No pagar impuestos, el delito que cerca por triplicado al rey emérito 100 días después de irse de España

Las investigaciones al rey emérito no cesan. Más bien, aumentan. La Fiscalía General del Estado ha revelado que existe una tercera línea de indagación sobre los supuestos movimientos de dinero de Juan Carlos I que se une a las que ya estaban abiertas desde hace tiempo 100 días después de que el ex jefe del Estado se fuera de España atenazado por el escándalo de unas presuntas corruptelas que podrían implicar delitos de fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. El punto clave es saber si esos supuestos ilícitos fueron cometidos antes o después de su abdicación en 2014, ya que a partir de ese año no está protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como monarca.

El anuncio de estas terceras pesquisas, que están en una fase muy indiciaria y de hecho aún no han sido ni incoadas, ha pillado a todos por sorpresa. Han sido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, los que han revelado a los medios de comunicación la existencia de estas diligencias, después de días de rumores e informaciones periodísticas sobre una segunda investigación también relativa a blanqueo y delito fiscal. Y sólo una semana después de que se conociera que la primera, la de la donación a Corinna Larsen de 65 millones de euros, tiene fecha de caducidad y se archivará previsiblemente en las próximas semanas al tratarse de conductas anteriores a la abdicación del rey emérito.

Las nuevas pesquisas reveladas este viernes se originaron gracias a una alerta de la inteligencia financiera aportada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que trasladó a la Fiscalía Anticorrupción sus sospechas hace muy pocos días. Según fuentes fiscales consultadas por infoLibre, son posibles indicios que no partieron de ninguna de las dos investigaciones anteriores, aunque en todas hay un patrón común: la supuesta evasión de impuestos y el posible blanqueo de capitales.

Pocos datos más se conocen de momento de forma oficial. Ni Delgado ni Luzón aclararon si la tercera investigación afecta sólo a Juan Carlos de Borbón o también podría implicar a otras personas del entorno del rey emérito. Tampoco se sabe el "espacio temporal" de las conductas sobre las que se está indagando, pues es algo que se tendrá que determinar a medida que avancen las pesquisas. Es una incógnita igualmente si los movimientos bancarios se realizaron dentro o fuera de España. En caso de que haya pasado por otros países, las diligencias a practicar exigirían comisiones rogatorias en busca del dinero. El diario El Mundo publicó a última hora del viernes que se trataría de una fortuna de al menos cinco millones de euros ocultos en la isla de Jersey y en la que se han detectado movimientos recientes.

El fiscal jefe Anticorrupción, en el equipo investigador

En todo caso, y por afectar a una persona aforada, todas las investigaciones relativas al ex jefe del Estado están en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, concretamente en un equipo que lidera el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, especializado en delincuencia económica, al que también se incorpora el fiscal jefe Anticorrupción por una mejor "capacidad operativa", en palabras de Delgado, ya que esta fiscalía especializada dispone de unidades policiales adscritas así como peritos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado y unidades de inteligencia financiera que resultarán claves para el avance de la investigación. No es la primera vez que esto ocurre: a mediados de los noventa, cuando el fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo participó en el conocido como caso Estevill contra el exjuez Luis Pascual Estevill por presunta falsedad en documentos públicos que encubrían inversiones bancarias.

De momento, todas las pesquisas sobre el rey emérito permanecen reservadas por la sensibilidad y lo delicado del asunto. Aparte del primero cuyo archivo se prevé para antes de final de año, el que sigue abierto y está muy avanzado es el segundo expediente, en palabras de Delgado, es el segundo, que se incoó en diciembre del año pasado y versa sobre los gastos del rey emérito y otros miembros de su familia con fondos no declarados a la Agencia Tributaria durante los años 2016, 2017 y 2018. Gastos que se podrían haber pagado con tarjetas opacas, según apunta elDiario.es.

El emérito perdió con su abdicación la posibilidad de regularizar unos activos que admitir ahora comportaría cárcel

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Los investigadores indagan acerca de si un coronel del Ejército del Aire que ejerció durante más de seis años como ayudante de campo de Juan Carlos I pudo ayudarle en el pago de esos gastos, los cuales podrían haber sido sufragados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, un gran amigo del ex jefe del Estado. La investigación se inició a raíz de una denuncia también del Sepblac respecto de los movimientos de una cuenta a nombre de Murga que habían llevado a sospechar que el origen del dinero que habría sido empleado en gastos del rey emérito y otros familiares procedería del empresario radicado en Londres. Los gastos podrían superar los 120.000 euros, lo que constituiría delito fiscal. La cantidad defraudada y el número de ejercicios fiscales determinan más o menos condena.

Mientras las pesquisas sobre el rey emérito se acumulan en la Fiscalía del Supremo, otras vuelven a Anticorrupción. Es el caso del presunto pago de comisiones por la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca, investigación que llevó al primer expediente sobre Juan Carlos de Borbón, continúa respecto de personasno aforadas por presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Es una investigación que surgió a raíz del archivo de la pieza Carol del caso Villarejo hace ya dos años: las revelaciones de Corinna Larsen al comisario jubilado y ahora en prisión provisional se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas.

Estas pesquisas, ha dicho Luzón, afectan a "muchos" investigados –aunque no ha dado ningún nombre al permanecer también secretas– requieren de más diligencias que, cuando concluyan, acabarán en archivo o en presentación de querella, ya que uno de los delitos que maneja, el de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, requiere de querella para ser judicializada.