Marruecos, una 'cárcel' para migrantes y refugiados… pagada con fondos de la UE

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha publicado este miércoles el informe Buscar Salida: Informe Frontera Sur 2020, en el que denuncia la vulneración de los derechos de los migrantes tras el hostigamiento policial que ejerce el control migratorio de Marruecos, financiado con fondos de la Unión Europea. A través de esta violencia, la red denuncia que las muertes y lesiones en los intentos de cruzar la frontera evidencian los riegos de los solicitantes de asilo, que debería producirse de forma segura a través de la solicitud de protección en embajadas y consulados de España.

Según la red, las devoluciones sumarias y el “rechazo en frontera” vulneran la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De este modo, insisten en como la jurisprudencia del Tribunal Supremo entorno a los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional es sistemáticamente vulnerada a través del impedimento del embarque a la Península. Del mismo modo, esta práctica desprotege a aquellas personas objeto de trata, que según denuncia la SJM, son condenadas del delito por el que son víctimas.

SJM advierte de que el exceso de burocracia y la lentitud de pruebas genéticas también ocasiona la separación de miembros familiares en el caso de la tutela de menores extranjeros, cuya documentación, al no ser tramitada, los avoca a las calles al cumplir la mayoría de edad. De este modo, en el caso de menores no tutelados, los hermanos mayores tienen que elegir entre seguir su proyecto migratorio, o interrumpirla para estar junto a su familia.

Además, ante las indignas condiciones en las que se somete a la población migrante en las instalaciones provisionales, desde la red se preguntan por los motivos que llevan al Ministerio del Interior a minimizar los traslados desde Melilla al resto de la Península, posicionando en muchas ocasiones a los migrantes en un limbo jurídico hasta que obtienen una tarjeta de identidad, y que supone una privación de libertad ilegal.

Ante estos hechos, SJM insiste en la necesidad de un reglamento que desarrolle la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en los aspectos relacionados con los procesos para solicitar protección internacional antes siquiera de la propuesta de un nuevo proyecto de ley por parte del gobierno de coalición, que debería incluir la creación de corredores humanos en Marruecos y el reconocimiento de los derechos fundamentales a la libre elección de residencia y circulación de los solicitantes de asilo.

También urge la derogación de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, o en su caso enmendar su primer párrafo, para que se reconozca que las personas “rechazadas en frontera” la han cruzado de forma efectiva. Además, instan a que se regule con detalle los procedimientos de la Guardia Civil para que ese rechazo cumpla los criterios del Tribunal Constitucional.

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Ante los casos de tráfico y trata, SJM apremia a no criminalizar a las víctimas, y proteger su vida a través de Salvamento Marítimo y un protocolo de atención a las víctimas de naufragio, así como la eliminación de las concertinas. Del mismo modo, es necesario elaborar un protocolo de búsqueda de desaparecidos, y revisar el protocolo de identificación y tratamiento de cadáveres.

Finalmente, SJM apremia a poner la política europea y española de “estabular” a los migrantes en la ciudad autónoma, apremiando el traslado de los solicitantes de asilo y respetando su libre circulación, poniendo especial atención a las personas vulnerables, evitando a través de todas las vías posibles la saturación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y aquellas instalaciones que no permiten unas condiciones de vida dignas.

Aquí puedes consultar Buscar Salida: Informe Frontera Sur 2020