Los gigantes de las residencias esquivan el primer intento del Gobierno madrileño de retirarles la gestión por subcontratar la atención de los mayores

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso fracasa en su primer intento de retirar a empresas la concesión para la gestión de residencias en la Comunidad de Madrid. Los tres expedientes abiertos el pasado mes de febrero por la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Ciudadanos, para la ruptura del contrato con el grupo Aralia por incumplimiento de los pliegos han terminado quedando en papel mojado. En dos de estos casos, ni siquiera se llegó a concluir el procedimiento porque las licitaciones cumplieron antes de que se emitiese un veredicto. En el tercero, sin embargo, el expediente se archivó después de que la Abogacía General madrileña concluyese que las irregularidades detectadas eran menores, por lo que no justificaban la retirada de la concesión para la gestión del geriátrico. Es, justamente, el mismo argumento sobre el que se han apoyado los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para frenar también el intento de retirar a la multinacional DomusVi la gestión de otra residencia en el barrio de Usera tras detectar que se había subcontratado de forma irregular la atención directa de los residentes a una tercera empresa.

A comienzos de año, la Consejería de Políticas Sociales decidió ponerse seria en relación con el cuidado de los mayores en las región. En lo que se interpretó como el inicio de una etapa de mano dura y mayor control sobre las residencias, el departamento entonces dirigido por Alberto Reyero abrió expedientes a dos empresas del sector para retirarles la concesión de cuatro centros en la región. Era la primera vez que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid adoptaba una medida de estas características. Lo hizo bajo el argumento de que se estaban subcontratando a cuidadores para cubrir los agujeros que había en la plantilla. Una práctica prohibida en los pliegos de las licitaciones y cuyo incumplimiento, según establecían los mismos, llevaba aparejada la resolución de la relación. "El adjudicatario del contrato sólo podrá subcontratar con terceros la realización de prestaciones accesorias del contrato, es decir, de aquellas que no impliquen atención directa a los usuarios", recogían los pliegos de uno de los centros bajo la lupa.

Tres de esos expedientes se abrieron a Aralia, una empresa ligada al empresario José Luis Ulibarri –salpicado en la Gürtel– que por aquel entonces controlaba cuatro residencias de gestión indirecta que desde 2015 acumulaban más de una quincena de multas por importe de 358.000 euros. En concreto, Políticas Sociales quería retirarle la gestión de los geriátricos Isabel La Católica, Ensanche de Vallecas y Parque Los Frailes. Un movimiento que desde la empresa tildaron de "caza de brujas". "Buscan interesadamente perjudicar el buen nombre de nuestra compañía", respondía al diario El País por correo el director general, Álvaro Durán, cuando se conoció el inicio del procedimiento. En cuanto a las sanciones recibidas en el último lustro, la firma aseguró que este tipo de multas eran frecuentes en los contratos de gestión indirecta de "larga duración" como los que ellos tenían. Sin embargo, lo cierto es que en ese periodo sólo los centros que ellos gestionaban acumulaban casi la mitad de los castigos que se habían impuesto en la Comunidad de Madrid a geriátricos.

Pero todos esos expedientes abiertos han terminado finalmente en nada. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales explican a infoLibre que en los dos primeros ni siquiera hubo tiempo para que se concluyese el procedimiento. "No se llegó a dictaminar nada. Un expediente de este tipo tiene un margen de resolución de tres meses. Sin embargo, con el coronavirus los plazos administrativos se paralizaron. Cuando volvieron a correr, el contrato con esta empresa en los dos centros ya había finalizado", explican. A finales de agosto, el Ejecutivo regional hizo pública la licitación para la gestión de la residencia y centro de día Isabel La Católica con un presupuesto base de 12,12 millones de euros. Tres semanas antes, había hecho lo mismo con el de Ensanche de Vallecas, en este caso con un presupuesto base de licitación de 11,2 millones de euros. Por el momento, ambos contratos todavía están en tramitación y no han sido adjudicados, según consta en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.

Sí que se resolvió, sin embargo, el tercer procedimiento. El relativo al geriátrico Parque Los Frailes. En este caso, Aralia consiguió torcer el brazo al Ejecutivo regional. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, según explican desde Políticas Sociales, dictaminó que esta subcontratación bajo la lupa a la que se agarraba en febrero el consejero Alberto Reyero para tratar de quitar a la empresa la gestión del centro se trataba de "un incumplimiento menor que no justificaba la resolución del contrato". Las resoluciones de los servicios jurídicos en estos casos son vinculantes, por lo que al departamento naranja no le quedó más remedio que resignarse y aceptar el varapalo. La compañía consiguió de esta manera mantener una licitación que les fue adjudicada en verano de 2017 por 12,5 millones de euros y que finaliza este noviembre después de que fuera prorrogada por tres meses a finales de agosto.

Tampoco DomusVi

La resolución de la Abogacía General madrileña va en la línea del veredicto emitido también en el caso de la multinacional DomusVi, a la que a comienzos de año se le abrió un expediente para retirarle la gestión de un geriátrico en el barrio madrileño de Usera. En una carta remitida este martes al Comité de Empresa, adelantada por este diario, el actual consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, explicaba a la representación sindical que los servicios jurídicos, dependientes de Presidencia, habían estimado que no podía "declararse la resolución" de la relación contractual porque "la subcontratación fue puntual y carecía de entidad suficiente para constituir incumplimiento grave" del pliego. En este caso, la Abogacía General analizaba la decisión del gigante de las residencias de haber subcontratado a una tercera empresa parte de la atención directa durante el periodo navideño de 2019. Tras esta resolución, la firma podrá continuar llevando las riendas del geriátrico de Usera hasta 2021, cuando cumple un contrato que la Consejería de Políticas Sociales no parece tener intención de renovar. 

Fuentes sindicales de uno de estos centros sostienen que estas empresas se ven obligadas a recurrir a la subcontratación de la atención directa ante la dificultad de encontrar profesionales que quieran sumarse a la plantilla en condiciones precarias. "A la empresa le sale más barato contratar directamente que recurrir a una subcontrata. El problema está en que como ofrecen malas condiciones laborales, no hay enfermeras que quieran trabajar en la compañía. La responsabilidad es alta, los sueldos son bajos y hay mucha desorganización. Por eso, las que aceptan, se van en cuanto en periodos vacacionales, por ejemplo, les ofrecen salarios más elevados", relatan. En el caso de DomusVi Usera, los trabajadores han denunciado por activa y por pasiva las malas condiciones laborales en las que desarrollan su actividad. "Trabajamos con la ratio mínima que exige la Comunidad de Madrid. A esto hay que sumarle que el grado de dependencia de los residentes es cada vez mayor", explicaba el martes Florencia Yacovano, miembro del Comité de Empresa en el centro sociosanitario.

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Denuncias que se suman, además, a las presentadas por los familiares. El 5 de agosto, por ejemplo, registraron una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denunciaban una "situación de desamparo, falta de cuidados, respeto y dignidad" que vivían los residentes del geriátrico. Una batalla a la que también se sumó el pasado mes de enero la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) presentando un escrito ante la Consejería de Políticas Sociales en el que directamente solicitaba a Reyero que se rescindiese el contrato con la multinacional tras todas las denuncias que se habían interpuesto poniendo de manifiesto "los déficits de personal". "Con fecha 18 de diciembre de 2019, presentamos un escrito en el que indicábamos los graves y crónicos problemas que existían con la climatización y solicitábamos la intervención de la gestión. Pues bien, las denuncias sobre la falta de personal existente nos vuelven a reafirmar en nuestra petición", recogía el escrito. Cuatro días más tarde, se inició el procedimiento ahora cerrado.

Dos meses después de que se abrieran los expedientes, la pandemia de coronavirus entró con fuerza en las residencias de ambas empresas. Sólo en marzo y abril, murieron en los centros gestionados por estas dos firmas en la región 550 mayores, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid. 419 en las de DomusVi, el 15,6% de las plazas gestionadas, y 131 en las de Aralia –16,8%–. En el caso de la de Usera, perdieron la vida en ese periodo 39 ancianos, 18 de ellos con positivo confirmado. El mismo número, 39, registraron en el centro de Ensanche de Vallecas –una veintena confirmados por coronavirus–, mientras que en el caso de Parque Los Frailes se produjeron 30 decesos, 17 de ellos positivos. Peor fue la situación en Isabel La Católica. Allí, en los meses más críticos de la crisis sanitaria, perdieron la vida 60 residentes, 47 de ellos por covid.