Sentencia de 'La Manada'

Dos jueces de 'La Manada', multados por el CGPJ por falta grave de retraso en el dictado de resoluciones

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la entrada del Palacio de Justicia, antes del acto de apertura del año judicial.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto sanciones por falta grave de retraso a dos de los magistrados que formaron parte del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a los miembros de La Manada en abril de 2018 por abuso sexual.

Raquel Fernandino ha sido sancionada con una multa de 1.500 euros y su compañero Ricardo González con otra por 700 euros, han señalado a Europa Press en fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, abrió un expediente disciplinario contra ambos por retrasos en el dictado de resoluciones y les dio traslado para que presentaran alegaciones.

En sus respuestas, ambos hablaron de la repercusión negativa que tuvo tanto a nivel personal como en su trabajo diario la reacción social a la sentencia, en la que condenaron inicialmente por abusos la violación grupal de una joven en los Sanfermines de 2016.

La investigación, derivada de una inspección rutinaria del Consejo, afecta a Ricardo González —el magistrado que hablo de 'jolgorio en su voto particuar discrepante'- y su compañera Raquel Fernardino—, y ha concluido que hubo retrasos reiterados e injustificados en su trabajo que han sido calificados como falta grave regulada en el artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La inspección realizada en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra llegó al CGPJ en septiembre pasado. Según los datos recogidos, a finales de 2018 había tres sentencias pendientes de dictar cuyas ponencias correspondían a estos magistrados de juicios celebrados en junio y diciembre de 2017 y en mayo de 2018, además de medio centenar de recursos de apelación pendientes

Dada la antigüedad de algunos de los asuntos reflejados en dicha certificación, el pasado mes de junio se requirió a los magistrados González y Fernardino que procedieran al dictado de las resoluciones pendientes en un plazo de dos meses, si bien al concluir este tiempo algunos procedimientos seguían sin haber sido evacuados.

Por lo que se refiere a González, el informe detalla que su rendimiento llevaba varios años siendo inferior a los objetivos de cumplimiento previstos: en 2016 alcanzó un 63% —estuvo de baja por enfermedad una semana—; en 2017 su productividad llegó al 72%, en 2018 volvió a bajar hasta el 69,5% y en 2019 no superó el 75,5%. Tras analizar todos estos datos, los inspectores decidieron ponerlos a disposición del promotor disciplinario, que requirió su versión a los dos magistrados afectados.

En sus alegaciones, Fernandino señalaba que mucho de lo pendiente iba a ser dictado en breve y alegaba al hecho de tener que haber formado parte de la Junta Electoral Provincial como consecuencia de las elecciones generales de noviembre de 2019, lo que incidió notablemente en el desempeño de su labor en la Audiencia.

Impacto del caso de La Manada 

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A esto se añadía, según la magistrada, el gran impacto que el caso de La Manda que tuvo en todos los ámbitos de la vida de los magistrados de este órgano —tanto personal como social y profesional— y que repercutió también en el dictado de resoluciones por parte de esta sección de la Audiencia de Navarra. Alegaba también otras causas relativas al reparto de asuntos sobre el ámbito de la violencia sobre la mujer en este órgano o el continuo cambio de personal tanto en la secretaría de la sala como en la oficina judicial.

González, por su parte, contestó al promotor disciplinario que todas las cuestiones pendientes señaladas por los inspectores habían sido ya dictadas y aludió igualmente a la negativa repercusión —por estrés y desazón— que tuvo en el tribunal de La Manada la reacción social a la sentencia que dictaron por abusos sexuales, que afectó y sigue afectado incluso a su ámbito familiar.

En su caso, añadió en su informe que tuvo además que hacer frente a múltiples denuncias formuladas tanto por particulares como por asociaciones de diferente índole. A todo ello se sumó la baja del presidente de la sección por enfermedad, lo que ha contribuido a que el trabajo se acumule en este órgano.

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