La gestión de la pandemia, el 'caso Dina' o el 'Delcygate', las causas judiciales contra el Gobierno en los tribunales

Denuncias y querellas contra el Gobierno de coalición en general o miembros del gabinete en particular, presentadas por particulares, asociaciones o partidos políticos, se agolpan en las salas del Tribunal Supremo a la espera de que los magistrados decidan si las dan curso o si, por el contrario, las archivan al considerar que los hechos referidos no son objeto de investigación.

Sea como sea, no son pocas las acciones legales que se han planteado ante el alto tribunal contra acciones concretas o contra la gestión de un Ejecutivo que apenas tiene diez meses de vida. Una admisión a trámite de las denuncias que ahora tiene sobre la mesa el Supremo afectaría directamente a distintos miembros del Gobierno y la posible apertura de una investigación formal, más allá de las consecuencias finales, podrían generar un clima de inestabilidad y dar munición a la oposición para dirigir el debate político a estas cuestiones.

El Supremo es el único tribunal que puede investigar la actuación de miembros del Gobierno, al disponer éstos de una condición de aforamiento que hace que no puedan ser juzgados por tribunales ordinarios. Es por ello que las querellas y denuncias por la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que la denuncia por el encuentro del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas y que la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, hayan acabado en el alto tribunal.

Estos son los tres frentes que el Gobierno tiene abiertos actualmente en la Sala Segunda del Supremo, donde se dirimen las investigaciones penales que afectan a aforados o de causas especiales cuya competencia corresponde al alto tribunal, como ya lo fue el proceso independentista catalán, que se juzgó en 2019 y que aún mantiene la pieza de esta causa correspondiente a Carles Puigdemont y el resto de dirigentes de la Generalitat huidos. Además, la Fiscalía del alto tribunal investiga la orden del Ministerio de Educación del pasado abril que daba a los estudiantes la posibilidad de pasar de curso sin tenérseles en cuenta el número de suspensos.

Decenas de denuncias y querellas por la pandemia

No es habitual que el Supremo tenga encima de la mesa tantas peticiones para investigar la gestión del Gobierno como ahora, y más siendo un Ejecutivo tan joven. Las solicitudes se han acumulado sobre todo a raíz de la pandemia de coronavirus: la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena, actualmente de mayoría conservadora, debe decidir sobre decenas de denuncias y querellas de autores variopintos y poniendo el foco en una amalgama de delitos que van desde la prevaricación, omisión de socorro y muerte o lesión por imprudencia hasta el genocidio.

Aparte de partidos como Vox y asociaciones como Hazte Oír y Abogados Cristianos, de clara tendencia ideológica en las antípodas del Gobierno de coalición, las querellas y denuncias han sido presentadas por colectivos profesionales que estuvieron en primera línea de lucha contra la pandemia de covid-19 y que consideran que no estuvieron debidamente protegidos al no haberse adoptado las medidas preventivas necesarias.

Se trata del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la Asociación de Médicos Titulados Superiores, entre otras agrupaciones que representan al colectivo sanitario, pero también organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, la Asociación Profesional de la Guardia Civil y el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid. Un abogado, además, representa a un grupo de más de 3.200 “ciudadanos y familiares de víctimas del covid”, que se han querellado en calidad de acusación particular contra todo el Consejo de Ministros.

Los denunciados son también de lo más diverso: desde el Gobierno en su conjunto hasta miembros del gabinete personalizados con nombres y apellidos como el propio presidente Pedro Sánchez; los vicepresidentes Pablo Iglesias y Teresa Ribera; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros.

La Fiscalía no ve causa

En el caso de las querellas, más de una veintena, el primer trámite se ha cumplimentado: la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a la Sala solicitando la inadmisión de todas y cada una de ellas al no hallar indicios inadmisiónindicios de que la actuación del Gobierno pueda incardinarse en ninguno de los delitos denunciados.

"La responsabilidad criminal se le atribuye de una forma, a todas luces, difusa y genérica", “meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante", o “inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida” son algunos de los argumentos esgrimidos por los fiscales que han elaborado el informe, capitaneado por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, responsable de cualquier causa en la que estén afectados aforados.

Ante los planteamientos de algunas querellas acerca de que el Ejecutivo actuó tarde al aplicar el estado de alarma, los fiscales lo tienen claro: "Resulta incontrovertido que la declaración de estado de alarma a fin de combatir la pandemia por covid-19 únicamente resultaba posible una vez constatado que dicha declaración constituía el único instrumento jurídico idóneo ante la situación de crisis acaecida" y que "no existen elementos que permitan afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno se mostrara poco ágil o poco diligente a la hora de utilizarlo”, dado que "no existe dato alguno que permita concluir que los presupuestos jurídicos para la adopción de aquella excepcional medida concurrieran objetivamente con anterioridad a la tramitación de la declaración de estado de alarma”.

El Ministerio Público aún tiene pendiente de informar sobre las denuncias presentadas, pero todo parece indicar que sus conclusiones irán en la misma línea que las querellas. Después, serán los magistrados de la Sala de lo Penal los que tomen una decisión acerca de si investigar o no la gestión que el Ejecutivo hizo durante la primera ola de la pandemia de coronavirus.

Informe polémico con revuelo entre los fiscales

Este primer informe de la Fiscalía no estuvo exento de polémica. Fue el propio Navajas quien denunció, días después de hacerlo público, haber recibido presiones de compañeros, a los que acusó de estar “contaminados ideológicamente” y de acudir a su despacho para intentar influenciarle sobre el fondo del asunto. Mencionó directamente a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y fuentes fiscales apuntan a que el segundo aludido era Fidel Cadena.

Las declaraciones de Navajas, tan sorprendentes como poco habituales para un responsable del Ministerio Público, cayeron como un jarro de agua fría entre el cuerpo de fiscales, ya que además acusó a sus compañeros de Sala, los más antiguos y experimentados de la carrera, de filtradores, motivo por el cual, según dijo, no convocó la Junta de Fiscales para debatir las conclusiones del informe.

A Navajas, a punto de jubilarse, se le acumulan los informes. También es el responsable de decidir la postura de Fiscalía sobre la exposición razonada que ha presentado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para que el Supremo investigue al vicepresidente Iglesias sobre tres posibles delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

García Castellón ya había manifestado sus sospechas sobre Iglesias desde antes del verano, pero su decisión de llevarle ante el criterio del Supremo no era ni mucho menos esperada, sobre todo después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le corrigiera y obligara a devolver al vicepresidente la condición de perjudicado por la publicación en medios de comunicación de parte del contenido del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham.

La opinión de Anticorrupción

El trámite en el alto tribunal acaba de empezar. La Sala de lo Penal ha encargado informe al teniente fiscal, que a su vez está recabando información y criterio de otros fiscales, como Anticorrupción, que en una nota interna se ha posicionado en contra de abrir causa contra Iglesias porque entiende que no hay indicios que sostengan ninguno de los posibles delitos.

Sobre los daños informáticos a la tarjeta del teléfono, la Fiscalía recuerda que hay un informe de la policía científica que concluye que no se puede acreditar que el soporte sufriera daños durante el tiempo que estuvo en manos de Iglesias. De hecho, apunta que la parte quemada de la cobertura de plástico se produjo cuando la empresa de recuperación de datos trató de obtener el contenido, tal y como les había solicitado Bousselham.

En relación al descubrimiento y revelación de secretos por retener la tarjeta de la exasesora, la nota de Anticorrupción sostiene ese delito no puede investigarse dado que la exasesora no se siente perjudicada y no ha iniciado ninguna acción al respecto, un requisito clave para abrir causa contra alguien por este delito.

Y sobre la denuncia falsa, los fiscales entienden que la tesis más plausible es que el contenido de la tarjeta llegara al comisario José Manuel Villarejo a través de los dos periodistas de Interviú ya procesados y que a su vez pasara el contenido o parte de él a Okdiario, que publicó chats procedentes del teléfono de Bousselham.

Una vez que la Fiscalía del Supremo redacte su informe, la pelota estará en el tejado de la Sala Segunda, en concreto de un tribunal compuesto por cinco magistrados, uno de ellos el presidente de lo Penal Manuel Marchena. Pablo Iglesias no concibe “ni como mera hipótesis” que puedan imputarle, algo que vería como una "vulneración de derecho sin parangón".

Delcygate

La tercera causa que se podría abrir en el Supremo que afecta a miembros del Gobierno es la conocida como Delcygate, sobre el encuentro que mantuvo el pasado enero, recién estrenado el Ejecutivo, el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

Una vez más, fue Vox el partido que presentó querella contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación por el hecho de que Rodríguez tiene vetada la entrada en espacio Schengen en virtud de las sanciones impuestas desde la UE a más de una veintena de cargos públicos venezolanos.

La querella de Vox será estudiada de forma conjunta, por compartir "intereses, puntos de vista y estrategias", en palabras de la Sala de lo Penal, con otra del partido Laócrata, que en realidad fue el primero en iniciar acciones penales contra el ministro por este encuentro. Presentó denuncia en los juzgados de Madrid, que aún mantienen la investigación en lo que afectaría a la actuación de los funcionarios policiales del aeropuerto que habrían podido infringir el protocolo de prohibición de entrada de la vicepresidenta venezolana.

En ambos casos, la Fiscalía ya se ha pronunciado: ha solicitado que se inadmitan las querellas, en el caso del Supremo, y archivar la investigación, en el caso de los juzgados de Madrid. El Ministerio Público reprocha a Vox y Laócrata que no concreten "cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por Ábalos, ni cuáles son los indicios de participación en la decisión que cuestionan, desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma". Además, considera que "tampoco existen indicios" de que la supuesta intervención del ministro "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático y entrara en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico".

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Orden de Isabel Celaá

La cuarta investigación que se ha conocido recientemente podría afectar a la ministra de Educación, Isabel Celaá. A raíz de la denuncia de un particular, la Fiscalía del Supremo ha solicitado el expediente en cuyo seno fue aprobada la Orden EFP/365/2020 del 22 de abril, así como los informes jurídicos elaborados en relación a la aprobación de dicha Orden, la cual establecía que la repetición de curso debía ser "muy excepcional" para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantuvo suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pudiese perjudicar al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia. La decisión contó con el respaldo de 12 comunidades autónomas y el ministerio ya ha remitido los informes al Ministerio Público.

La comunidad educativa criticó entonces la Orden, al asegurar que era contraria a la ley vigente, que además tiene rango orgánico, ya que ésta establece que no se puede pasar de curso con más de tres materias pendientes en Secundaria o de dos en Bachillerato, y que no se obtendrá el título de Bachiller sin haber aprobado todas las asignaturas. Asimismo, criticaron que la Orden era contraria a la Constitución, ya que delegaba competencias a las comunidades autónomas que son propias del Estado.