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Crisis del coronavirus

El Gobierno de Díaz Ayuso no descarta ahora confinar ciudades tras meses oponiéndose a capa y espada

Un coche de la Policía Local vigila la Puerta del Sol en la madrugada del lunes, primera jornada de toque de queda en la capital.

Durante la primera ola de la pandemia, las comunidades autónomas tuvieron en todo momento un buen chivo expiatorio sobre el que descargar la responsabilidad de los errores cometidos en la gestión de la pandemia: el Gobierno central. Pero con la bajada de la curva de contagios, todo el peso de las actuaciones recayó entonces sobre los hombros de los Ejecutivos regionales. Algunos de ellos, como el madrileño, llevaban ya tiempo exigiéndolo. "Nadie mejor que nosotros sabe lo que es bueno para los ciudadanos", se encargaba de repetir la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cada vez que el Ministerio de Sanidad ponía alguna pega a su estrategia de desescalada. Sin embargo, la segunda ola ha terminado poniendo al descubierto las dificultades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para mantener un discurso coherente en plena crisis sanitaria. En sólo ocho semanas, los giros de ciento ochenta grados han sido permanentes en todo tipo de cuestiones. Si un día se presentaban a la opinión pública como las víctimas de un estado de alarma injusto, al día siguiente planteaban abiertamente una estrategia basada también en la restricción de libertades de los ciudadanos. Y si una mañana se oponían con firmeza a los criterios centrales para los cierres perimetrales de sus grandes urbes, a la siguiente se acogían a ellos para decretar sus propios confinamientos.

El último giro de guión se ha producido este mismo lunes, pocas horas después de la declaración del segundo estado de alarma a nivel nacional y el mismo día que entraban en vigor las nuevas medidas regionales para contener la expansión del virus en aquellas zonas donde el nivel de contagios sigue situándose en cotas preocupantes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, intervenía en directo en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid. A través de la radio, trataba de explicar a los ciudadanos, algo perdidos ya con las normas que rigen o no en suelo madrileño después de varias semanas de cambios permanentes, cómo iban a ser a partir de ahora los horarios de los establecimientos, los aforos y las restricciones a la movilidad. Durante la entrevista, hizo mucho hincapié en la estrategia de las zonas básicas de salud. Aunque reconoció que los ciudadanos desconocen por lo general "cuál es el perímetro del área de influencia de su centro de salud", aseguró que es la mejor forma de "monitorización". Se perimetra, se cierra y se evita que los vecinos de esas áreas puedan moverse a otras salvo para trabajar. Es decir, y recordando las polémicas palabras de la presidenta Ayuso, se controla a un porcentaje reducido para que el resto pueda "salir a la calle a buscarse la vida".

Pero lo sorprendente, al suponer un cambio de criterio total del Ejecutivo regional, llegó justo después. "¿Estudia más restricciones a la movilidad? ¿El cierre de pueblos, de ciudades o de incluso toda la Comunidad de Madrid?", puso sobre la mesa el periodista, conocedor de que la declaración del estado de alarma habilita a los territorios que así lo quieran a confinar grandes núcleos de población e, incluso, a impedir las entradas y salidas en toda la región. Para sorpresa de los oyentes, y a una semana del puente de Todos los Santos, Ruiz Escudero no dijo no. "Es algo que estamos valorando", deslizó el titular de Sanidad. Es decir, que en función de cómo evolucione la situación epidemiológica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso valorará si es necesario ampliar los cierres perimetrales "a distritos, a nivel municipal, también dependiendo de la población que tenga, e, incluso, para afuera de la Comunidad de Madrid", dijo el dirigente político. "Hay que ir partido a partido, controlando la situación y valorando cada momento. A partir de ahí, habrá que ir tomando todas las decisiones", completó Escudero.

Ya el solo el mero hecho de que el Ejecutivo regional no descarte de forma tajante el cierre de las grandes ciudades o, incluso, de todo el territorio contrasta de manera brutal con el posicionamiento que respecto a esta cuestión ha tenido la Puerta del Sol en las últimas cuatro semanas. Siempre, desde que la incidencia comenzó a dispararse en la región, ha defendido a capa y espada que los cierres debían hacerse exclusivamente por zonas básicas de salud, a pesar de que los epidemiólogos dudaban de esta estrategia quirúrgica en un territorio donde existe transmisión comunitaria y una enorme movilidad. De hecho, fue el principal escollo que provocó la voladura de todos los puentes con el Gobierno central en aquel fatídico Consejo Interterritorial de Sanidad de finales de septiembre. "El confinamiento total no es posible, nos estamos arruinando", decía hace cuatro semanas en una entrevista. "Madrid no se puede cerrar sin más", insistía la presidenta regional una y otra vez cuando los periodistas le lanzaban la misma pregunta ante el incremento de casos.

La imposición del Ministerio de Sanidad y la clausura perimetral de las grandes urbes, primero sostenida sobre una orden y más tarde sobre el estado de alarma madrileño, llevó a Ayuso a apostar por la confrontación a cara de perro con el Gobierno central. Su estrategia, venderse ante la población como una suerte de adalid de las libertades individuales frente a un Ejecutivo al que acusaba de planteamientos cada vez más restrictivos. Dicha ofensiva tuvo su culmen en el duro discurso que la líder regional pronunció pocas horas después de la festividad del 12 de octubre. "Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regímenes totalitarios. Desafortunadamente, la manera de actuar del Gobierno de España, con el aval de sus socios contra Madrid, es una sucesión de ataques contra los derechos y libertades individuales y contra las instituciones de nuestra democracia liberal", dijo entonces Ayuso, quien compareció escoltada por su consejero de Sanidad y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

El recuerdo todavía fresco de estas palabras resonando entre las cuatro paredes de la Real Casa de Correos hizo que resultara todavía más incomprensible, sólo una semana después, la apuesta del Ejecutivo regional por una suerte de toque de queda. Principalmente, por tres motivos. Primero, porque una medida de estas características suponía una restricción de las libertades individuales –aunque solo fuera durante las horas de la noche–. Segundo, porque de las declaraciones se desprendía que la idea era que no sólo afectara a aquellas zonas donde la expansión del virus estaba disparada, sino a todos los madrileños en general, lo que contrastaba con el planteamiento de estrategias quirúrgicas. Y tercero, porque para poder implantarla era necesario recurrir al paraguas jurídico que aporta el estado de alarma. Ese escenario excepcional contra el que tanto había cargado durante semanas la presidenta regional. "No se puede pasar del estado de alarma a la nada, y de la nada y la ausencia otra vez al estado de alarma", sostenía Ayuso a finales de agosto. "No es necesario, no sirve para evitar más contagios, no es una cuestión de salud pública", decía en mayo. 

Ahora, sin embargo, el discurso sobre la utilización de este escenario excepcional para intentar controlar una pandemia que ya ha dejado en España más de un millón de contagios se ha modulado. Este mismo domingo, sin ir más lejos, Ayuso subrayó como "algo positivo que las comunidades autónomas que saben muy bien lo que están haciendo" vayan a poder "caminar con mayor seguridad jurídica". No obstante, añadió que el estado de alarma es un "fracaso que el Gobierno podía haber evitado" y que la situación "no es buena para la imagen" del país. Fue su manera de seguir manteniendo el pulso con Moncloa. Una tensión que alcanzó sus cotas más altas con el rechazo del Ejecutivo de Ayuso al acuerdo que Sanidad puso sobre la mesa de la Interterritorial de finales de septiembre. Entonces, la Comunidad de Madrid dijo no escudándose en la falta de criterios objetivos. No le gustaba el de la tasa de incidencia de 500 por cada 100.000 habitantes para fijar qué zonas confinar. De hecho, pedía conocer la "base científica y técnica" que avalaba dicho nivel. Un umbral que ahora, un mes después, es el que está usando la Consejería de Sanidad para cerrar zonas básicas de salud.

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Test para todos... los que tienen síntomas

Durante toda la pandemia, la capacidad diagnóstica siempre ha estado en boca del Ejecutivo regional. Si se recriminaba la falta de sanitarios, rastreadores o profesores, siempre se lanzaban grandilocuentes anuncios de la realización de miles y miles de pruebas para detectar los contagios. Se hizo, por ejemplo, en junio en Torrejón de Ardoz, una de las localidades que hasta la fecha más había sufrido el azote de la pandemia. Se prometió con el inicio de la vuelta a las aulas. Y se planteó cuando comenzaron los primeros confinamientos selectivos de la segunda ola. Habría pruebas para todos, era el mensaje que se acertaba a lanzar. El problema, sin embargo, es que dichas promesas se acabaron diluyendo. Y los protocolos que se fueron actualizando entraron en contradicción con el discurso del Gobierno regional. Primero en las escuelas, donde se aseguró que se harían test a todo el grupo burbuja en cuanto existiese un positivo y se terminó reservando estas pruebas para aquellos miembros con síntomas. Y luego, los cambios afectaron al resto de la población. El pasado 30 de septiembre, se estableció que nada de pruebas a todos los contactos estrechos de un contagiado. Sólo si hay síntomas.

A pesar de estos cambios, no hay día que la presidenta madrileña no presuma de capacidad diagnóstica. La última vez, la semana pasada en la Asamblea, cuando insistió en que la comunidad autónoma era la que más pruebas hacía de toda España. Algo que, sin embargo, no es cierto. En los últimos días es verdad que la región ha recuperado músculo en la realización de PCR y test de antígenos después de varias semanas de caída. Sin embargo, sigue sin ocupar el primer puesto. Madrid se situó entre el 16 y el 22 de octubre, últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en las 2.572 pruebas por cada 100.000 habitantes. Por delante tiene a La Rioja –5.746–, Navarra –4.166–, País Vasco –3.277–, Cataluña –2.813– y Asturias –2.717–.

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