del escalafón. Cae Ana Dávila-Ponce de León, la hasta hoy viceconsejera de Asistencia Sanitaria cuya trayectoria arrancó en 2011 en el Ayuntamiento de Las Rozas de la mano del PP. Un perfil político que el Ejecutivo regional ha decidido sustituir por otro más técnico: Juan González Armengol, jefe de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos y una referencia en el campo de las emergencias en España.

El cese de Dávila se produce en un contexto muy particular. La viceconsejería que dirigía hasta hace sólo unas horas fue la responsable de la adjudicación de los transportes aéreos de material de protección –un total de 23– para hacer frente a la primera ola de la pandemia. Fletes sobre los que lleva indagando meses la oposición y de los que, según desveló este lunes infoLibre, más de la mitad fueron a parar a manos de una desconocida empresa de Zaragoza que se embolsó por estos trabajos más del doble que otras firmas que también organizaron estos viajes para el Gobierno regional. Por el momento, la Consejería de Sanidad prefiere no soltar prenda sobre este asunto ni arrojar luz sobre las sombras alrededor de las operaciones chinas de las que presumía públicamente la propia Ayuso. La opacidad es absoluta. Ni aclara qué papel habría desempeñado Óscar Leyva, personaje vinculado al PP desde hace dos décadas, ni cuánto habría cobrado por ello. Ni siquiera ofrece respuestas cuando se le cuestiona por si han surgido problemas “con las facturas”, algo que deslizan de manera no oficial fuentes de la Comunidad de Madrid.

La eterna tensión con Reyero

La salida de la viceconsejera de Sanidad se conoció un par de horas después del acto de nombramiento de Javier Luengo como nuevo consejero de Políticas Sociales en sustitución de Alberto Reyero. Por el momento, esta ha sido la baja más importante de las registradas desde que estalló la crisis sanitaria. Y lo ha sido por varios motivos. Primero, por ser la primera caída de un consejero dentro del equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Segundo, por formar parte de la cuota naranja dentro del Ejecutivo de coalición. Y tercero, y quizá el más relevante, por el momento concreto en el que se produjo. La carta de dimisión que Reyero puso sobre la mesa de la presidenta regional fue el colofón a una semana negra en la que las costuras del Gobierno regional se tensaron y quedaron al descubierto las dos almas que conforman el equipo. Por un lado, la conservadora, manteniendo la confrontación con el Ministerio de Sanidad por las restricciones en Madrid. Por otro, la naranja, haciendo un llamamiento a la unidad de las instituciones y rechazando abiertamente la estrategia del Ejecutivo madrileño de acudir a los tribunales.

Quienes conocen al político de Ciudadanos, cuyo cese pedían desde Vox y cuya dimisión ha terminado por agitar de nuevo el fantasma de la moción de censura, señalan que el político llevaba tiempo con ganas de abandonar el cargo para dedicarse en exclusiva a su labor de diputado raso en la Asamblea de Madrid. Desde que se conoció el drama vivido en las residencias de ancianos de la región, las relaciones con el equipo de Isabel Díaz Ayuso eran tensas. En marzo, la presidenta le retiró las competencias sobre estos centros para entregárselas a su consejero de Sanidad. Y un par de meses más tarde, Reyero no tuvo ningún reparo en criticar a su propio Ejecutivo por la gestión que había hecho de la situación. Cuando se conocieron los protocolos excluyentes de la Comunidad de Madrid, desvelados por este diario, alzó la voz en público para desvincularse de los mismos. Documentos, que en su día también recibió la propia Dávila-Ponce de León, que probablemente jugarán un papel clave en la comisión de investigación de las residencias que arranca este mismo viernes en la Asamblea.

Enfrentamiento con los técnicos

Los cambios de este miércoles forman parte de la segunda reorganización dentro de la cúpula sanitaria llevada a cabo por Ayuso desde el estallido de la crisis sanitaria. La primera se produjo a finales de mayo. Y el detonante fue la dimisión de Yolanda Fuentes como directora general de Salud Pública. La baja fue importantísima y simbólica. Era la primera vez que un alto cargo de Sanidad, con un perfil puramente técnico, se oponía abiertamente a la estrategia que los perfiles más políticos de la Puerta del Sol tenían sobre la mesa para la desescalada. Fuentes no quería ni oír hablar del salto a la fase 1. Consideraba que la Comunidad de Madrid no se encontraba todavía preparada para ello. Al final, haciendo caso omiso a sus recomendaciones, el Ejecutivo regional solicitó al Ministerio de Sanidad el cambio de pantalla, algo que el departamento dirigido por Salvador Illa denegó al considerar que todavía existían importantes deficiencias en el sistema de detección primaria. “[La petición] no ha estado basada en los criterios de salud”, expuso duramente en la carta de dimisión que puso sobre la mesa del consejero de Sanidad.

Tras la salida de Fuentes, el Ejecutivo de Ayuso reaccionó nombrando viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 a Antonio Zapatero, quien había sido director del hospital de campaña de Ifema, vendido como la joya de la corona de la presidenta madrileña. Sin embargo, el goteo de caídos continuó produciéndose. El 13 de mayo, era cesado el hasta entonces director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur de Viu, un departamento sobre cuyas espaldas recaían las competencias de desplegar actuaciones en las residencias. Un día después, el foco se instalaba sobre la Consejería de Políticas Sociales de Alberto Reyero. Allí, se producía el cese de Miguel Ángel Jiménez, el técnico al que se adjudicó el “error” de haberse publicado en el Portal de Transparencia un contrato que no se había formalizado con la cadena hotelera Room Mate en plena polémica por los lujosos apartamentos que la cara visible de dicha firma, el empresario Kike Sarasola, había dejado a la presidenta regional para pasar la cuarentena tras su positivo por coronavirus.

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Terremoto en Políticas SocialesTerremoto

Con esta salida, Ciudadanos daba por zanjado el escándalo relacionado con la cadena hotelera que tanto había tensado la relación con el PP, desde donde se llegó a deslizar en su momento que sus socios de gobierno podían estar tras las filtraciones. Sin embargo, los movimientos en la Consejería de Políticas Sociales continuaron produciéndose durante todo el mes siguiente. El 24 de junio, dimitió el jefe de gabinete del propio Reyero, Carlos Reus, alegando “motivos personales”. Se fue pocas horas antes de que en la Asamblea de Madrid se votara la reprobación del consejero de Sanidad, contra quien se había enfrentado abiertamente el dirigente de la formación naranja. Ayuso consiguió salvar el trámite gracias al respaldo de Ciudadanos y la extrema derecha. Pero aquel Pleno ya puso de manifiesto la distancia de Reyero con el equipo de la presidenta. No estuvo presente en la defensa a ultranza que Ciudadanos hizo de Ruiz Escudero ni en la ovación final que se le brindó cuando la iniciativa no prosperó. “Fue, votó y se marchó”, recuerdan hoy algunos diputados de la Cámara.

Un par de días después de la dimisión de Rus, el que dejó su cargo fue el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez. En su caso, alegó “motivos de salud”. Con esta salida, llegó el parón estival. Y las aguas, al igual que la pandemia, comenzaron a estar en calma. Pero con la llegada de la segunda ola en la región, el número de bajas ha continuado aumentando. La más sonrojante, tanto para el Gobierno madrileño como para el Ejecutivo central, fue la de Emilio Bouza, eminencia en el campo de la Microbiología. No duró ni tres días en el puesto. Ni siquiera llegó a protagonizar una sola comparecencia. Nombrado portavoz del Grupo Covid-19, decidió presentar su dimisión en cuanto la tensión entre Ayuso y el Ministerio de Sanidad se disparó en relación con las restricciones en Madrid. “Las circunstancias que he presenciado, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento”, expuso claramente en su carta. Dos días antes de aquella misiva, el que decía adiós al Gobierno regional “a petición propia” era el entonces director general de medios de comunicación, Juan Ignacio García Mostazo.

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