Crisis del coronavirus

El Ejecutivo de Ayuso duda sobre si apoyará el plan de Illa a dos días de que acabe el estado de alarma: “El Gobierno no nos lo está poniendo fácil”

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso muestra otra vez dudas sobre los criterios que se incluyen en el nuevo Plan de Respuesta Temprana que pondrá sobre la mesa el departamento dirigido por Salvador Illa. “Seguimos echando en falta que, de los 8 nuevos, 6 sean criterios epidemiológicos y sólo 2 asistenciales”, señaló en una comparecencia en la Asamblea de Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien mostró su esperanza de que esta nueva guía de actuación no sea impuesta por el Ejecutivo central y sí negociada y consensuada con todas las comunidades autónomas. “Esperemos que se vaya a aprobar si el Gobierno por fin muestra generosidad de dialogar y no de imponer”. Durante su intervención, además, señaló que el Gobierno regional aprobará este viernes una orden centrada de nuevo en las zonas básicas de salud para cubrir el vacío que dejará la caída del estado de alarma. Sin embargo, no dijo nada en relación con la propuesta del toque de queda que deslizó hace solo un par de días.

Desde la tribuna de oradores, Ruiz Escudero aseveró que el Gobierno de Pedro Sánchez no se lo está “poniendo fácil” a la comunidad. Así, deslizó alguna que otra duda sobre los criterios incluidos en el plan de Sanidad que se debatirá durante la tarde. En concreto, sobre la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos. El Ejecutivo madrileño considera “fundamental” que se tenga en cuenta “la capacidad de elasticidad” para tener este tipo de camas. “Eso lo han eliminado de un plumazo estableciendo que se cuente el número de camas UCI pre-covid –es decir, las que había realmente antes de la pandemia–. Algo que no responde a la realidad y que no ayuda a conocer la capacidad del conjunto del sistema sanitario para atender a los pacientes críticos”, dijo. Esta cuestión ya fue una de las que puso sobre la mesa el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando se negó a respaldar la orden gestada en la última Interterritorial tras considerar que los criterios que se incluían en aquel documento, que sólo afectaban entonces a municipios madrileños, eran “totalmente arbitrarios”.

“Espero que el documento se termine aprobando si por fin el Ministerio de Sanidad tiene esa generosidad de dialogar y no de imponer, como ha hecho con el estado de alarma”, sostuvo el consejero. Y en cuanto al posicionamiento que mantendrá la Comunidad de Madrid en la reunión, explicó que intentarán que en el texto “se incluya el concepto de las zonas básicas de salud como unidad territorial para monitorizar el seguimiento de la pandemia”. Además, “utilizar criterios técnicos y objetivos para definir los indicadores, como sería el caso de velocidad de cambio”, “introducir como indicadores el porcentaje de casos con trazabilidad y letalidad de los casos confirmados” o una “variación en los umbrales de camas de hospitalización y UCI” y “reducir de cuatro a tres los niveles de alerta”. “Esperemos que, de una vez por todas, el ministerio deje de ir en contra de lo que piensa esta comunidad y trate de ayudarnos”, resaltó.

El Plan de Respuesta Temprana que pretende sobre la mesa del Consejo Interterritorial el Ministerio de Sanidad, según ha adelantado El País, evalúa el riesgo en base a ocho criterios principales y una veintena secundarios, lo que permitirá colocar a los municipios de más de 10.000 habitantes en cuatro niveles diferentes. En el bloque epidemiológico, se fija la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en dos semanas y en siete días, el porcentaje de positividad de pruebas diagnósticas o el de casos con trazabilidad. En el asistencial, la ocupación de camas en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos. A cada una se le va asignando un valor y, en función a esto, se evalúa el riesgo. Por ejemplo, en el de extremo se fija, para el primer bloque, una incidencia de 250 a dos semanas, una positividad por encima del 15%, una trazabilidad por debajo del 10%, mientras que para el segundo se habla de una ocupación de camas que supere al 20% y el 25% en cuidados intensivos. Cuando se tienen dos o más indicadores del primer bloque por encima de ese nivel y al menos uno del segundo, tal y como explica el diario, quedaría enmarcada dentro de ese nivel extremo.

Quedan sólo dos días para que decaiga en la región el estado de alarma. Con este cambio en el horizonte, la Comunidad de Madrid ya está ultimando una nueva orden que se dará a conocer este viernes para cubrir el agujero que dejará el desvanecimiento de este escenario excepcional. El nuevo texto, explicó Ruiz Escudero en la Cámara madrileña, “incidirá en la restricción de la movilidad” por zonas básicas de salud, la estrategia por la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha apostado en todo momento y que ha ido aplicando en aquellos municipios que por su tamaño escapaban de la orden de Sanidad. “Se trata de restringir la movilidad lo imprescindible para que la vida siga siendo normal en la medida de lo posible”, señaló. Sin embargo, de la imposición de restricciones nocturnas, de las que se lleva hablando durante la última semana en la Comunidad de Madrid, ni siquiera se ha pronunciado. Un toque de queda que, en caso de querer afectar a la libre circulación de los ciudadanos, debería estar apoyado sobre un estado de alarma que tantas veces ha criticado el Ejecutivo regional. No ha dicho nada al respecto a pesar de haber sido el consejero el encargado de hacer saltar la liebre.

Varias comunidades autónomas ya han anunciado que solicitarán en el Consejo Interterritorial la imposición de un toque de queda. Una de ellas será Castilla y León, que ya ha mandado una carta al líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, solicitando la activación de esta medida. “Si no hay acuerdo, el Gobierno debe ejercer su responsabilidad. […] Ha llegado el momento de dejar de discutir, dejar de pasar una pelota de unos a otros”, apuntó en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Un planteamiento similar defenderá Castilla-La Mancha, abierta a negociar el horario del encierro nocturno con el resto de regiones pero dispuesta a pedir el toque de queda para toda España. Y la Comunitat Valenciana. En esta región, el presidente, Ximo Puig, ya ha trasladado a los agentes sociales que solicitará a Sanidad que sea de 00.00 horas a 06.00 horas en todo el territorio nacional y que dure hasta el próximo 9 de diciembre de forma que se pueda llegar a las fiestas de Navidad con unas cifras de contagios bajas. Si no hay acuerdo, buscarán la fórmula para que se declare sólo en su comunidad.

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Evolución “positiva”

Durante su intervención, y siempre con la máxima “humildad” y “prudencia”, el consejero recordó que la evolución de la pandemia en la región es “positiva”. “Todas las zonas básicas de salud en las que adoptamos medidas han bajado su incidencia. En concreto, ha disminuido en el 95% de estas áreas en el último mes”, señaló Ruiz Escudero, que también recordó durante la sesión en la Cámara madrileña que, en estos momentos, los diez municipios madrileños que se vieron afectados por la orden que posteriormente tumbó la justicia y que derivó en el estado de alarma “se sitúan por debajo” de la ratio de incidencia acumulada de 500 por cada 100.000 habitantes marcada por Sanidad, “incluso siete de ellos por debajo de 400”. Una mejoría que también ha destacado en “20 de los 21 distritos”. En cuanto a las camas, ha dicho que en el ámbito hospitalario están ocupadas 14.511 de las 17.452 y que de cuidados intensivos lo están 911 de 1.106, el 82,3% –un 43,7% sólo con pacientes de coronavirus–.

La oposición se mostró muy crítica. Desde el PSOE y Unidas Podemos acusaron al Ejecutivo regional de manipular las cifras. “No son creíbles, están considerados como falsos. Tienen un notable carajal con los datos”, sostuvo el diputado socialista José Manuel Freire. Del mismo modo, cargaron contra la intención de que se tenga en cuenta “la capacidad de elasticidad” de las camas cuidados intensivos. “¿Sabe qué? No todas las camas que se pueden convertir en UCI son camas UCI”, le reprochó la diputada de Más Madrid Mónica García.

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