El 'número 2' de la Fiscalía se retracta: las acusaciones al fiscal Stampa por el 'caso Dina' son "rotundamente falsas"

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, acaba de retractarse. Hace un mes desató una verdadera tormenta en Anticorrupción al dar por ciertas en dos entrevistas las informaciones que atribuían a uno de los fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa, una relación íntima con la abogada que representa a Podemos en la pieza Dina. Ahora, se disculpa y califica de "rotundamente falsas" las noticias que leyó y le llevaron a lanzar un ataque a degüello contra Stampa. Lo hace en una carta fechada este jueves y ya en poder de la inspección fiscal y de la Fiscalía del TSJ madrileño, que lleva tres meses investigando al fiscal anticorrupción tras una denuncia de Vox.

En su misiva, Navajas pide disculpas a Stampa y arremete contra sí mismo. Las "manifestaciones"  que hizo el 21 de septiembre en sendas entrevistas con OK Diario y Onda Cero fueron "desafortunadas por imprudentes". ¿Por qué? "Por cuanto que en ese momento –escribe– me limité a hacerme eco de anteriores publicaciones periodísticas que ahora sé que eran rotundamente falsas en lo que al señor Stampa Fuentes se referían". Y les concedió crédito –añade– "sin hacer las comprobaciones a que por mi cargo estaba obligado". 

Carta del teniente fiscal Luis Navajas en la que pide disculpas a Ignacio Stampa

Número 2 del ministerio público, Navajas llegó a decir el 21 de septiembre en una entrevista con OK Diario que había vomitado con "un asco tremendo" y que le había comunicado a la fiscal general, Dolores Delgado, cuál habría sido su decisión: "Yo le habría apartado". "Vomité –fueron sus palabras–, vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos de lo de la abogada [Marta Flor Núñez] y sobre si tenía relación. Eso nos dio un asco tremendo y yo me pronuncié y se lo dije a la fiscal general del Estado". Lo difundido sobre ese asunto por distintos medios se sustenta en el contenido de un chat interno de Podemos donde la abogada Marta Flor, sin más respaldo que su propia versión, se jactaba de forma implícita pero inequívoca de mantener una relación sentimental con Stampa. Y de que ello le estaba facilitando acceso privilegiado a datos del sumario. La publicación de esas informaciones comenzó a desviar el eje central del caso Villarejo: la pieza Dina fue desplazando a la pieza Kitchen, donde se investiga si el Gobierno ordenó en 2013 el espionaje a Luis Bárcenas.  

La inspección fiscal ya ha archivado dos investigaciones internas contra Stampa. Ambas se abrieron tras otras tantas quejas de una periodista canaria: María Montero, la misma que ya había intentado tumbar con una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza Victoria Rosell, ahora delegada del Gobierno para la violencia de género y destacada figura de Podemos.  Su intento, fallido, se produjo justo después de la queja presentada dos meses antes también en el CGPJ por Salvador Alba, el juez que resultó luego condenado a seis años de prisión por maniobrar contra Rosell.

La fiscal general deja fuera del caso 'Tándem' al fiscal Stampa, al que se relacionó con una abogada de Podemos

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Antes de desembarcar en Madrid en comisión de servicio, Stampa había investigado en Canarias casos de corrupción urbanística, lo que le convirtió en objeto de querella por parte de uno de los empresarios investigados y sobre el que finalmente recayó condena.

A día de hoy, Podemos mantiene a Marta Flor en el caso Dina como abogada de la antigua asesora de Pablo Iglesias cuyo robo del móvil originó la pieza a la que da nombre y que la semana pasada dio un salto cualitativo: el juez instructor, Manuel García Castellón, dio por acababa las investigaciones y elevó al Supremo un escrito –exposición razonada– donde pide la imputación del vicepresidente Pablo Iglesias. El magistrado le atribuye los delitos de revelación de secreto, daños informáticos y denuncia falsa. El juez basa su solicitud en la declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien pese a comparecer como testigo se negó a explicar quién le había contado que la denuncia por el robo del teléfono era un montaje urdido por Iglesias. No tenía información de primera mano pero tampoco aportó de dónde le venía. El magistrado rehusó llamar de nuevo a Dina Bousselham para decidir, sobre la base de su testimonio, se se había producido un delito de revelación de secretos.

García Castellón envió su exposición razonada al Supremo sin consultar a la Fiscalía Anticorrupción, que no ve motivos para que el alto tribunal impute a Iglesias: no solo la víctima del robo de su móvil, Dina Bousselham, no acusa a Iglesias –requisito básico para sostener que hubo revelación de secretos–  sino que en distintas ocasiones ya ha manifestado que no piensa hacerlo ni se ha descartado que la filtración a distintos medios de los mensajes almacenados en el teléfono fuese obra del clan del comisario Villarejo. En su casa se encontraron dispositivos electrónicos que contenían copia de la tarjeta.