El Gobierno destina 11 millones a la memoria, una cifra récord pero por debajo del proyecto de 2019

El Gobierno quiere que la memoria histórica vuelva a tener presencia en las cuentas públicas tras ocho años en el olvido. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, aprobado este martes en el Consejo de Gobierno y que se presentará el miércoles en el Congreso de los Diputados, incluye una partida de 11 millones de euros para aquellos trabajos centrados en la reparación a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. El volumen es importante, sobre todo teniendo en cuenta que el Ejecutivo lleva desde 2013 sin incluir este concepto en las cuentas públicas. Incluso supera con creces al que se destinaba hace más de una década con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Sin embargo, la cantidad es ligeramente más reducida en comparación con la que el Gobierno puso sobre la mesa en hace algo más de un año en aquellos presupuestos que Pedro Sánchez no logró sacar adelante y cuya caída terminó derivando en la convocatoria anticipada de elecciones. Por entonces, se ponían sobre la mesa 15 millones. Ahora, la partida es cuatro millones inferior. Pero también la situación es muy diferente. Entonces, una pandemia mundial no ponía en serios aprietos a la economía española. “Es un dato relevante en este momento que vivimos en el que hay partidos que defienden un vergonzoso revisionismo histórico”, señaló en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los fondos destinados a la memoria histórica se aprobaron por primera vez a raíz del Real Decreto 1891/2004, que establecía la creación de una comisión interministerial para analizar la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Este órgano, que debía funcionar con los medios personales y materiales adscritos al Ministerio de Presidencia, tenía entre sus funciones el “estudio de carácter general de los derechos reconocidos” a las víctimas de la contienda y a los “perseguidos y represaliados” por el régimen dictatorial, elaborando un informe sobre el estado de la cuestión. Además, estaba concebida también para estudiar las condiciones “que permitan el acceso a los archivos públicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad perseguida” y para elaborar un anteproyecto de ley “en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas”. Al calor de este Real Decreto, durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero se liberaron fondos públicos por un total de 25,2 millones de euros.

La primera vez que se contempló una partida para la memoria histórica fue en los Presupuestos Generales del Estado de 2006: 2 millones de euros. Con cargo a dicha aplicación presupuestaria el Ejecutivo socialista concedió ayudas públicas a casi medio centenar de asociaciones diferentes para llevar a cabo proyectos de todo tipo. Así, por ejemplo, se concedieron a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 180.000 euros para desarrollar exhumaciones en varias provincias. Para abrir fosas también recibieron fondos la Agrupación de Familiares de Fusilados de Marrupe, la Asociación Pozos de Caudé o la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. Pero no solo eso. Con las ayudas procedentes de Presidencia también se financiaron actos de homenaje, jornadas, monumentos y memoriales, exposiciones, publicaciones o documentales, como por ejemplo uno centrado en la represión en León, para el que se concedieron 50.000 euros a la Asociación de Estudios sobre la Represión en León.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2007, que coincidieron con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la partida en las cuentas públicas se incrementó hasta los 3 millones de euros. De nuevo, una parte de ese dinero se dedicó vía subvenciones a apoyar varios proyectos de exhumación que pusieron sobre la mesa los colectivos memorialistas, como la fosa de La Puebla de Cazalla (Sevilla) –40.000 euros para la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia– o la fosa común nº1 de Alcañizo (Toledo), para la que se concedieron 24.200 euros al particular Antonio Otero Bueno. Con estos fondos, además, se apoyaron algunas publicaciones, como Memorias de la guerrilla antifranquista en Huelva o Los Institutos Obreros. 1937-2007, así como exposiciones (La revolución libertaria) o proyectos audiovisuales (documental El Olvido). Incluso se concedieron 53.979 euros a la entidad Amical Mathausen para organizar un viaje con estudiantes y sus profesores a diferentes campos de concentración.

En 2008 y 2009, la partida presupuestaria apoyada en el Real Decreto 1891/2004 aumentó hasta los 4 millones de euros anuales, concediendo más de un centenar de ayudas diferentes durante el primer ejercicio y más de dos centenares durante el segundo para llevar a cabo más proyectos de exhumación –en lugares como León, Burgos o Segovia, entre otros–, trabajos para la localización de fosas comunes o, incluso, estudios biográficos como el de Amos Salvador Carreras, ministro del primer Gobierno del Frente Popular. Pero las más importantes de las legislaturas de Zapatero fueron las de 2010 y 2011: 5,97 y 6,25 millones de euros, respectivamente. Con cargo a esas dos partidas, se apoyaron vía subvenciones prospecciones geofísicas, como la de Filmasub Sociedad Cultural en el ámbito de la batalla del Ebro –30.000 euros–, así como congresos, jornadas y diversos estudios, como el de los sumarios-expedientes de los consejos de guerra incoados a ciudadanos cordobeses entre 1937 y 1945. También se dio respaldo económico a identificaciones de ADN, proyectos para recopilar testimonios y, por supuesto, a las exhumaciones de fosas.

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Pero con la llegada de las elecciones generales y la mayoría absoluta del PP, el apoyo del Gobierno a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se esfumó. No pilló a nadie por sorpresa. De hecho, el nuevo presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya lo había avisado en una entrevista con 20 Minutos unos años antes: “Yo eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”. El líder conservador cumplió lo prometido. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012, las primeras cuentas públicas elaboradas por el nuevo Gobierno del PP, la partida destinada a “toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por Real Decreto 1891/2004” se recortó un 60%: 2,5 millones de euros. Y en las cuentas elaboradas desde entonces, no se ha destinado ni un solo céntimo a la materia, lo que ha obligado a los colectivos que memorialistas a tener que subsistir con la ayuda de comunidades autónomas y entidades privadas.

Ni siquiera los 2,5 millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 fueron repartidos entre las asociaciones. “El Ministerio de Presidencia ha acordado (…) proponer al Ministerio de Hacienda la aplicación de la no disponibilidad de 1,62 millones de euros en su totalidad al subconcepto 25.02.912O.483 ‘Para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004”, explicó el Gobierno conservador en octubre de 2012 al diputado de CiU Pere Macias i Arnau. Algo que también destacó, un año después, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón: “Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a declarar la no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006 estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo hasta 2011”.

Con la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez convirtió la memoria histórica en uno de los ejes de su política. Y prometió recuperar los fondos en las cuentas públicas que el PP se encargó de retirar. Lo intentó a comienzos de 2019 poniendo sobre la mesa un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el que se incluía una partida de 15 millones de euros para estos trabajos. Pero el rechazo del Congreso llevó al país a nuevas elecciones y obligó al Gobierno socialista a prorrogar las cuentas conservadoras. No obstante, en los últimos meses se ha intentado dar respaldo económico a las iniciativas memorialistas. A finales de julio, el Ejecutivo de coalición anunció un fondo de 750.000 euros de ayudas, de los cuales el 60% se destinarían a trabajos de exhumación de fosas comunes. Ahora, se da un paso más. Si las cuentas se aprueban, se volverá a tener una partida específica. Ocho años después.