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Crisis del coronavirus

La Cañada Real sigue sin ver la luz al final del túnel: "Hay vecinos que viven con un respirador y no pueden conectarlo"

  • Los vecinos y la oposición denuncian el incumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, el plan que se aprobó durante la pasada legislatura para “regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y las parcelas” allí ubicadas
  • Desde el Comisionado por la Cañada Real señalan a este diario que están intentando buscar soluciones, pero no ofrecen ningún plazo concreto para la resolución del problema, algo que también implica al Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno
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Publicada el 12/12/2020 a las 06:00
Protesta de los vecinos de la Cañada Real frente a la Consejería de Vivienda.

Protesta de los vecinos de la Cañada Real frente a la Consejería de Vivienda.

EFE

Puerta del Sol, 17 de mayo de 2017. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se fotografía con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. Ambas muestran sonrientes ante la cámara un librillo de setenta folios en cuya portada puede leerse Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Para la líder del Gobierno autonómico, es un día importante: “Marca el principio del fin de una situación radicalmente incompatible con nuestro modelo de sociedad”. Pero casi cuatro años después de la firma de aquel acuerdo “histórico”, que se incluía en el documento de investidura al que se llegó con Ciudadanos, la situación de las más de 7.000 personas que siguen residiendo en este asentamiento de 14 kilómetros de extensión continúa siendo insostenible. Los vecinos denuncian el incumplimiento del pacto. Y más ahora, que llevan dos meses sin suministro eléctrico. Un problema que las administraciones siguen sin ser capaces de resolver y que está poniendo a algunas personas contra las cuerdas: “Hay vecinos que necesitan un respirador y no pueden conectarlo”.

La falta de suministro se inició a comienzos de octubre. De un día para otro, dos de los seis sectores –el V y el VI– en los que se divide esta antigua vía pecuaria repleta de construcciones levantadas de forma irregular se apagaron por completo. En total, algo más de ocho kilómetros, más de un millar de edificaciones y unas 4.500 personas –casi la mitad de ellas niños– se quedaron a oscuras. Una de ellas es Ángel García. Este arquitecto, residente en el Sector V, explica que todo comenzó con una comunicación de Naturgy, la empresa energética a cuyo suministro se enganchan de forma irregular estas construcciones, en la que se avisaba a los vecinos de que se iban a llevar a cabo en la zona unos trabajos para una “mejora sustancial” de la línea energética. “Y de pronto dejamos de tener luz”, cuenta al otro lado del teléfono. Y, a día de hoy, siguen desenchufados. Se han manifestado, han enviado cartas y han exigido soluciones. Incluso han planteado alternativas temporales a las autoridades. Pero, por el momento, siguen sin ver la luz al final del túnel. Y las administraciones no se atreven a aventurar cuándo se habrá resuelto el corte.

A día de hoy, la pelota sigue botando de un lado a otro. La compañía energética dice que está a expensas de lo que decidan las autoridades, mientras que el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se han comprometido a resolver el problema “lo antes posible”. José Tortosa de la Iglesia, Comisionado para la Cañada Real del Ejecutivo madrileño, dependiente de la Consejería de Vivienda, se muestra “preocupado” por la situación. En conversación con infoLibre, explica que el apagón es consecuencia de “un exceso de demanda en la red”. “Naturgy nos dijo que el consumo era muy superior al de un uso residencial habitual, lo que ha provocado que salten los mecanismos de seguridad y se corte el suministro”, apunta Tortosa. Era algo que venía viendo desde hace “algún tiempo”. “La única causa es que existan plantaciones de marihuana”, señala. Por tanto, la solución pasa por desmantelar ese tipo de actividades. Una derivada que depende de la Delegación del Gobierno y que tampoco es sencilla de resolver: estos cultivos se encuentran dentro de propiedades privadas y una intervención policial requiere de una orden judicial.

García, quien preside una de las asociaciones vecinales, no se cree esta versión. Reconoce que el Sector VI, por sus grandes dimensiones, es muy “complicado de gestionar”. Y no niega que pueda haber allí huertos de marihuana. Pero rechaza tajantemente que en el quinto, en el que él reside, haya el mismo problema. “Tenemos un control de nuestros vecinos y a lo que se dedican, las actividades que desarrollan. Y es mentira que aquí existan estos cultivos”, apostilla. Es cierto que desde hace un tiempo se ha levantado otro pequeño poblado junto a la carretera. Y que no conoce tan a fondo cuál es la realidad en esa zona. Pero de todos modos, no cree que, en caso de que haya allí plantaciones, se haya incrementado el consumo de tal manera que se haya producido una sobrecarga. Por eso, decidieron mover ficha con la compañía eléctrica. En primer lugar, solicitaron una reunión con Naturgy. “No quisieron”, cuenta. Por eso, el siguiente paso fue pedir a la firma que les facilitase un informe en el que se viese la evolución del consumo eléctrico en la zona. “Nos dijeron que esos datos tampoco los podían proporcionar”, relata.

Como solución temporal, cuenta el vecino, se pidió al Comisionado para la Cañada Real del Ejecutivo madrileño que llevase algún grupo electrógeno a la zona hasta que se resolviese la falta de suministro. Pero la propuesta, sostiene, tampoco fue aceptada. Por tanto, dice, ya están pensando en “jugar la baza judicial”. Es la “única vía” que ven clara unos vecinos para los que toda su vida cotidiana “gira alrededor de la electricidad”. Explican que llevan dos meses sin calentar la comida, sin bañarse con agua caliente, sin poder conectarse a Internet, lavar la ropa o enfriar sus neveras. Los generadores eléctricos son la única tabla de salvación. Y a ella no pueden agarrarse todos los vecinos. García dice que, afortunadamente, en su caso puede permitirse el lujo de tener conectado el aparato ocho o diez horas diarias. Pero su situación económica no es la habitual entre la mayor parte de las personas del barrio. “Tenerlo en funcionamiento entre seis o siete horas puede costar al mes en combustible entre 400 o 500 euros”, dice, al tiempo que define la situación en su sector como “muy complicada, crítica”.

Problemas sanitarios

Pero más allá de niños haciendo los deberes de la escuela a la luz de una vela, la falta de suministro eléctrico puede traer aparejados problemas sanitarios. “Hay personas que viven con un ventilador –en referencia a los aparatos para enfermos con afecciones respiratorias– y no pueden tenerlo conectado o gente mayor que necesita que sus medicamentos estén en frío y no tienen nevera”, explica García. Una situación que se vuelve todavía más preocupante en plena pandemia. Javier Padilla, médico de familia y autor, junto a Pedro Gullón del libro Epidemiocracia (Capitán Swing, 2020), señala que una situación de pobreza energética incrementa las enfermedades crónicas, las cardiacas y puede dificultar una higiene adecuada, que como han repetido por activa y por pasiva las autoridades sanitarias es clave para contener la expansión del coronavirus. “Además, si se está pidiendo a los ciudadanos que salgan lo mínimo de sus casas pero se tienen que quedar encerrados en un sitio en el que es imposible vivir, eso ya es un misil contra la línea de flotación de esas recomendaciones”, apunta en conversación telefónica con este diario.

La Cañada Real Galiana siempre ha sido la gran olvidada de las administraciones públicas, a pesar de contar en la actualidad con tantos vecinos como Chinchón y Buitrago de Lozoya juntos. No siempre tuvo la misma extensión. Las primeras edificaciones irregulares se levantaron allá por los años setenta. Y, por goteo, se fueron extendiendo hasta terminar ocupando parte de los términos municipales de Rivas Vaciamadrid, Coslada y Madrid. Pero a diferencia de lo que sucedió con otros municipios y barrios de la región que nacieron por el mismo procedimiento, la situación de las miles de viviendas construidas en esta antigua vía pecuaria –desde simples chabolas a pequeñas construcciones– nunca fue regularizada. Por eso, el paso al frente dado en mayo de 2017. El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, fruto del consenso entre todos los grupos políticos, administraciones, asociaciones vecinales y entidades sociales, tiene como objetivo “determinar la solución más favorable” para el asentamiento y “regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y las parcelas” allí ubicadas.

Un “acuerdo histórico”, como se definió en su día, que a ojos de los grupos de la oposición no se está cumpliendo. “En muchas zonas hay niños que no disponen de transporte público para poder ir a la escuela”, sostiene Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. En la misma línea se pronuncia Cristina González, portavoz de Vivienda del PSOE en la Cámara regional. En conversación con este diario, la diputada socialista habla, por ejemplo, de “realojos” con “muchísimo retraso” en aquellas zonas que se están desmantelando. “Es necesario desatascar todo esto, buscar soluciones. Los tres grupos de la oposición hemos pedido una reunión en la que se puedan analizar pormenorizadamente todos los incumplimientos que se han producido. Nos dijeron que se organizaría, pero a día de hoy todavía seguimos sin saber nada”, relata González.

Incumplimientos del pacto

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana es ambicioso y trata de alcanzar la raíz del problema. Por eso, ya desde el primer momento, deja claro que el proceso “será largo y se desarrollará durante varias legislaturas”. “Es un problema que lleva existiendo durante muchos años y la solución es complicada, por lo que son necesarios varios años de trabajo”, explica Tortosa. Sin embargo, el documento sí que establece plazos para ir resolviendo algunas cuestiones. Entre ellas, la relativa al futuro de los diferentes sectores. En este sentido, el acuerdo ya establecía de entrada que en el primero se llevaría a cabo una ordenación por parte del Ayuntamiento de Coslada para calificar el suelo como urbano, mientras que en el sexto se procedería al desmantelamiento y realojo de las familias. Del segundo al quinto, sin embargo, se estudiaría su futuro a través de tres ponencias, que tendrían un año de plazo, prorrogable por otro, “para la presentación de sus respectivos informes finales”. “Tres años y medio después, sólo sabemos qué se va a hacer con el Sector II y el III, de los otros dos seguimos esperando”, dice García, que forma parte de una de estas ponencias.

Desde el Comisionado explican que, en el caso del cuarto y el quinto, se está estudiando actualmente la “solución urbanística”. Para el segundo, se ha decidido que se proceda a la ordenación, mientras que en el caso del tercero se ha optado por desmantelar aquellas zonas con afecciones urbanísticas. En este último sector viven actualmente alrededor de cuatro centenares de personas, a las que se tendrá que buscar una alternativa habitacional, ya sea en otro municipio o en otro lugar de la Cañada Real. “Para ello se celebrarán los respectivos convenios”, dice Tortosa. Es lo que ya se hizo en 2018 para el sexto sector. Se preveía realojar a 150 familias. “A día de hoy se han resuelto unos 130 expedientes, de los cuales alrededor de un centenar ya viven fuera. Esperamos que el resto pueda estar listo para final de año”, cuenta. En caso de que tras este proceso siga habiendo personas de esa zona sin realojar, se calculará cuántas familias son, se promoverá un nuevo convenio, se buscarán las alternativas habitacionales que sean necesarias y se procederá a su realojo.

El pacto regional también incluía el compromiso de adoptar una serie de medidas provisionales en materia de infraestructuras para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de la Cañada Real. Entre otras, la adecuación de los viales, la rehabilitación del suministro de luz y el abastecimiento del agua. “Se prometió esto para la totalidad de los sectores hasta que se fuera decidiendo su futuro”, asegura García. El primer punto, cuenta el vecino, se cumplió. El asfaltado ya es una realidad en la zona. Sin embargo, los trabajos para los dos últimos sólo se han llevado a cabo en el segundo sector. “Se puede hablar de fracaso”, dice el vecino. En este sentido, el Comisionado para la Cañada Real Galiana explica que la adecuación del suministro de luz y agua se realizará a medida que se vaya determinando el futuro de cada uno de los sectores. Es decir, que estos trabajos se irán llevando cabo en aquellas zonas en las que se decida que es viable y se puede llevar a cabo una regularización de las viviendas.

A la oposición le preocupa el corte permanente de luz y los “incumplimientos” del pacto regional. Pero, más allá de eso, ponen de manifiesto su alarma por la deriva discursiva del Ejecutivo madrileño. “Es muy preocupante el giro de Ayuso. Las declaraciones insinuando que todos los vecinos de la Cañada Real se dedican a la droga generan odio y rechazo sobre esas familias”, apunta Serra. Se refiere a la intervención de la presidenta regional en el Pleno de la Asamblea de Madrid descargando la responsabilidad de los cortes sobre las “mafias” que cultivan marihuana: “Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no”. Mientras Ayuso pronunciaba esas palabras en la Cámara autonómica, los vecinos exigían frente a la Consejería de Vivienda el restablecimiento del suministro eléctrico por tercera vez en los últimos diez días. Tras dos meses de apagón, la Cañada Real sigue sin soluciones. Y García, uno de sus residentes, no se muestra muy esperanzado: “Al final, terminará habiendo alguna desgracia con alguna persona. Y si eso sucede, iremos a por quien tengamos que ir por la vía penal”.

 

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3 Comentarios
  • SirDrake SirDrake 15/12/20 01:59

    Quien no sepa entender que la energia es un bien de primera necesidad, que deberia llegar a cualquier rincon habitable, es un miserable, Si polícos sin corazón , miserables, no hubieran vendido la joya de nuestro pueblo, el trabajo de nuestros mayores, una REE red electrica española, al servicio del estado, con empleo público, inversión pública, hoy seriamos la hostia, ¿ se imaginan... endesa, iberdrola, etc.. telefónica.. etc... PÚBLICA ? se imaginan esas ganancias invertidas en sanidad, educación, dependencia, en derechos laborales de los trabajadores, ? se imaginan ? igual viviamos todos un poquito mejor, no habria pobreza energética, y el FELIPE y el Aznar, nos comian la polla.
    somos idiotas.... PASANOS POCO.... no despertamos, y ellos millonarios..... que se jodan..... pero por favor que no maten a nadie más con el frío, con la avaricia.... NINGUN HOGAR SIN LUZ..... NINGUN NIÑO SIN UNA SONRISA DE UNA DUCHA CALIENTE... LA LUZ DE LAS VELAS PARA VIRGENES Y SANTOS, LUZ... LUZ.. para la CAÑADA REAL.. LUZ

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  • CinicoRadical CinicoRadical 12/12/20 19:35

    La Propiedad Privada Naturgy lo primero, aluego LO demás....

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  • Locomotoro Locomotoro 12/12/20 18:22

    La inigualable y docta Sra. Díaz Ayuso calificó a estas personas de delincuentes. Si estos lo son, no me puedo imaginar lo que pensará de Rodrigo Rato, de Ignacio González, etc, y mucho menos de D. Juan Carlos, de profesión emérito.

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