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Cambio climático

Greenpeace, Intermón y Ecologistas en Acción presentan ante el Supremo su demanda al Gobierno por falta de acción climática

  • Medio centenar de organizaciones se suman al primer proceso judicial por el clima en España ante el Tribunal Supremo
  • Exigen al Gobierno aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima "que establezca unos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero"

Publicada el 16/12/2020 a las 09:00 Actualizada el 16/12/2020 a las 11:31
Manifestación para exigir acción climática celebrada en Madrid en diciembre de 2019, imagen de archivo.

Manifestación para exigir acción climática celebrada en Madrid en diciembre de 2019, imagen de archivo.

EP

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata, según los demandantes, de la primera demanda de este tipo en nuestro país y "un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática", informa Europa Press.

Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda, según informan en un comunicado. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas.

En concreto, solicitan que se ordene al Gobierno —no se dirigen contra ningún ministerio en concreto— su obligación de aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima "que establezca unos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero acordes con los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para no superar 1,5 ºc de incremento de temperatura global, en ningún caso inferiores al 55% en 2030 respecto a 1990, garantizando a este respecto los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente adecuado de las generaciones presentes y futuras".

La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo español propone solo un 23%.

"La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia", señala Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones.

Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este, e incluye las conclusiones de dos informes periciales.

Uno de estos informes, sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, ha sido elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país. El segundo informe pericial centrado en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos.

Dependencia de los combustibles fósiles

Entre los datos y argumentos esgrimidos en la demanda, destaca que el Gobierno de España prevé que en 2030 el país seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético.

Argumentan que un modelo energético basado en los combustibles fósiles, además de ser responsable del cambio climático, contamina gravemente el aire, lo que, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año. Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el pasado 30 de septiembre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las tres organizaciones. Finalizado este trámite y recibido el expediente administrativo del Gobierno, el Tribunal emplazó a las organizaciones para que, en el plazo de un mes, formularan la demanda que esta mañana se ha presentado a través de la plataforma telemática LexNet.

Precedentes internacionales

Esta demanda se enmarca dentro de una ola internacional de litigios climáticos que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos: desde mediados de la década de 2010, se han iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa.

El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al Gobierno holandés a contribuir con su "parte mínima justa" a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático —con independencia de cuál sea la actuación de otros Estados— y cumplir así con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

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