Ayuso y Aguado vuelven a chocar por el cierre de la Comunidad de Madrid y los médicos del hospital de pandemias

Vallecas, 14 de agosto de 2019. La entonces candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, toma la palabra en la segunda sesión del Pleno de la Asamblea en la que se abordaba su investidura. Lo hace para responder a Ciudadanos, quien había puesto sobre la mesa sus votos para que la dirigente conservadora llegara a la Puerta del Sol. Desde el principio, se deshace en elogios con su nuevo socio. "Es para mí un orgullo pensar y saber que vamos a crear un Gobierno en el que tenemos tantas cosas en común siendo partidos distintos", dice a Ignacio Aguado. Por aquellas fechas, sin embargo, la presidenta madrileña no era consciente de que una tormenta en forma de pandemia terminaría dejando entrever los continuos desencuentros entre las dos almas de ese Ejecutivo de coalición, el primero de la historia democrática en el territorio. Ya pasó con el drama de las residencias durante la primera ola de la pandemia. Y se ha repetido con el incremento de los contagios en la región durante el segundo zarpazo. Aguado lleva semanas siendo un verso suelto dentro de la Real Casa de Correos. Y ni siquiera las desautorizaciones públicas han conseguido volver a meterlo en vereda.

No hay un solo día en el que el vicepresidente y líder madrileño de Ciudadanos marque públicamente perfil propio. Da igual que sea en su cuenta de Twitter o en las innumerables entrevistas que lleva semanas concediendo en los medios de comunicación. Él es, en sí mismo, un sector propio dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en la gestión de la pandemia, quiere que sus planteamientos se hagan notar. Este martes, cuarenta y ocho horas después de la declaración del estado de alarma, el debate se encontraba en si Isabel Díaz Ayuso debía decretar o no el cierre perimetral del territorio de cara a los puentes que se avecinan en las próximas dos semanas. Como han hecho ya Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja o Asturias. "Desde mi punto de vista hay que restringir la movilidad y cerrar Madrid", deslizó el líder de los naranjas en televisión con la vista puesta en "bajar la curva" de forma "drástica" de cara a Navidad. De hecho, dijo que este confinamiento lo pondrá este miércoles en la mesa del Consejo de Gobierno. Aunque, vistos los antecedentes, avisó: "Es una decisión que corresponde a la presidenta".

Los precedentes, en este sentido, no son buenos. Ya se desechó hace solo dos semanas, por ejemplo, el plan que llevaba bajo el brazo para rehacer la orden tumbada por la justicia madrileña y evitar así el estado de alarma que finalmente se terminó implantando en la región. De momento, no se sabe si en esta ocasión la propuesta será asumida por su socia de gobierno. Sus palabras, sin embargo, sí que han provocado la reacción del sector del PP en el Ejecutivo madrileño, que no ha tardado en salir a desautorizar al vicepresidente y portavoz. "Si hubiera que hacerlo se haría, pero hoy por hoy la situación es de control", decía poco después el consejero de Justicia, Enrique López, en otra entrevista televisada. De esta manera, el ala conservadora comenzaba a alejar tal escenario. Y, pocas horas después, era el mismo consejero el que se encargaba de dejar claro al líder naranja quién manda en la Puerta del Sol. "Ella es la autoridad delegada. El poder extraordinario del Gobierno en quien delega es en los presidentes de las comunidades y todos los demás lo que tenemos que hacer es ayudar a tomar la mejor decisión".

¿Y cuál es la intención de la "autoridad delegada"? Por el momento, Ayuso no ha desvelado sus cartas. Y eso que los periodistas le insistieron durante la presentación de un plan de ayudas para fomentar los vehículos cero emisiones. Dijo que la decisión se tomaría en el seno del Consejo de Gobierno tras hablar con los presidentes de las comunidades limítrofes –Castilla y León y Castilla-La Mancha– y con los técnicos sanitarios. Y lanzó sutilmente algún dardo a su número dos. "Lo que se decida será fruto del consenso de muchas personas y no en base a opiniones, sino a criterios", apuntó. Eso sí, algunos momentos de su intervención discurrieron por el mismo camino abierto poco antes por su consejero de Justicia. "Tal y como está el virus en la Comunidad de Madrid, sí que podríamos seguir abiertos, porque estamos en unas cifras como a finales del mes de agosto", sostuvo. Y añadió: "Tenemos que sopesar el daño económico y también el moral que supone que en un año tan duro encima no se permita a los ciudadanos despedirse, ni siquiera ahora, de sus seres queridos".

Un hospital que se dotará "convenientemente"

El cierre de Madrid no fue el único escollo en el que se volvieron a ver las costuras del Gobierno regional. Lo mismo sucedió cuando se abrió el melón del nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal. Las preguntas sobre este centro de pandemias que se pretende inaugurar en los próximos días ya pusieron en apuros a la presidenta regional hace un par de días. Durante una entrevista en Telemadrid, Ayuso aseguró que las instalaciones echarían a andar con personal procedente de otros centros para acabar, ante las repreguntas de la periodista, sosteniendo que esas cuestiones no se le pueden plantear a la líder del Ejecutivo autonómico. Sus palabras, que dejaron estupefacta a la oposición, no fueron un desliz. De hecho, el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se encargó de ratificarlas pocas horas después. "Lo que pretendemos es que el personal de los hospitales que ya conozca bien como es el funcionamiento de este hospital, puesto que es un modelo de hospitalización totalmente distinto, se van a poder activar y realizar una actividad complementaria", dijo.

Este martes, Aguado se vio obligado a pronunciarse sobre esta cuestión. Primero, se le recordaron las palabras de Ayuso y Escudero. Y luego, se le lanzó la pregunta: "¿Qué sabe de esto?". "Bueno, que se va a reorganizar el personal sanitario de la Comunidad de Madrid y que se van a contratar a los profesionales que hagan falta para dotarlo convenientemente", fue la respuesta. Es decir, que ya no solo decía que los trabajadores del sector vendrían de los otros centros sino que también ponía sobre la mesa que el Ejecutivo regional ficharía "en la medida que sea necesario" a sanitarios para que "el hospital que va a sorprender al mundo", como le gusta llamarlo a la presidenta madrileña, pueda funcionar a pleno rendimiento sin que queden desatendidos el resto de centros de la región en medio de los zarpazos que da, y seguirá dando de momento, la pandemia. Eso sí, quiso dejar claro que los recursos humanos disponibles en sanidad ahora mismo son "pocos".

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Desde el comienzo de la pandemia, los recelos entre naranjas y conservadores han sido constantes. De hecho, varias han sido las crisis internas que han salido al exterior desde el mes de mayo. La primera fue por la publicación por “error”, según se aclaró en su momento, de un contrato que supuestamente no se había formalizado con el empresario Kike Sarasola en plena polémica por el lujoso apartamento que este último había cedido a la presidenta madrileña cuando estaba haciendo cuarentena. Aquella licitación fantasma partía de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, capitaneada por Alberto Reyero, de Ciudadanos. El alto cargo del departamento al que se achacó el fallo fue apartado después de que la propia Ayuso anunciara en la Asamblea de Madrid una investigación interna para aclarar los hechos. Es decir, después de que deslizara que sus socios de gobierno podían estar detrás de las filtraciones que se estaban produciendo sobre su alojamiento en una suite de la cadena hotelera Room Mate a pocos metros de la céntrica Plaza de España, por la que estaba pagando un precio irrisorio.

Luego, fue el propio Reyero el que estuvo en el ojo del huracán. Pocos meses después de que la presidenta madrileña decidiera retirar al consejero naranja la gestión de las residencias, el titular de Políticas Sociales y Familia se mostró públicamente muy crítico con la gestión que el Ejecutivo regional había hecho de la crisis en estos centros. En concreto, puso en cuestión abiertamente los criterios, desvelados por infoLibre, que se habían consensuado en el seno del Gobierno madrileño para seleccionar qué ancianos podían ser derivados a los hospitales y cuáles no. “No es ético y posiblemente no sea legal”, sostuvo entonces. Luego, empezaron las filtraciones de correos donde Reyero advertía a Escudero de las “graves consecuencias legales” de estas indicaciones y de una carta enviada por el consejero a Amnistía Internacional en la que denunciaba que no estaba recibiendo respaldo de la Consejería de Sanidad para salvar vidas en las residencias.

El propio Reyero, a fin de mantener la unidad dentro del Ejecutivo, se vio incluso obligado a rechazar la reprobación que la oposición planteó contra el consejero de Sanidad a principios de junio. Entró, votó y se fue, tal y como recuerdan hoy algunos diputados autonómicos. Ahora, el dirigente naranja no es más que un diputado raso tras dimitir a finales de septiembre. Su salida hizo saltar todas las alarmas tras las continuas tensiones internas en plena segunda ola de la pandemia. Sin embargo, el Ejecutivo no se rompió. Continúa haciendo frente a la pandemia en un juego de equilibrios continuo entre las dos almas de la Puerta del Sol cargado de desautorizaciones y opiniones contrapuestas. Si Aguado dice una mañana que el objetivo es alcanzar una incidencia acumulada de 25 casos, Ayuso sale después aseverando que "el objetivo es que no haya contagios, no 25, que no haya". Veremos si, esta vez, su propuesta de perimetrar Madrid consigue calar en su socio de Gobierno.