La nueva Ley de Educación

La derecha se reencuentra en el frente educativo y la batalla lingüística

Miembros de la plataforma Más plurales se manifiesta este jueves en frente del Congreso de los Diputados en Madrid por la nueva ley de educación Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).

Fernando Varela

Ha bastado el debate de una ley estructural como la de Educación, destinada a poner fin a la que el PP impuso cuando tenía mayoría absoluta en el Congreso, para que PP, Vox y Ciudadanos, volviesen a cerrar filas y formar un solo ejército.ejército La aparente distancia que sus líderes habían escenificado en las últimas semanas, primero Inés Arrimadas (Cs) ofreciéndose a pactar con el Gobierno de coalición, y después Pablo Casado (PP) replicando por primera vez el asalto al liderazgo de la oposición que Santiago Abascal (Vox) planteó con su moción de censura, ha quedado para otro momento.

Este jueves tocaba arropar a la enseñanza concertada, a la Iglesia —la asignatura de Religión dejará de tener peso en el expediente académico— y agitar una de las banderas favoritas de la derecha: la supuesta amenaza que la ley va a suponer, aseguran, para el castellano en las aulas en las comunidades con dos lenguas oficiales.

En el ruido en el hemiciclo ganó la derecha, con gritos de libertad y golpes en el borde de los escaños frente a los aplausos de los diputados que apoyaron la reforma, sobre todo del PSOE y de Unidas Podemos. Duraron varios minutos pero, al final, la votación puso a cada uno en su sitio: el texto salió adelante con 178 síes (PSOE, UP, ERC, PNV, Más País y Compromís), suficientes para enviarlo al Senado, frente a los 147 noes de PP, Cs, Vox, CC, PRC, UPN y Foro. Se abstuvieron 17 diputados: los de Junts, la CUP, BNG, EH Bildu y Teruel Existe. Del Senado saldrá directamente al Boletín Oficial del Estado si la Cámara Alta no hace allí ninguna modificación. Casi 42 años después de la aprobación de la Constitución, izquierda y derecha siguen sin ponerse de acuerdo en un territorio común en materia educativa.

El texto que ha merecido el apoyo de la Cámara recoge la supresión de la referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza que había introducido la ley del PP y que ahora PP, Vox y Cs llevarán al Tribunal Constitucional en cuanto la norma entre en vigor.

El proyecto de ley también incluye otros cambios como el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

Los líderes de la derecha exhibieron durante la jornada unidad en el no pero también evidenciaron sus diferentes estrategias contra la ley. Ciudadanos y Vox llegaron a defender que sólo el castellano se usase en las escuelas de toda España, acabando de hecho con la cooficialidad de gallego, euskera, catalán y valenciano en sus respectivas comunidades. Pablo Casado citó a la prensa a las puertas del Congreso para participar en la recogida de firmas contra la ley que su partido apoya, emulando la que llevó a cabo en tiempos de Mariano Rajoy contra el Estatut de Cataluña.llevó Arrimadas y el portavoz del Vox, Iván Espinosa de los Monteros, acudieron también a fotografiarse con la protesta que en la calle organizaron los partidarios de la escuela concertada.

El dilema de Arrimadas

La líder de Cs ha visto cómo el PSOE no se movía ni un milímetro de su compromiso de suprimir de la ley la referencia al castellano. Si no lo hace, en los próximos días Arrimadas tendrá que decidir si, tal y como ha amenazado, pone fin a su política de colaboración en el Gobierno de Sánchez y renuncia a buscar un acuerdo en materia presupuestaria. Vox extremó su discurso para añadir a la supuesta persecución del español un intento del Gobierno de imponer en las aulas su ideología cediendo, entre otras, a las presiones de lo que los ultras denominan el “lobby LTB y feminista”.

El PP mostró también sus cartas. Buscará fórmulas para frenar en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna los “aspectos más lesivos”, dicen, de la nueva ley para intentar “blindar”, con ayuda de las competencias exclusivas de esos territorios, “la libertad de elección” y la educación concertada y especial, según informaron a Europa Press fuentes de la formación conservadora.

Esta vía de actuación también forma parte de la ofensiva que ha puesto en marcha el partido de Pablo Casado contra esta norma y que incluye: recogida de firmas en la calle; movilización de los cargos del PP en todas las provincias con actos y reuniones con la concertada y los sectores educativos implicados; y mociones en los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos.

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El PP, como ya ha hecho en otras ocasiones con desigual fortuna, acudirá también a Europa. “Vamos a ir a las instituciones europeas para que se garantice la libertad de elección educativa y la libertad para que se pueda uno educar en la lengua común de todos los españoles”, anunció Casado esta semana.

Los conservadores pretenden repetir la estrategia de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de Madrid e intentó parar la aplicación de la reforma educativa impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. “¿Es una insumisión a la ley? En absoluto. Se trata de ver desde las comunidades autónomas qué aspectos y epígrafes más lesivos vamos a frenar de la Ley Celaá”, aseguraron las mismas fuentes. El PP gobierna en este momento en cinco autonomías: Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León.

El debate educativo no será el único que marque nítidamente la distancia entre la mayoría progresista del Congreso y los tres partidos de la derecha. El calendario legislativo del Congreso tiene por delante debates con un enorme potencial divisivo entre los que destaca el proyecto de ley regulador de la eutanasia, el de cambio climático o el de reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal.

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