El Ejecutivo cree amarrados los apoyos al estado de alarma y confía en una votación cómoda a cambio de algún gesto

"Si se hace así es porque entendemos que vamos a contar con los apoyos necesarios para hacerlo efectivo". Así se pronunciaba este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada sobre la impresión del Gobierno de cara a la votación de la prórroga del estado de alarma –de seis meses– en un contexto de recelos del grueso de las fuerzas parlamentarias por una extensión que consideran "excesiva" y exenta de control en la Cámara. Fue en esta misma reunión en la que el Ejecutivo aprobó el real decreto de prórroga que será votado el jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados. Hasta el momento, sólo la extrema derecha de Vox ha avanzado que votará 'no'. El resto de grupos pone condiciones más o menos asumibles y no cierra la puerta a llegar a acuerdos en las próximas horas.

El mismo optimismo exhibido respecto a la alarma desplegó la ministra en lo que tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado, cuyo anteproyecto será trasladado este miércoles a la Cámara Baja. "Ambos proyectos cuentan a priori con un apoyo amplio para que puedan ser tramitados y puedan ser aprobados por el Congreso", añadió.

En la Moncloa defienden que están dispuestos a negociar con los grupos parlamentarios hasta "el último minuto" pero están convencidos de que no tendrán problemas para obtener más votos a favor que en contra para la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. La extensión de seis meses es una línea roja, pero esto no es óbice, insisten, para que esta situación excepcional sea levantada en cuando lo permita la situación epidemiológica.

Las mismas fuentes se esfuerzan en romper todo tipo de paralelismos entre la situación de marzo y la de ahora, cuando el objeto de este estado de alarma es el de dar un paraguas legal a las comunidades autónomas para imponer restricciones, por ejemplo de movilidad, que permitan controlar la pandemia. Destacan que sería una contradicción que partidos con responsabilidad en gobiernos autonómicos votasen que 'no' cuando lo que en realidad se pretende es dar cobertura legal a iniciativas necesarias para la salud de sus ciudadanos.

"Sentido común y sentido científico"

"Se trata de un estado de alarma diferente al de marzo y fruto de la cogobernanza, solicitado por diez gobiernos autonómicos y por una ciudad autónoma. El Gobierno fija el marco y son las comunidades autónomas las que tienen que adoptar decisiones según los datos epidemiológicos", destacan fuentes del Gobierno, que apelan al "sentido común y al sentido científico", "a todas las fuerzas políticas", incluido el PP "para que sustituya su posición por lo que nos recomiendan los expertos".

En el principal partido de la oposición dicen estar dispuestos a negociar, pero la principal exigencia era que la prórroga se limitase a ocho semanas, para salvar la campaña de Navidad. "Este plazo no es inamovible y siempre dependerá de la evolución de la pandemia", insisten desde la Presidencia del Gobierno. También pide el PP aprovechar esas ocho semanas para reformar la ley sanitaria de 1986 y que, en el futuro, se pueda confinar sin declarar el estado de alarma. "Para hablar de restricciones de derechos sólo podemos hablar constitucionalmente de una herramienta eficaz: el estado de alarma", responden fuentes del Gobierno.

La de este jueves será la primera votación importante del PP después de que Casado decidiera romper con Vox con un durísimo discurso en la moción de censura de la semana pasada.

Donde más oposición frontal encontró el Gobierno este martes fue en lo relacionado con el formato escogido para que el Ejecutivo presente al Congreso la prórroga y explique el decreto sobre el estado de alarma. Será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que comparezca el jueves ante el Pleno y no Pedro Sánchez. Esta cuestión no sólo ha sido criticada por los partidos de la derecha; también por los partidos en los que se apoyó el jefe de los socialistas para su investidura. También será Illa quien comparezca cada 15 días en el Congreso para hacer balance de las medidas adoptadas en esta situación excepcional.

Las enmiendas de los grupos

Sánchez, cuentan en la Moncloa, no estará en el pleno porque tiene que asistir a un Consejo Europeo telemático. La cita es por la tarde. Pero el presidente estaría convocado en la mañana del jueves a una sesión preparatoria. En todo caso, las mismas fuentes añaden que en esta fase de estado de alarma el protagonismo se desplaza a las comunidades autónomas.

Los grupos políticos preparan estos días enmiendas al texto de la moción. Íñigo Errejón (Más País) apuesta, por ejemplo, por condicionar su apoyo a una rendición de cuentas de carácter mensual por parte del presidente del Gobierno. "En nuestra posición no es tan importante poner al Gobierno en el aprieto de salvar la votación cada 15 días o cada mes, dado que fue muy difícil en el estado de alarma de la pasada primavera, como poner en valor el papel del Parlamento si se aplica el mecanismo de excepción constitucional rindiendo cuentas de forma periódica y frecuente", sostuvo.

El Gobierno no se ha cerrado esta puerta de forma definitiva. Pero Montero se esforzó en defender que el Parlamento no está huérfano de comparecencias del presidente, porque prácticamente todas las semanas se somete a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control sobre todos los asuntos que son de interés de los grupos políticos.

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Otras formaciones, como ERC, inciden en que es necesario que la Cámara vote cada cierto tiempo si se sigue adelante o no con el estado de alarma y en qué condiciones. "Nuestro problema no es la duración, sino el control parlamentario. No es que comparezca Sánchez o Illa, sino que se voten las características. Es que chirría democráticamente que el Congreso esté seis meses sin votación en algo tan restrictivo como el estado de alarma", señaló su portavoz Gabriel Rufián, según informa Europa Press.

También incidió en la necesidad del control la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien asume que el estado de alarma debe tener una vigencia larga, incluso contemplar un horizonte hasta mayo, pero cree "excesivo" prorrogarlo directamente durante seis meses "sin apenas control parlamentario".

El Pleno es el jueves. Arranca a las 9.00. Las propuestas de los grupos para modificar el decreto del Gobierno se votarán en primer lugar y después se someterá a votación la autorización de la prórroga.