Sanidad saca adelante su plan contra la pandemia pero se aplaza la decisión sobre el toque de queda

El Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado este jueves entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para acordar un plan conjunto de actuación para hacer frente al avance del coronavirus en España se cerró finalmente con la aprobación de un documento que, en base a más de media docena de indicadores principales y otra veintena complementarios, fija cuatro niveles de alerta y un amplio compendio de actuaciones de respuesta para cada uno de ellos. Votaron a favor todos los territorios. Los únicos que se abstuvieron fueron Madrid y País Vasco. Del cónclave, sin embargo, no salió la implantación de un toque de queda, otra de las medidas que varias regiones habían puesto sobre la mesa. La decisión se ha aplazado. "Hemos apreciado que no hay un consenso amplio todavía al respecto", explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Casi un mes después de que el rechazo de Madrid y otras regiones del PP al plan de cierres perimetrales terminara derivando en un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad esta vez sí ha conseguido consensuar con la gran mayoría de territorios un pacto para hacer frente a la expansión de una pandemia que ya ha dejado en España más de un millón de contagios y miles de fallecidos. No ha sido fácil tras dos semanas de tensión galopante. Pero el país no se podía permitir otro fracaso político como el vivido a finales de septiembre. Por eso, los técnicos se han empleado a fondo. De hecho, durante la mañana de este jueves, los expertos se dedicaron a repasar los criterios y pulir detalles pendientes. Fruto de este trabajo han sido los diferentes borradores que se han ido conociendo.

Illa celebró en la rueda de prensa posterior al cónclave el "apoyo muy mayoritario" que obtuvo el texto [consultar aquí en PDF]. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la abstención de País Vasco y Madrid. "Que sean sus propios representantes quienes den las razones pertinentes", dijo. Fuentes del Ejecutivo regional critican que "el último documento definitivo con las últimas aportaciones técnicas" no se pudo estudiar porque, dicen, no se remitió a la Consejería de Sanidad. "No nos oponemos al documento de alertas pero tampoco lo apoyamos, porque llega cuatro meses tarde, tendría que haber estado preparado cuando terminó el estado de alarma", completan las mismas fuentes. 

Otra de las cuestiones que estaban sobre la mesa de la Interterritorial de Sanidad era la relativa a la implantación de un toque de queda, una medida que fue la Comunidad de Madrid la que se encargó de deslizar a comienzos de semana pero que solo solicitó formalmente Castilla y León. Algunas regiones como Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha la veían con buenos ojos. Sin embargo, la decisión sobre este tema quedó aplazada para futuras reuniones. "No ha habido una discusión para que alguien se opusiera o no a una determinada medida. Cada responsable ha ido manifestando su opinión", explicó posteriormente Illa, quien dijo que en el intercambio de posturas se apreció que no había "un consenso amplio" al respecto. 

Desde el Ejecutivo madrileño explican por su parte que durante la reunión se "solicitó al Gobierno" que se aclarase si las limitaciones nocturnas "serían de actividad o también a la movilidad por la cobertura legal". "El ministro ha señalado que de tomar esa medida sería la de movilidad y para eso sería necesario una decisión jurídica", completan. En este sentido, Illa volvió a insistir en que el instrumento jurídico "óptimo" para adoptar esta medida es el estado de alarma. No obstante, señaló que se está estudiando por parte de los servicios jurídicos. "Cuando tengamos el resultado, lo compartiremos con el resto de los colegas", completó. La Comunitat Valenciana, sin embargo, ha decidido que no esperará más. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que había encargado a la Abogacía de la Generalitat la elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna en toda la Comunitat Valenciana entre las 00.00 y las 06.00 horas hasta el 9 de diciembre. La resolución, que se pretende que esté lista en un máximo de 48 horas, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para su ratificación y que pueda aplicarse en los primeros días de la próxima semana.

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El plan de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del coronavirus establece la evaluación del riesgo en base a ocho criterios principales y una veintena de indicadores secundarios. El primer bloque, por su parte, se divide en dos grupos: los epidemiológicos y los asistenciales. Dentro de los primeros se encuentra la incidencia acumulada a siete días y dos semanas –tanto la total como la de personas mayores de 65 años–, el porcentaje de positividad y el de casos con trazabilidad. En los segundos, la ocupación de camas en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos. En cada uno de esos índices se fija un valor para determinar si se encuentra en una situación de riesgo bajo, medio, alto o extremo. Y en base a esto se define el escenario en el que se encuentra la región. Cuando un territorio, por ejemplo, tiene dos o más indicadores del primer bloque por encima de los valores más elevados y por lo menos uno del segundo, se considera que está en riesgo.

El documento, además, incluye una serie de medidas que deberían adoptarse en cada uno de esos escenarios. Así, por ejemplo, en el más bajo de todos se contemplan reuniones de una quincena de personas, recomendación de no viajar, aforos al 75% en comercios, lugares de culto o bares, que se mantiene en el 100% para las terrazas. Mientras, en el más elevado se establecen reuniones de un máximo de seis personas, valoración de limitar los horarios de los comercios hasta las 22.00 horas, valorar el cierre de los interiores de los establecimientos o acudir al trabajo de manera excepcional, entre otros –las mismas establecidas para el nivel tres–. Sin embargo, el nivel cuatro, además, supondrá "la toma de medidas excepcionales" que podrán incluir "restricciones adicionales". Y si es necesario para ello la activación del estado de alarma, tendrá que ser la comunidad autónoma la que lo solicite.

Con este nuevo marco común sobre la mesa y con los grandes municipios disminuyendo progresivamente su incidencia acumulada, Madrid presentará este viernes una nueva orden para cubrir el vacío que deja el desvanecimiento del estado de alarma. Según avanzó este jueves en la Asamblea de Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se sostendrá de nuevo sobre la estrategia de zonas básicas de salud con la que comenzaron a mediados de septiembre los confinamientos quirúrgicos. Sobre esta cuestión también preguntaron tanto al ministro. "Les corresponde a ellos estas nuevas medidas. Hemos estado trabajando con ellos a nivel técnico y dándoles nuestra opinión", respondió. Ninguno, en esa rueda de prensa posterior a la Interterritorial de Sanidad, rechazó con firmeza el uso de esta unidad territorial.