Justicia

Dos causas, cuatro juicios, dos anulaciones y una absolución: la justicia se da la última oportunidad para condenar a Otegi

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.
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Un inoportuno comentario de una magistrada de la Audiencia Nacional durante un juicio al dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi hace diez años está trayendo a la justicia española de cabeza. Consecuencia de ello son los cuatro juicios que han tenido o van a tener lugar a lo largo de este tiempo, además de dos anulaciones por sospechas de parcialidad y una absolución. Lo que empezó en una causa por presunto enaltecimiento del terrorismo ha tenido efectos en otro caso totalmente distinto por posible pertenencia a ETA, acusación por la que el líder abertzale ya cumplió seis años y medio de cárcel pero que volverá a dirimirse próximamente en un nuevo juicio.

La primera pieza de este rompecabezas judicial se remonta a 2010, cuando Otegi fue juzgado por participar en julio de 2005 en un homenaje a José María Sagarduy, alias GatzaGatza, uno de los etarras que, por entonces, más años llevaba en prisión. La acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional fue enaltecimiento del terrorismo y el tribunal le condenó finalmente a dos años de cárcel y 16 meses de inhabilitación. Pero durante la vista oral tuvo lugar un incidente que, a simple vista, podía no tener mayor trascendencia, pero que después ha sido el elemento al que ha recurrido el dirigente de EH Bildu para lograr que dos juicios por dos causas distintas hayan sido puestas en cuestión. 

La presidenta del tribunal del juicio por el homenaje a Sagarduy, Ángela Murillo, preguntó a Otegi durante la declaración de éste en la vista oral: "¿Usted condena rotundamente la violencia?", a lo que el acusado respondió: "No voy a contestar". "Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta", aseveró entonces la jueza. El juicio continuó, Otegi fue condenado, pero en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los magistrados dieron la razón a Otegi al estimar que los comentarios de Murillo expresaban "un prejuicio acerca de su culpabilidad" y que las dudas del líder abertzale sobre la imparcialidad de la ponente de la sentencia "deben considerarse objetivamente justificadas".

El Supremo, por tanto, ordenó repetir el juicio con un nuevo tribunal, esto es, con magistrados diferentes. En cosa de unos meses, Otegi pasó de estar condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento a ser absuelto, pues el nuevo tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por Javier Bermúdez de Castro, consideró que existía una "duda razonable" sobre la finalidad del discurso que el ahora líder de EH Bildu pronunció en el homenaje a Sagarduy, en el que comparó al preso de ETA con Nelson Mandela.

La misma magistrada en un juicio distinto

Mientras ocurría todo esto, ya había otra causa en marcha en la Audiencia Nacional en la que Otegi se enfrentaba a cargos más graves: la Fiscalía le acusaba, junto a otras cuatro personas, incluido el ex secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, de tratar de reconstruir la estructura de la ilegalizada Batasuna, a través del grupo Bateragune, "siguiendo instrucciones de ETA", por lo que pedía para él una condena por integración en organización terrorista. Por esta causa, fue el juez Baltasar Garzón quien encarceló a Otegi de forma preventiva el 16 de octubre de 2009 y a partir de ese día ya no salió de prisión hasta cumplir la condena de seis años y medio.

La clave de este juicio estaba en que también presidía el tribunal la magistrada Ángela Murillo. Esta vez, la jueza no hizo ningún comentario fuera de lugar, pero lo dicho en el proceso anterior la continuó persiguiendo en los consecuentes recuros de las defensas. En aquella ocasión, el Supremo no dio la razón a los acusados. Aunque rebajó la condena por integración en ETA a Otegi de los diez años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Nacional a seis y medio –además de su inhabilitación para ejercer cargo público–, defendió la imparcialidad de Murillo al no ver "interés, directo o indirecto" en el resultado de este segundo juicio en virtud del comentario que formuló en el primero. "No puede concebirse el prejuicio o contaminación si no es como efecto de un interés personal del juez que se superponga al de la recta interpretación y aplicación de la ley", dijo entonces el alto tribunal.

La defensa de Otegi anunció entonces su intención de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero mientras se completaba todo el proceso el dirigente abertzale cumplió sus seis años y medio de prisión. No fue hasta el otoño de 2018 que los magistrados de Estrasburgo se pronunciaron y determinaron que, aunque no veían "ninguna evidencia" que llevara a pensar que en el tribunal había "animadversión personal" hacia los acusados, sí estimaron que las "dudas" de éstos estaban "justificadas". Rechazaron "cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado".

A raíz de esto, los hechos se han desencadenado: los recursos de revisión que presentaron los cinco acusados derivaron el verano pasado en una anulación de la sentencia del caso Bateragune, si bien la Sala de lo Penal del Supremo solicitó informe a la Fiscalía sobre las consecuencias procesales de la citada decisión. El escrito del Ministerio Público, que interesó retrotraer las actuaciones al momento en que se constituyó el tribunal que juzgó la causa –repetir el juicio– para evitar que los hechos quedaran "imprejuzgados", coincidió con las peticiones al respecto que había realizado la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, vinculada a Vox, pues su presidente es el ahora diputado de la formación ultraderechista Francisco José Alcaraz.

Cuarto juicio a la vista

Ahora, 16 magistrados del Supremo, la totalidad de los integrantes de la Sala de lo Penal, han acordado que el caso Bateragune vuelva a juzgarse en cumplimiento del artículo 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que excluye la prohibición de doble enjuiciamiento en supuestos como el que ahora se resuelve. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre han explicado que la vista oral deberá celebrarse con un tribunal totalmente distinto al que ya juzgó los hechos en su día. Será la misma Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que se encargue de ello, pero para hacerlo se deberá fichar a un magistrado de otra Sección, ya que tres de los cinco jueces que integran esa sala ya estuvieron en el proceso anterior que ahora ha sido anulado.

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Otras fuentes consultadas por este diario reconocen que existe la posibilidad de que Otegi y los otros cuatro acusados sean también absueltos, como ya ocurrió la primera vez. Enmarcan esta opción en el nuevo contexto histórico, ya que ETA lleva diez años sin matar y hace más de dos que se disolvió. También el hecho de que después de las condenas a los dirigentes abertzales, el partido Sortu fue legalizado por el Tribunal Constitucional. No obstante, los magistrados que se encargarán del nuevo enjuiciamiento, aún sin fecha, deberán examinar toda la prueba que ya se vio en la primera vista oral –abundante prueba documental, reuniones que se celebraron para reconstruir la estructura de Batasuna, etc.– y valorarla como si no se hubiese juzgado con anterioridad.

En caso de que Otegi y los otros acusados sean de nuevo considerados culpables y condenados por integración en organización terrorista, se tendrán en cuenta los años de prisión ya cumplidos, por lo que sería muy probable que el dirigente de EH Bildu no tuviese que ingresar de nuevo en la cárcel. Si resultasen absueltos, tendrían derecho a solicitar una indemnización.

Estas dos causas no han sido las únicas que han llevado a Otegi a prisión, ya que había sido condenado a seis años de cárcel por el secuestro en 1979 del director de la fábrica de Michelín Luis Abaitua, que cumplió entre 1987 y 1993. Se libró de la causa de la financiación de ETA a través de herriko tabernas porque ya había sido juzgado por pertenecer a la banda terrorista. Por esta causa también estuvo en prisión dos días de forma preventiva, hasta que pagó una fianza de 400.000 euros.

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