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El drama en las residencias

El Ejecutivo de Ayuso oculta a la comisión de residencias las comunicaciones sobre los protocolos de derivación a hospitales

  • El Gobierno regional rechaza facilitar al órgano las comunicaciones entre las consejerías de Políticas Sociales y Sanidad referentes a los criterios de derivación a los hospitales durante la primera ola
  • La preparación de estos documentos elevó la tensión entre el departamento dirigido por Ciudadanos y la cartera en manos de Enrique Ruiz Escudero

Publicada el 03/11/2020 a las 06:00
Familiares de residentes fallecidos en la residencia Adolfo Suárez de Madrid les rinden un homenaje colocando símbolos elaborados por ellos mismos.

Familiares de residentes fallecidos en la residencia Adolfo Suárez de Madrid les rinden un homenaje colocando símbolos elaborados por ellos mismos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene la opacidad alrededor del drama vivido en los centros de mayores de la región durante la primera ola de la pandemia. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se niega a facilitar a la Comisión de Investigación sobre las Residencias, puesta en marcha en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio, copia de todas las comunicaciones mantenidas entre las consejerías de Políticas Sociales y Sanidad en relación con los protocolos de derivación de residentes a hospitales entre los meses de febrero y junio, unos documentos que elevaron la tensión entre ambos departamentos con acusaciones públicas cruzadas al contener, alguno de dichos textos, "criterios de exclusión" que impedían que determinados ancianos pudiesen ser trasladados a los centros hospitalarios. En concreto, el Gobierno madrileño rechaza aportar esa información al considerar que "se trata de un procedimiento interno de trabajo" y que dichas comunicaciones "contienen datos personales de los profesionales".

Durante el mes de marzo, cuando la primera ola de la pandemia se estaba cebando con los geriátricos madrileños, el equipo de Isabel Díaz Ayuso empezó a diseñar a marchas forzadas documentos de derivación de ancianos de estos centros socio-sanitarios a los hospitales. Bajo el nombre "Protocolo de coordinación para la atención a pacientes, institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19", se prepararon tres versiones diferentes, que se firmaron digitalmente los días 18, 20 y 24 de marzo. La segunda, desvelada por infoLibre, era la que se refería en los términos más fríos y contundentes a la prohibición de trasladar a hospitales a pacientes de las residencias que estuvieran enfermos. Entre los criterios de exclusión que se fijaban, figuraban algunos relacionados con la discapacidad física o mental del residente, una cuestión que en todo momento se planteaba como una orden y no como una recomendación o sugerencia. Estos textos provocaron roces importantes dentro de la Puerta del Sol, sede del gobierno regional.

En concreto, el enfrentamiento por estos textos, los denominados por la oposición como "protocolos de la vergüenza", se produjo entre la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, y la de Sanidad, controlada por el PP y a quien Ayuso decidió transferir la competencia sobre las residencias el 27 de marzo. Y es en ese punto en el que quiso incidir la Comisión de Investigación sobre las Residencias en el ámbito de sus pesquisas. Entre las múltiples peticiones de información al Ejecutivo regional –número de residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia, información relativa al personal de estos centros o relación del Ejecutivo regional con un par de empresas concretas–, la Mesa del órgano solicitó "copia" de las "comunicaciones" mantenidas entre ambos departamentos en relación con la "elaboración y aplicación" de estos protocolos de derivación de pacientes institucionalizados en residencias a centros hospitalarios entre los meses de febrero y junio. Una información clave, además, si se tiene en cuenta que durante las cuatro semanas más críticas de la pandemia –del 9 de marzo al 5 de abril– los traslados no solo no se incrementaron, sino que cayeron un 36,8% respecto a las semanas previas.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, se niega a aportar al órgano los documentos solicitados. En una respuesta fechada el 22 de octubre, a la que ha tenido acceso este diario, el Gobierno madrileño sostiene que "la documentación solicitada se trata de un procedimiento interno de trabajo" llevado a cabo para dar cumplimiento a la orden conjunta emitida por ambos departamentos el pasado 27 de marzo en la que se dictaban instrucciones para la adopción de medidas relativas a las residencias ante la situación de crisis sanitaria. "Teniendo en cuenta, además, que estas comunicaciones contienen datos personales de los profesionales", completa la respuesta, de apenas un párrafo. Desde la oposición, denuncian el "oscurantismo" del Ejecutivo alrededor de este asunto. "La comunicación entre administraciones y responsables debe estar a disposición de la comisión de investigación", se lamenta al otro lado del teléfono uno de los miembros del órgano parlamentario, otro de los frentes que tiene abiertos Ayuso en relación con la gestión de la pandemia.

Que durante aquellos días duros de marzo hubo una comunicación continua entre los dos departamentos es evidente. Y que existieron tiranteces al respecto es algo público y notorio. Diez días después de que se revelasen los criterios de exclusión, el diario El País hizo públicos un conjunto de correos electrónicos enviados por el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, a su homólogo en Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El político de Ciudadanos se mostraba preocupado en aquellas comunicaciones porque había caído en sus manos un protocolo de la Consejería conservadora en el que se recomendaba a los hospitales de la región excluir en los traslados desde las residencias a determinados colectivos. "Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales", escribió. No hubo respuesta. Desde entonces, estuvo insistiendo a Escudero con nuevos escritos el 31 de marzo y el 11 de abril, una campaña a la que se sumaron también otros funcionarios de su departamento. Incluso llegó a enviar una carta a Amnistía Internacional criticando que Sanidad no estuviese implicada con estos centros socio-sanitarios.

Pocas horas después de la publicación de estos correos, el consejero de Políticas Sociales salió a pecho descubierto en una entrevista en la Cadena Ser. "Lo que le puedo decir es que se recibió un protocolo, no un borrador", sostuvo Reyero durante su intervención radiofónica ante la estrategia de la Puerta del Sol de quitar hierro a los documentos publicados. Lo mismo hizo el consejero de Sanidad, quien cargó contra su compañero. Desde ese momento, la guerra pasó a ser pública. "Me resulta sorprendente que haga referencia a correos personales, sobre todo cuando hemos llegado a mantener con su consejería hasta 21 reuniones, a las cuales no ha acudido ni una sola vez. Y podía haber llamado por teléfono. No entiendo a qué responde este tipo de filtraciones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo Gobierno", dijo Ruiz Escudero, quien calificó la actitud de Reyero de "un fariseísmo político insoportable".

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7 Comentarios
  • mig47 mig47 04/11/20 18:26

    Se les ha entendido mal. Lo que querian era borrar los protocolos, por esodicen que eran borradores, de borrar.

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  • Dver Dver 03/11/20 19:38

    CORONAVIRUS UCI (PREVISIÓN)
    Esperanza de vida y valor social, criterios de ingreso en UCI por coronavirus
    REDACCIÓN 20/03/2020 14:27
    Madrid, 20 mar (EFE).- Una expectativa de vida inferior a 1-2 años, la edad "biológica" o el "valor social" del paciente son algunos de los nuevos criterios que los médicos intensivistas creen que hay que tener en cuenta para decidir el ingreso en la UCI de una persona infectada de coronavirus mientras dure la pandemia.
    Así se recoge en el documento "Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos", de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

    https://www.lavanguardia.com/vida/20200320/474271705385/esperanza-de-vida-y-valor-social-criterios-de-ingreso-en-uci-por-coronavirus.html

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  • TL TL 03/11/20 18:43

    Esos protocolos evidencian presuntos crímenes de lesa humanidad por denegación del deber de socorro. Entonces, se entiende que hagan todo lo possible para esconderlos. ¿Por qué sigue libre Carlos Mur? ¿Están organizado la impunidad para todo esos crímenes?

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  • Ayla* Ayla* 03/11/20 17:58

    Si han hecho todo bien, qué problema tienen en mostrarlos?.

    Si el problema son los datos personales, pueden dar toda la información ofuscando los datos sensibles.

    Si un gobierno puede hacer lo que quiera sin estar sujeto a la fiscalización por la oposición, se llama democracia?.

    Para qué sirve la comisión?

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  • elcapitantan elcapitantan 03/11/20 13:13

    Ayuso = Trilera

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  • NUORGOMA NUORGOMA 03/11/20 12:42

    Este asunto parece mucho más grave de lo que ya aparenta, los protocolos escritos y no enseñados en la comisión, pueden implicar la negación de derechos constitucionales, como el derecho a la sanidad pública a unos ciudadanos por razón de su edad, si esto ha sucedido así, solamente la palabra "genocidio" encajaría en la definición de estos hechos.

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    • Dver Dver 03/11/20 19:34

      Ese es el problema, que se dieron órdenes claramente fascistas que implican un genocidio, ya que se discriminaba a grupos concretos en función de su salud, teniendo en cuenta su "valor social" (sic, de algún mandamás, por entonces). Primero, los viejos enfermos; después, los no enfermos; después los que cobran el paro; después los que cobran subsidios; luego... y así hasta llegar al infinito.

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