Poder Judicial

El PP mantiene su bloqueo al CGPJ por Unidas Podemos pero hace siete años sí aceptó a IU

El presidente del PP, Pablo Casado. y las portavoces del PSOE y de su propio partido en el Congreso, Adriana Lastra y Cuca Gamarra, en el acto del 12-O en el Palacio Real. A la derecha, el líder de Vox, Santiago Abascal.

Fernando Varela

Con Izquierda Unida sí pero con Unidas Podemos —que incluye a IU— no. El Partido Popular insiste en su disposición a repartirse con el PSOE los 20 puestos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero sólo si el presidente Pedro Sánchez excluye del acuerdo a la formación morada.

De hecho su líder, Pablo Casado, admitió hace unos días que en agosto el acuerdo estaba cerrado pero que fue él quien decidió romperlo alegando un motivo que nada tiene que ver con el Poder Judicial: las críticas de Unidas Podemos a la decisión del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de abandonar España sin esperar a que la justicia resuelva si abre o no una investigación sobre su fortuna en el extranjero. Aquel acuerdo, según el propio Casado, se basaba en condiciones que el PP puso sobre la mesa y que Sánchez aceptaba: que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.

Casado justifica su decisión en que, según él, pactar la composición del Consejo del Poder Judicial, tal y como mandata la ley y se ha venido llevando a cabo hasta ahora, es una tarea que compete a los dos grandes partidos del Congreso, PP y PSOE. Es un acuerdo entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición, razón por la cual, defiende el líder conservador, no hay por qué contar con Unidas Podemos.

La renovación del CGPJ, sin embargo, dice todo lo contrario. En 2013, con mayoría absoluta del PP y Mariano Rajoy en su segundo año en la Presidencia, la composición del Consejo se llevó a cabo incluyendo a jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio propuestos por cinco partidos: PP (10), PSOE (7), CiU (1), PNV (1) e Izquierda Unida (1). Y entones IU ya tenía un ideario republicano, que es lo que ahora Casado reprocha a Unidas Podemos. Claro que en aquel Consejo, que eligió presidente al magistrado Carlos Lesmes —con varios años de experiencia como alto cargo del Ministerio de Justicia en la administración de José María Aznar—, los vocales afines al PP tenían el control de las decisiones críticas.

La disposición del PP a pactar en 2013 la composición del CGPJ con otros partidos, no sólo con el PSOE, no fue una excepción. En 2008, esta vez con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, el PP no tuvo ningún inconveniente en repartirse el Consejo entre cuatro partidos: PSOE (9 vocales), PP (9), CiU (1) y PNV (1).

Y en 2001, con mayoría absoluta conservadora en el Congreso y José María Aznar en su segundo mandato como presidente, el PP tampoco vetó a la izquierda republicana española, representada en la Cámara por Izquierda Unida. La derecha española pactó entonces 10 asientos en el CGPJ —más la Presidencia, que le daba el control—, siete para e PSOE, uno para CiU y el vigésimo para Izquierda Unida.

Izquierda Unida pudo participar en las negociaciones y proponer vocales en 2001, cuando tenía ocho escaños, y en 2013, cuando su representación era de 11 diputados. Unidas Podemos tiene en la actualidad 35.

El CGPJ, como máximo órgano de gobierno de los jueces, no tiene ninguna influencia sobre las sentencias de los tribunales —que mantienen su independencia sea cual sea la comisión del Consejo— pero sí toma decisiones muy relevantes sobre determinadas vacantes que tienen una enorme relevancia política, social y económica, como las que afectan a los jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Y el Supremo no sólo es la cúspide del Poder Judicial en España sino que de él dependen las decisiones que afectan a los políticos españoles que ocupan cargos públicos.

En este contexto, el PP reaccionó este martes con graves acusaciones dirigidas contra el presidente del Gobierno después de que los partidos de la coalición consumasen su amenaza de promover una reforma de la ley reguladora del CGPJ para sortear el bloqueo al que los conservadores están sometiendo la renovación de este órgano, en situación de interinidad desde hace dos años y reflejo de una mayoría política en el Congreso que ya no existe. Pero insistiendo en la posibilidad de alcanzar un acuerdo si Sánchez excluye a Unidas Podemos o, lo que es lo mismo, si rompe la coalición de Gobierno. Un objetivo que está en el centro de la tarea de oposición que el PP lleva a cabo desde que comenzó la legislatura.

Sánchez, el dictador

Primero fue su líder, Pablo Casado, a través de Twitter. Se trata, según él, de “un atropello a la legalidad” que “pretender liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado”, en alusión a Pablo Iglesias y el caso Dina, pendiente todavía de que el tribunal Supremo decida si imputa o no al líder de la formación morada.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, fue mucho más vehemente. Calificó de “fraude” la proposición de ley de reforma del Consejo presentada por PSOE y Unidas Podemos, que presumiblemente saldrá adelante con el respaldo de la mayoría de la investidura. Un fraude, dijo, que su partido “no va a “consentir” y que va a ocurrir al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas porque, según el partido de Casado, evidencia las “conductas autoritarias y dictatoriales” de Pedro Sánchez. “Buscan cambiar las reglas del juego democrático por la puerta de atrás”. El presidente quiere “el poder absoluto”. Están en juego, según el PP, “el equilibrio de poderes, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

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A pesar de ello, precisó Gamarra en respuesta a la pregunta de un periodista en el Congreso, aún es posible evitarlo. Su partido ya ha indicado al PSOE “cuál es el impedimento”, que pasa porque Podemos quede fuera de ese proceso de renovación del CGPJ. “Está en la mano del PSOE y en el tejado de Pedro Sánchez que se pueda llevar a cabo esa renovación”, Él es “el máximo responsable de este bloqueo”, insistió negando a Unidas Podemos legitimidad para participar en las negociaciones.

Sánchez, subrayó la portavoz conservadora, tiene como objetivo “debilitar la democracia y controlar desde el Gobierno todos los resortes que una democracia establece como contrapesos”. “Sólo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene”, acusó. “Busca machacar y anular el papel de la oposición” con “conductas autoritarias, dictatoriales”, que “se apartan de la buena salud democrática y de la buena calidad democrática”.

Según ella, esa “deterioro democrático” es tan visible que ya “podemos ver cómo instancias europeas empiezan a señalar a nuestro país como un país que se aleja de la calidad democrática con muchas decisiones”.

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